Un grupo de congresistas, senadores y representantes a la Cámara de diferentes partidos, rechazaron las intimidaciones y amenazas contra la integridad personal y de sus familias de varias de las 16 mujeres integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para la Implementación del Enfoque de Género en el Acuerdo Final de Paz.
“Esta situación hace parte de los ataques sistemáticos que se vienen presentando en el país contra las defensoras de derechos humanos, y que a la fecha ha dejado una preocupante cifra de asesinatos y vulneraciones en su contra”, dice el comunicado.
Y agrega que en 2020 se registran al menos 12 atentados contra estas personas, “lo que supone un incremento de 140% respecto al año anterior”.
Los firmantes del pronunciamiento recuerdan que en 2013 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 68/181 sobre Protección de las Defensoras de los Derechos Humanos y de las Personas Defensoras de los Derechos de la Mujer, pero solo hasta 2018, mediante Resolución 0845 del Ministerio del Interior, se creó el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, el cual trabaja sobre tres ejes centrales: prevención, protección y garantías de no repetición.
“No obstante, dada la grave situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres lideresas en los territorios, estas han tenido que organizarse para tomar medidas de autoprotección individuales, organizativas y comunitarias, dice la misiva.
Por ello, le pidieron al Gobierno nacional establecer garantías institucionales para salvaguardar la seguridad e integridad personal de estas mujeres y sus familias, e implementar las medidas establecidas en el punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz “para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica desde la adopción de una política pública integral de seguridad humana en todo el territorio nacional”.
Finalmente, los firmantes demandan de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, “avanzar en las investigaciones y fortalecer los mecanismos de enjuiciamiento penal y disciplinario de los delitos de violencia basada en género cometidos por todos los actores armados”.