Desde diferentes sectores se escucharon voces que encuentran inconvenientes para acudir a este mecanismo, que van desde que apenas aprobaría unas líneas generales de los cambios que se requieren, hasta que respondiendo Sí o No es imposible hacer los ajustes necesarios   

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El Gobierno ratificó  su decisión de reformar la justicia en medio del grave escándalo que se registra en la Corte Suprema de Justicia por la supuesta compraventa de fallos que se habría presentado entre 2014 y 2015. El Ministro de Justicia hizo saber que no se ha tomado una decisión sobre cuál será la vía, y en ese sentido dijo que el referendo es uno de los mecanismos que se contemplan.

“El tema de reforma a la justicia se está socializando con las Cortes y todavía no se ha tomado una decisión sobre qué mecanismo o qué fórmula se adoptará, lo que sí es claro es que ya existen unos puntos sustanciales sobre los cuales debe versar la reforma”, aseguró el ministro Enrique Gil Botero.

“Sabemos que los mecanismos de participación ciudadana son muchos y dentro de ellos el referendo es una de las posibilidades que tiene el señor Presidente, quién tendrá la última palabra porque igualmente se puede pensar en un acto legislativo que surta el mismo resultado“, explicó Gil.

El Ministro de Justicia dijo que “ya hemos emprendido la labor de socialización de lo sustancial, de los aspectos medulares que serían los que ameritan la reforma en la justicia”. Agregó que “se va a socializar con los partidos políticos, con la academia, con las cortes, con la sociedad colombiana en general, a través de unos mecanismos que ya se están implementando, siguiendo las instrucciones del señor Presidente”.

En caso que el Gobierno se decida por llevar a cabo el referendo para reformar la justicia, la fecha que se contempla es el 10 de marzo de 2018, a pocos días de las elecciones para elegir a los integrantes del Congreso de la República.

Además se conoció algunos de los puntos que reformaría este referendo: eliminar las facultades electorales de las altas Cortes; alcanzar un acuerdo para crear un organismo que investigue y juzgue a los magistrados de las Cortes; promoción de un enfoque más humanista y ético en los profesionales del derecho; y finalmente medidas que permitan descongestionar el sistema y que le apuesten a combatir la mora judicial.

A principios de este mes, el presidente Santos anunció que el Gobierno estaba socializando esta reforma y que se esperaba presentar la iniciativa en el próximo semestre.

“Le he pedido al señor ministro de Justicia que inicie un proceso de socialización con las propias Cortes, con universidades y todos los interesados, para ver si podemos encontrar un consenso para presentar una reforma, ya será para el semestre entrante. Y que el Gobierno entrante ojalá la considere, si está consensuada, y se pueda aprobar en una segunda instancia ya con la legislatura del Gobierno y del Congreso que salga elegido en las próximas elecciones”, sostuvo el Jefe de Estado.

Reacciones contrarias

El exministro de Justicia, Parmenio Cuéllar, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “desde luego que la propuesta de un referendo es la más expedita, la más rápida y la que consulta mejor el deseo de los colombianos. El problema es que el referendo solamente puede aprobar las líneas generales de la reforma, no la puede detallar. Necesariamente tendría luego una ley, salvo que el referendo autorice al Gobierno para que desarrolle esas ideas fundamentales que el pueblo va a votar, las desarrolle a través de un decreto”.

No obstante, Cuéllar destacó que el referendo es más expedito que la asamblea nacional constituyente y “además impide que el Congreso, que en este momento tiene una profunda crisis, pueda desviar la intención que se tenga de ciertamente modificar la justicia”.

Entre tanto que la exfiscal y senadora Viviane Morales dijo que la iniciativa del Gobierno de convocar un referendo para reformar la justicia “es el reconocimiento de lo que dije y que desde el Congreso es imposible hacer una reforma real y profunda a la justicia en Colombia”.

No obstante, la también precandidata presidencial del Partido Liberal dijo que le ve problemas acudir al referendo para estos propósitos: “Uno, que por cuatro preguntas que la gente solo va a contestar Sí o No, es imposible hacer una reforma estructural a la justicia. Por supuesto que la gente va a contestar que quiere abogados más éticos, que quiere quitarle las funciones electorales a la Corte Constitucional, pero eso no va a desembocar en un diseño institucional en la justicia, que es lo que hoy se necesita. Hoy se necesita una reforma de fondo que solo lo puede hacer una asamblea constituyente calificada”.

Mientras tanto, la directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero Restrepo, le dijo a este Diario que “sin saber cuáles son las reformas que van a  hacer, me parece como improvisado ya estar pensando en mecanismo. Indudablemente para que esto tenga mayor aceptación sí hay que acudir a alguno de estos instrumentos extraordinarios y para eso la asamblea constituyente o el referendo”.

No obstante, Borrero consideró que “me parece que esto puede entrar a desviar un poquito de opinión pública en la resolución de los problemas actuales”.

El senador Ernesto Macías, del opositor Partido Centro Democrático, dijo que “este Gobierno no tiene ninguna autoridad para hacer eso. Primero este Gobierno ha sido el que corrompió la justicia, las altas Cortes. Todo este escándalo que hay nace en el Gobierno, En segundo lugar, el Gobierno con el antecedente del plebiscito, que en otras palabras se lo robó, entonces ahora pretende hacer un referendo para burlarse del pueblo. Y en tercer lugar más de siete años, le queda menos de un año para salir, y hasta ahora se acuerda de un referendo para reformar la justicia”.

El Parlamentario dijo que es urgente una reforma a fondo de la justicia, pero “esa la debe hacer el próximo Gobierno, y la debe hacer tan pronto comience”.

El Procurador

El procurador Fernando Carrillo fue el primero, la semana pasada, en proponer reformar la justicia por la vía del referendo.

“Se trata  como es obligación de los poderes públicos de convocar a la ciudadanía a que participe en un proceso de reforma del sistema de justicia, la vía adecuada sería un referendo constitucional”.

Consulta

Un eventual referendo para reformar la justicia estaría coincidiendo eventualmente en marzo próximo con la consulta anticorrupción que promueve el Partido Alianza Verde, la cual fue presentada con el respaldo de más de cuatro millones de firmas, la mayoría de las cuales ya fueron validadas por la  Registraduría.

La consulta contempla preguntar sobre reducir de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes el sueldo de los Congresistas y altos funcionarios del Estado; suprimir la casa por cárcel a los condenados por corrupción; obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías, Gobernaciones y Nacional, se desglose y priorice en Audiencias Públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación, entre otras medidas.

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