En las secretarías de Senado y Cámara la radicación de todo tipo de iniciativas no para durante todo el año. Hay propuestas de todos los colores y sabores

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El Senado y la Cámara son un reflejo de las fuerzas políticas del país. Los representantes y senadores por la facultad que les asigna la ley pueden presentar proyectos de toda índole a su criterio. Por esto, dentro de las más de 597 iniciativas radicadas en el Congreso hay unas que llaman la atención por su particularidad.

El último proyecto que levantó polémica en el Congreso fue el del senador Jonatan Tamayo, de la Alianza Social Independiente (ASI), que pretende “prohibir que sean divulgadas letras musicales con contenidos obscenos, que denigren e inciten al abuso o violencia contra las mujeres y menores de edad en sitios de libre acceso y movilidad”.

Según el congresista, “cierto tipo de géneros musicales transmiten mensajes que distorsionan los pensamientos de los jóvenes directa o indirectamente, según el nivel de educación de cada uno; por ejemplo, el reggaetón refuerza la cultura machista y desigual promoviendo la violencia contra la mujer a través de sus textos y control nulo que existe sobre los medios de difusión y de los lugares donde se escucha este género”.

Sin embargo este proyecto no es el único. De hecho el mismo Tamayo radicó durante el periodo pasado una iniciativa que pretendía regular la protesta social, con una particularidad: solamente se podría protestar los fines de semana, para no obstaculizar la libre movilidad de los ciudadanos.

Día del bienestar

La representante por Bogotá, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, presentó un proyecto de que busca declarar patrimonio cultural los barrios capitalinos Palermo, Pablo VI, La Esmeralda y El Polo, sí como las plazas fundacionales de la ciudad con su área de influencia en 200 metros.

Según Miranda, “la visión de este proyecto de ley es que, en Bogotá, es necesario conservar cada edificio, barrio y lugar particular que surgió en un determinado momento histórico y que marcó el desarrollo de la Bogotá futura. (…) El patrimonio cultural inmueble es parte estructural de la ciudad existente, la planificación de la ciudad construida es un trabajo conjunto que muestra muchas épocas del urbanismo colombiano. Es importante reconocer las edificaciones, barrios y lugares en donde se desarrolló la capital de Colombia”.

En la Cámara, la representante por Santander, Nubia López, del Partido Liberal, radicó un proyecto de ley que busca declarar el Día Nacional del Bienestar. La iniciativa busca que este día se celebre el segundo sábado del mes de junio y “propone un conjunto de lineamientos de política pública que permitan fomentar y promover buenas prácticas de bienestar en todo el territorio colombiano”.

Según la representante López, ese día las entidades públicas nacionales, departamentales y municipales deben promover “donaciones de sangre; chequeos dentales y de optometría; yoga, meditación y equilibrio emocional; talleres de bienestar y de reciclaje; cuidado infantil y protección en el embarazo; comida sana y nutrición saludable; ejercicio diario, zumba, cross-fit, pilates; y bienestar mental”. La congresista argumentó que “el tema del bienestar ha adquirido tal trascendencia legal a nivel internacional que actualmente se encuentra en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un proyecto de resolución para institucionalizar el Día Mundial de Bienestar”.

La senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, presentó una iniciativa que busca crear la cátedra de música para los grados de preescolar y básica primaria. El proyecto establece practicas escolares que “potencializan el desarrollo intelectual y motriz en edad temprana, favoreciendo la apropiación y el dominio de toda clase de competencias académicas, gracias al estímulo que reciben funciones cerebrales específicas, a través de la práctica musical, que mejora la capacidad auditiva, creativa, afectiva, de comunicación, memoria y razonamiento lógico en los estudiantes”.

Carreras clandestinas

El senador Eduardo Enrique Pulgar, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), radicó una iniciativa que busca prohibir las carreras clandestinas de vehículos y que solo sean permitidas por las autoridades administrativas de cada departamento. Según la iniciativa “La realización carreras de vehículos automotores, que se lleven a cabo en vías públicas, autorizadas por las alcaldías, únicamente se podrán llevar a cabo en horario de 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., hora colombiana, con el fin de garantizar buenas condiciones de visibilidad para los conductores y evitar accidentes que involucren o afecten la integridad física de los asistentes”.

También en el Senado, la legisladora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, presentó un proyecto de ley que busca que “se reglamente la realización de talleres y cursos en formación de valores cívicos, sociales y éticos en los establecimientos de reclusión y que estos sean computables para la redención de pena”. Según la iniciativa, “por cada dos horas de asistencia efectiva a talleres o cursos de fortalecimiento en valores, se le redimirá una hora de reclusión. Para estos efectos, no se podrá redimir más de cuatro horas por semana”.

Didier Lobo, senador de Cambio Radical, decidió presentar una iniciativa con la cual pretende regular “lo concerniente al juego de gallos en Colombia, creando una normatividad y regulación adecuada con los cambios jurídicos sociales y culturales que propenden a la protección de los animales y la conservación de la cultura y tradición de los gallos finos de combate”.

El énfasis del articulado propuesto, a juicio del legislador, es el cuidado del animal, su práctica deportiva y cultural, la conservación y protección de la especie contra actos de crueldad o maltrato animal.

Para este fin la ley crea la Confederación Nacional de Eventos y Conservación de Gallos de Combate en Colombia (Confegacol) encargada de crear el código del espectáculo e imponer las sanciones correspondientes.

El senador José David Name, de La U, impulsó un proyecto para “regular las condiciones básicas para garantizar la protección de la honra y el buen nombre de los ciudadanos, en relación a las publicaciones que sobre ellos se hicieren en redes sociales y sitios web, en concordancia con el mandato constitucional”, es decir, proteger a los usuarios de las redes de insultos en las mismas.

La iniciativa se fundamentaba, según la exposición de motivos, en que “el aumento reciente de casos reportados de personas que han sido injuriadas o calumniadas por medio de redes sociales y en general a través de plataformas en la web, hacen necesario crear un marco jurídico que permita a los afectados acudir a las autoridades correspondientes, incluidos los prestadores de servicios en la web, para que resuelvan de forma expedita las solicitudes de eliminación del contenido injurioso o calumnioso”.