EL PRÓXIMO sábado el presidente Iván Duque comenzará el último año de su mandato. Si bien es cierto que en días recientes viene delineando la que será la hoja de ruta del remate de su gobierno, es evidente que su margen de acción estará supeditado sustancialmente a seguir “gerenciando” el plan de contingencia contra los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia de covid-19.
Aunque tanto el Jefe de Estado como sus ministros hablan de acelerar el paso de la gestión para cumplir con una serie muy ambiciosa de metas, el realismo político hace prever que, a la hora de la verdad, los objetivos viables de cumplir en estos doce meses serán muy puntuales. Incluso bien podría concluirse que la tarea, más que abocar proyectos nuevos, se enfocará en apuntalar y concretar lo que ya viene implementándose desde que la emergencia sanitaria se impuso como prioridad en la agenda gubernamental desde marzo del año pasado.
Para no pocos analistas es indiscutible que desde la irrupción de la pandemia hace más de diecisiete meses el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, llamado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, quedó subordinado a la estrategia multinivel para hacerle frente a la crisis por el coronavirus.
- Le puede interesar: “Colombianos quieren debate electoral de altura”: Duque
Aunque el primer mandatario y su gabinete no suelen admitirlo abiertamente, la realpolitik señala que llegará agosto de 2022 y muchas de las metas del citado Plan estarán a mitad de camino o incluso en incipiente implementación, ya que gran parte de los esfuerzos, prioridades y recursos públicos se redirigieron para amortiguar los efectos del covid-19.
En ese orden de ideas, la pregunta es más que obvia: ¿cuáles serán los énfasis del Ejecutivo en este último año?
Prioridad sanitaria y social
Como se dijo, el realismo marca las prioridades del gobierno Duque para el cierre de su mandato. Y allí es apenas evidente que el énfasis obligatorio e imperativo no es otro que seguir amortiguando el efecto de la crisis pandémica en sus principales flancos.
En salud, por ejemplo, el Gobierno debe acelerar el Plan Nacional de Vacunación. Si se mantiene el ritmo de inmunización en los próximos días el último mes comenzará con más de 27 millones de dosis aplicadas y casi 13 millones de colombianos con esquemas completos.
Así las cosas, la Casa de Nariño tiene que acelerar para que en agosto y comienzos de septiembre toda la población mayor de 18 años ya esté vacunada, en tanto que debe comenzar la inmunización masiva de los menores de edad.
Si bien es cierto que la meta es llegar al noveno o décimo mes del año con 35 millones de colombianos ya vacunados, lo que significaría haber alcanzado para entonces la “inmunidad de rebaño”, la llegada al país de la variante “Delta” del virus y el riesgo de rebrotes de la pandemia -como está ocurriendo en muchos países con porcentajes de vacunación más altos que el colombiano- cambia las perspectivas. Es más, la nueva misión será lograr la inmunización de los 50 millones de habitantes, incluso con la muy probable aplicación de una tercera dosis de refuerzo en algunos rangos poblacionales en el primer semestre de 2021.
Así las cosas, en este flanco sanitario lo que pase en el último año de este Gobierno dependerá de la evolución de la curva epidemiológica y las medidas que se tomen acordes con esa circunstancia, incluyendo la posibilidad de nuevos cierres parciales o restricciones más severas.
En segundo término, es evidente que la siguiente prioridad gubernamental será la de profundizar la agenda de contingencia social que se está implementando desde el año pasado. Esto es asegurar la continuidad de los subsidios y los programas de asistencia a los sectores poblacionales más golpeados por la pandemia, tales como Ingreso Solidario, más giros de Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) -o de subsidio a la nómina de las empresas para evitar despidos-, el incentivo para la contratación de jóvenes entre los 14 y 28 años…
También será un reto primario de la Casa de Nariño para este último tramo de su mandato asegurarse de que el programa de matrícula cero en universidades públicas para alumnos de estratos 1, 2 y 3 se consolide. Incluso será necesario una norma para volverlo una política permanente. Aquí irán de la mano otros asuntos clave como la reforma al Icetex.
Como se sabe, para que todo esto sea posible, es imperativo que el Congreso apruebe el proyecto de Inversión Social o de reforma tributaria radicado desde el pasado 20 de julio y que ya esta semana comenzó a ser discutido en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. En consecuencia, sacar avante la iniciativa impositiva que busca recaudar $14,5 billones se erige como uno de los retos políticos, económicos y sociales para el remate gubernamental.
Un fracaso en este flanco sería catastrófico para el cierre del Ejecutivo, no solo porque los índices de pobreza están por encima del 42%, sino porque el clima social (tal como quedó evidenciado en la ola de paros de mayo y junio pasados) está muy tenso y cualquier suspensión de las ayudas y subsidios podría dispararlo de nuevo, con consecuencias graves en materia de protestas, bloqueos y vandalismo. Un riesgo aún mayor por el agitado clima que desde ya rodea la campaña electoral de cara a los comicios parlamentarios y presidenciales del próximo año.
