A pocos días de que entre a operar el nuevo modelo de salud para los docentes públicos del país, la Procuraduría alertó sobre las graves inconsistencias operativas y en contratación que presenta el plan adoptado por el Gobierno Nacional.

Para el Ministerio Público, empezando, la transición que pretende hacer el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG- es improvisada al no tener claridad en temas esenciales como la conformación de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud de la que aún no hay nada concreto y ni siquiera ha sido presentada ante el Consejo Directivo.

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Esta red de servicios, que tendrá 32 coordinaciones regionales, forma parte del nuevo sistema que busca, además, acabar con intermediarios y estar bajo la gerencia de Fiduprevisora, lo que ha generado gran controversia entre maestros agremiados en FECODE.

Para el ente de control también persisten serias dudas en la estructuración del nuevo sistema, ya que no hay precisión en torno a la cantidad de personal que demandará, tampoco del presupuesto destinado ni de quienes estarán a cargo de la supervisión a nivel regional y local que administren la base de datos y autorizaciones de cada uno de los servicios prestados.

En cuanto al presupuesto, la Procuraduría cuestiona el aumento de costos que traerá la implementación del nuevo sistema que en comparación con el modelo anterior equivaldrá a un billón cien mil millones de pesos por cada año.

Asimismo, en la revisión de documentos se constató que no hay firma de contratos ni capacitación de personal que operará el nuevo sistema, como tampoco hay claridad ni diferenciación entre los servicios médicos y servicios administrativos por lo que se percibe un alto riesgo en la contratación de cada uno de estos.

Otro punto que preocupa a la Procuraduría es que la Fiduprevisora quedará como operador de la gestión del servicio, lo que podría poner en riesgo las reclamaciones de los usuarios ya que esta, por su naturaleza jurídica, es una entidad financiera y la Supersalud no podría hacer vigilancia y control sobre ella. 

En el mismo sentido el ente de control cuestiona que el nuevo modelo no establezca un responsable que vigile la calidad de la prestación del servicio ni la gestión del riesgo.

Por otra parte, en los análisis realizados por la Procuraduría General de la Nación al nuevo Manual de Contratación se evidencian riesgos de gran magnitud en el instrumento jurídico dispuesto para la implementación del nuevo modelo en salud para los miembros del magisterio y sus beneficiarios. 

Al respecto, se han puesto de manifiesto las posibles nulidades de los contratos que se suscriban, observaciones encaminadas a la protección del patrimonio público y el respeto al ordenamiento jurídico en los medios o instrumentos por los cuales se pondrá en funcionamiento dicho modelo. 

 Ante la zozobra que persiste, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, velando por los derechos de cerca de un millón de docentes del FOMAG, ha instado a las directivas a aterrizar el proyecto y a ajustarlo o de lo contrario la atención en salud de los profesores quedará en el limbo.