EL MINISTRO de Relaciones Exteriores (e) de Colombia, Luis Gilberto Murillo, recibió en el Palacio de San Carlos al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, con el objetivo de reafirmar los lazos de cooperación entre Colombia y la Fiscalía de la CPI.
En medio del encuentro, la Cancillería manifestó que la CPI adopta una relación activa con las autoridades nacionales para apoyar a los estados en el fortalecimiento de la institucionalidad y la aplicación de la justicia en beneficio de las víctimas.
Lo que implica que ambas partes trabajarán juntas para investigar y procesar a aquellos responsables de cometer dichos crímenes, asegurando así una mayor efectividad en la protección de los derechos fundamentales y la rendición de cuentas por actos delictivos de esta índole.
“Vamos a firmar un acuerdo marco de acompañamiento para que se pueda nutrir nuestro sistema judicial, pero al mismo tiempo este pueda ofrecer todas estas experiencias al mundo”, aseguró el canciller Murillo.
A su turno, el fiscal Karim Khan aseguró que el modelo penal de Colombia es un ejemplo para el sistema penal internacional, porque como país hay una gran historia que contar al haber afrontado el conflicto, el sufrimiento y la tortura en diferentes gobiernos.
Sumado a esto el funcionario añadió que “pasar de la guerra a la paz exige más que palabras, se requiere que haya rendición de cuentas y la JEP desempeñe un papel fundamental”. “Esto es lo que está haciendo Colombia de una manera muy osada (…). Y la JEP desempeña un papel fundamental. Los tribunales ordinarios tienen un papel fundamental. Todas las instituciones son importantes”.
Es importante resaltar que, este acuerdo se lleva a cabo como parte de la estrategia del Gobierno para avanzar en un modelo de justicia transicional. Esto se hace con el objetivo de superar la crisis derivada del conflicto armado y las violaciones de derechos humanos que ha experimentado la población colombiana. La justicia transicional es un enfoque que busca abordar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado mediante mecanismos que combinen la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición, “con el fin de construir una paz duradera y reconciliada”.
Cierre del examen preliminar
“En 2021, cuando decidí cerrar el examen preliminar (de la CPI sobre la situación de Colombia) tuve mucha oposición de los colegas de la Oficina que nos decían que estábamos abdicando nuestra responsabilidad y que no nos importaba el sufrimiento de la población colombiana; pero nada menos cierto. Mi decisión nació del reconocimiento de todos los puntos de vista, de juntarnos con los logros de la JEP (…). Si yo no reconocía la complementariedad en Colombia, entonces, ¿dónde más en el mundo podía decir que los países por sí solos pueden salir a mejorar?”, explicó sobre la decisión.
No obstante, algunas organizaciones como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), quienes durante 17 años le transmitieron información al CPI sobre crímenes internacionales cometidos en Colombia, le piden al ente que convoque un espacio con las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, e informe los motivos para el cierre del examen preliminar de la situación, pues aseguran que “sería lamentable que el fiscal desaproveche esta visita para entablar un diálogo con tantas víctimas y organizaciones que durante casi dos décadas confiaron en el mandato de la CPI, y esperaban una respuesta efectiva y respetuosa de parte de este órgano”.
Sobre el cierre del examen las organizaciones explicaron: “La Fiscalía de la CPI publicó en noviembre de 2023 un informe en el que intentó dar las razones del cierre del examen preliminar. Este informe no incluyó ninguna referencia a lo ordenado por dicha sala ni del trabajo realizado por las víctimas y sus representantes ante la misma CPI para que fueran informadas clara y adecuadamente de los motivos del cierre. Pese a que durante 17 años estas asumieron un arduo trabajo y muchos riesgos para transmitirle información a la CPI, la Fiscalía omitió convocar un espacio de información y diálogo que les permitiera saber los motivos del cierre”.