Reflote económico
Ahora bien, a la par de contener el embate sanitario de la pandemia y garantizar la asistencia social a millones de familias que siguen muy golpeadas por la crisis derivada del impacto del covid-19, la otra prioridad del Gobierno en este último año será la de asegurarse de que el ritmo de recuperación económica siga consolidándose.
Las cifras con que la Casa de Nariño arranca esta etapa final son esperanzadoras: el desempleo bajó a 14,4%, el PIB del primer trimestre fue de 1,1% pero se espera que a junio haya crecido incluso por encima del 3%; la inflación año corrido va en 3,13%, un poco por encima de la meta media; la balanza comercial viene recuperándose, así como los indicadores de industria y comercio; el dólar parece estabilizarse por los lados de los $3.800, en tanto que los precios del café registran una minibonanza (incluso ha llegado a estar por encima de los dos dólares la libra) y el petróleo sigue alrededor de los 70 dólares el barril. Es más, el viernes pasado el Banco de la República decidió no mover las tasas de interés de referencia (dejándolas en 1,75%) y los registros de inversión extranjera repuntaron en el primer semestre…
Es un panorama positivo, aunque debe tenerse en cuenta que en muchos casos la comparación se hace con el 2020, cuando las cifras estaban todas en rojo por el coletazo socioeconómico de la crisis por el coronavirus.
El lunar negro, sin embargo, es que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central está por encima del 7%, el endeudamiento bordea el 60% y que dos de las tres calificadoras de riesgo le quitaron el grado de inversión a la economía colombiana, aunque todavía sin ningún efecto mayor en el mercado de bonos y las tasas de interés de la deuda pública.
Aunque los pronósticos de la Cepal, el FMI, la OCDE y el Banco Mundial así como del propio Gobierno, el Emisor y centros de estudios internos como Fedesarrollo o ANIF proyectan que el PIB colombiano rebotaría a diciembre de este año más de 5,5%, 6% o incluso más, y en 2022 volvería a la senda prepandemia de 4%, esas previsiones dependen de lo que pase con la curva epidemiológica.
Si se puede seguir enfrentando el covid-19 (con la variante “Delta” a bordo) sin necesidad de nuevas cuarentenas y restricciones al sistema productivo, es posible acercarse a los guarismos antedichos. De lo contrario, mantener el sendero de recuperación será muy complicado.
Obviamente, el Gobierno debe apostar en este último año por recuperar el grado de inversión, toda vez que a mediano plazo esa nota negativa sí puede afectar en forma preocupante el flujo de capital extranjero, encarecer la deuda externa y los nuevos empréstitos.
Apretón de verdad
Para ello, como ya se dijo, será imperativo que se apruebe la reforma tributaria en el Congreso antes de que termine el tercer trimestre. Estos recursos por $14,5 billones son urgentes para poder disminuir la presión del déficit fiscal y garantizar el flujo de caja que permita seguir sufragando todo el componente social de choque.
Por igual, tanto el PAEF como el plan de incentivos para la contratación de jóvenes entre los 18 y 28 años deben aplicarse a profundidad, ya que esta es una estrategia clave para poder disminuir de forma más efectiva el desempleo, cuya tasa hoy es muy alta por más que en el último año (junio 2020- junio 2021) se hayan podido recuperar 2,3 millones de plazas de trabajo.
Pero no será el único pendiente para este tramo final de mandato, ya que también el Gobierno debe cumplir con otros compromisos clave para garantizar la potabilidad económica. De un lado, el apretón en el gasto público (que se planteó también como eje complementario a la reforma tributaria) debe cumplirse a cabalidad, y no quedar apenas como una mera intención política sin aplicación real.
Igual ocurre con el componente de venta de activos. No solo debe concretarse antes de que termine este año la compra por parte de Ecopetrol del 51,4% de las acciones de la Nación en ISA, sino apuntalarse otros procesos de enajenación de empresas y porciones accionarias oficiales en otras entidades del orden nacional y regional.
Y, por último pero no menos importante, se requiere en este último año poner el pie en el acelerador del plan de infraestructura, con el objetivo no solo de terminar o arrancar centenares de proyectos de obra pública y privada que mueven cifras billonarias, sino que el Gobierno urge garantizar un clima de negocios adecuado para la inversión local y extranjera. Para ello es necesario tanto un plan eficiente de vacunación y manejo adecuado de la pandemia, como evitar a toda costa un nuevo pico de tensión social como el del segundo trimestre o, peor aún, de desorden público o inseguridad, sobre todo tras un primer semestre con muchas alertas en este campo, como lo fue el terrorismo, las masacres y hasta el atentado al propio Jefe de Estado.
Seguridad y orden público
Si bien las metas del Gobierno en esta materia no han cambiado de forma sustancial desde que asumió el poder en 2018, no se puede negar que hay muchos pendientes. De entrada, en este último año es obligatorio darle alguna solución viable al deterioro del orden público en la frontera con Venezuela.
