Con mensaje de urgencia, las comisiones Sextas de Cámara y Senado aprobaron la semana pasada en primer debate el Proyecto de Ley de Modernización del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con el que se busca fortalecer la radio y la televisión públicas en el país.

Se trata de una de las prioridades legislativas del presidente Iván Duque, pues además este sector está proyectado para convertirse en uno de los principales impulsores de la economía nacional a través de inversión extranjera.

La norma en estudio, además, suprime la Autoridad Nacional de Televisión y crear un organismo regulador, único e independiente, de los contenidos públicos audiovisuales de carácter nacional y regional, y de los servicios de telecomunicaciones, televisión, Internet y radiodifusión sonora.

También pretende unificar todas las labores de vigilancia y control de los operadores de estos servicios y redistribuir las competencias que actualmente tiene la Autoridad Nacional de Televisión (Antv).

Como era de esperarse, la iniciativa ha sido objeto de críticas. Algunos sectores piden que se aplace la discusión en plenarias para marzo, y mientras se realicen cuatro audiencias en las que participen todos los sectores y la Contraloría General se pronuncie sobre un eventual detrimento patrimonial para el Estado.

“Marchita la tv pública y sepulta la privada”

El periodista Yamid Amat, director del Noticiero CMI que se emite a través del Canal Uno, (televisión pública), fijó la posición empresarial en su programa ‘Pregunta Yamid’ del pasado lunes.

“El proyecto supone el marchitamiento de la televisión pública y la agonía del Canal Uno”, dijo, y explicó sus argumentos.

Primero, explicó Amat, el proyecto elimina para los canales privados el pago de $128 mil millones que tendrían que cancelar en los próximos diez años, les extiende la licencia a 20 años (la prórroga actual por diez años arranca en enero de 2019) y pagarán únicamente 2,2% de su participación comercial.

El director de CMI agregó que el proyecto, tal como fue aprobado en primer debate, “afecta por igual a la televisión pública y privada con los servicios OTT (Over The Top, de libre trasmisión, por sus siglas en inglés) de plataformas digitales como Netflix, Youtube, Amazon, Facebook, Apple, etc.”.

“El problema está en que el proyecto marchita la televisión colombiana y sepulta la privada. Por ejemplo, el Fondo de Inversiones norteamericano que ha permitido la supervivencia del Canal Uno estaría revisando si se va de Colombia como consecuencia de ese tratamiento desigual: a la televisión privada le rebajan su licencia y a la televisión pública se la mantienen”, explicó.

El director de ‘Pregunta Yamid’ consultó en el programa al catedrático y experto en el tema Ómar Rincón, quien se refirió a la necesidad de cerrar la brecha digital, objeto del proyecto de ley.

“No se entiende cómo hacer convergencia digital sin meter a esas plataformas que tienen por negocio producir contenido televisivo”, dijo Rincón.

Y agregó que “la mayor injusticia es con el Canal Uno, que tiene que cerrar, porque le mantienen las condiciones del contrato mientras a Caracol y RCN les rebaja la deuda, les amplía la licencia a 20 años y deja a las plataformas OTT que hagan lo que se les dé la gana”.

“No desparecerá la televisión pública”

Sobre el tema, la ministra de las TIC, Silvia Constaín, respondió el siguiente cuestionario a EL NUEVO SIGLO.

¿Desaparecerá la televisión pública?

No hay nada de cierto en esa afirmación. La Ley otorga garantías para los canales públicos de televisión nacional, es decir, RTVC y su sistema de medios y para los canales regionales. Además garantiza un monto mínimo que les será girado anualmente, se generan funciones adicionales para producir contenidos públicos que promueven la cultura y la identidad nacional y regional, que es el fin de la televisión pública.

Para el caso de Canal Uno, es necesario aclarar lo siguiente: su infraestructura es de propiedad de la Nación; Rtvc es la responsable de su emisión y transmisión. Gracias a la modificación de la Ley 1753 de 2015 (artículo 41), las concesiones pueden entregarse a una única empresa privada, que no adquiere la condición ni las cargas económicas de un canal nacional.

¿El proyecto genera desbalance económico entre el Canal público y los canales privados?

El operador encargado de la emisión y transmisión del Canal Uno, por disposición de la Ley, es el operador público nacional RTVC, lo cual no se está cambiando. Tampoco se modifica las condiciones pactadas por el concesionario único del espacio de este canal, porque se trata de un contrato de concesión habilitado por la Ley 1753 de 2015 y regido por las normas especiales de la concesión.

Esta apertura significa una transición, en la que se puede elegir entre mantener el título actual, es decir, la concesión, o renunciar a ella y acogerse a las nuevas reglas de juego.

¿Los canales privados se librarían de pagar $128 mil millones?

La ley no está modificando plazos de licencias o de concesión para la prestación del servicio público de televisión. Precisamente, está buscando que el país avance hacia la apertura de este mercado, para garantizar el pluralismo informativo y la posibilidad de que múltiples actores puedan prestar el servicio.

¿El proyecto atenta contra la libertad de prensa?

No. Estamos creando un órgano regulador autónomo e independiente dando todas las condiciones jurídicas e institucionales para que el regulador tome decisiones autónomas, técnicamente sustentadas.

Se mantiene la libertad de expresión y difusión de los contenidos de la programación y de la publicidad en el servicio de televisión, los cuales no serán objeto de censura ni control previo. No se propone una regulación de los contenidos ni se agregan funciones nuevas en esta materia.

¿Cuáles serán las obligaciones de plataformas digitales frente a la producción de contenido?

Los servicios que se prestan sobre Internet, y que por ello se conocen como OTT, no hacen uso del espectro radioeléctrico. Es decir, son servicios que usan Internet para su funcionamiento, pero no son los responsables de la provisión de Internet.

Todo lo que tenga que ver con plataformas y servicios que se prestan sobre Internet, debe ser sujeto de análisis de mercado.