Tras el atentado contra la Brigada 30 y el helicóptero presidencial en Cúcuta así como un accionar cada vez más peligroso de las disidencias y reincidencias de las Farc en la zona limítrofe, es claro que esta es la zona del país que más preocupa en cuanto a orden público.
No menos clave será en estos últimos doce meses de Duque al mando que 2021 cierre con una rebaja más significativa en extensión de narcocultivos. Aunque cada vez es más claro que será muy difícil reanudar la fumigación aérea con glifosato en lo que resta de este gobierno, no por ello Estados Unidos dejará de exigir una disminución más efectiva de cocales y del potencial de exportación de cocaína, sobre todo después del último informe de la Casa Blanca que reportó un incremento en ambos indicadores al cierre de 2020.
Aunque la Casa de Nariño se ha puesto como meta asestar grandes golpes a las disidencias, reincidencias, elenos y bandas criminales tipo ‘Clan del Golfo’, apostar por abatir o capturar a algunos de sus cabecillas termina siendo arriesgado, ya que se llevan tres años en esa misión y pocos son los resultados en cuanto a los llamados “objetivos de alto valor”.
En materia de seguridad ciudadana y reducción de delitos de alto impacto, fijarse una meta concreta en estos campos es igualmente complicado. Quizá lo más importante sea poder cerrar el mandato con una disminución más tangible de homicidios, frenar el pico de masacres y asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, así como una mayor eficiencia en materia de control a la protesta social, de forma tal que un desborde violento de la misma no vuelva a bloquearle el país al Gobierno, como ocurrió en mayo y junio pasados.
Retos políticos
En sus últimos doce meses en la Casa de Nariño el presidente Duque, cuyos índices de aprobación en las encuestas rondan el 30% en promedio, tendrá muchos y complejos retos, más allá de mejorar su calificación positiva por parte de la ciudadanía.
En primer lugar, es evidente que deberá cuidarse al máximo del riesgo de que su gobierno termine imbuido en la campaña electoral. Debe marcar prudente distancia del uribismo y su coalición así como no salir a replicar todos los días y a toda hora los ataques de la oposición. Meterse o dejar que lo metan en la contienda proselitista sería una equivocación mayúscula para el Ejecutivo y complicaría su plan de cierre.
En segundo término, en el Congreso las apuestas para esta última legislatura ya están cantadas pero no por ello serán fáciles de tramitar. No solo está la urgente necesidad de sacar avante la reforma tributaria, sino de empujar proyectos más controversiales como las reformas al estatuto disciplinario y régimen de carrera policiales. Y qué decir de la iniciativa que busca una legislación más fuerte contra el vandalismo en el marco de la protesta social. Por igual, sigue pendiente la promesa presidencial de ratificar el Acuerdo de Escazú…
Para todo ello Duque necesita maniobrar lo más posible para que la coalición parlamentaria oficialista, que ya de por sí tiene mayorías muy ajustadas en Senado y Cámara, no se siga fracturando, sobre todo en medio de la campaña presidencial y con los partidos pensando más en el próximo gobierno que en este.
En cuanto a la implementación del acuerdo de paz, la tarea este año es cumplir con las metas que se ha impuesto el propio Ejecutivo en materia de llegar a las 50 mil titulaciones de predios o acelerar los proyectos de inversión en los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)… Es evidente que no habrá puntos de consenso con el partido Comunes, pero a la final lo que interesa a la Casa de Nariño es demostrarle a la ONU que sí se avanzó en este campo.
Como es apenas obvio, en los doce meses que restan no apunta a ser prioridad de Duque ningún tipo de acercamiento de paz con el Eln o ninguna otra facción. Por el contrario, lo que se espera es un margen de acción más efectivo para presionar a Cuba a que extradite a los cabecillas guerrilleros o lograr evidenciar aún más la complicidad de la dictadura venezolana con las reincidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Márquez’.
En el plano internacional serán cuatro las prioridades o énfasis del Gobierno en este último año: maniobrar para evitar una condena en el nuevo pleito con Nicaragua en la Corte de La Haya; fortalecer las relaciones con Estados Unidos, sobre todo en cuanto a una interacción antidroga más eficiente; seguir liderando la cruzada contra la dictadura de Nicolás Maduro; e insistir en un acceso más equitativo a las vacunas anticovid y los recursos multilaterales para financiar planes de contingencia contra la crisis pandémica.
Claro, también hay algunos compromisos personales de Duque como finiquitar la reconstrucción de Providencia, dimensionar los resultados de la economía naranja o el plan de conectividad digital…
Como se ve, el último año de este Gobierno tendrá muchos y complicados desafíos en distintos flancos. Serán apenas doce meses para enfrentarlos y dar los resultados más potables posibles ¿Lo logrará? Solo el pasar de los meses lo dirá. Por el momento lo único claro es que Duque apretará el acelerador de la gestión pero su margen de acción seguirá supeditado a cómo evolucione la pandemia que apunta a marcar más de dos años y medio de su estadía en el poder.