Es inminente el decreto que restringirá el uso de armas traumáticas en el país. Se espera, incluso, que estas tengan la misma regulación de las armas de fuego. Es más, los permisos para su porte solo se expedirán de manera excepcional.

Según el decreto que prepara el Ministerio de Defensa, los argumentos para regular el uso de estas armas se fundamentan en el análisis de los registros estadísticos con que cuenta la Policía Nacional, los cuales evidencian una afectación importante a la convivencia y seguridad ciudadana por estas.

En el año 2019 se incautaron 3.804 armas traumáticas, en el 2020 se subió a 5.478 y en lo corrido de 2021 se han decomisado 6.569, lo que representa un incremento del 105% en comparación con el 2018, cuando se habían incautado 3.201 de estas.

Solo en Bogotá, 85 armas de fuego y 190 armas de fogueo han sido incautadas durante las últimas tres semanas, desde que inició el plan de intervención de seguridad para frenar el pico de inseguridad.

De esta manera el decreto indicará que portar armas traumáticas y de fogueo sin el correspondiente permiso implicaría que se incluirían estas armas en el artículo 365 del Código Penal, que indica que “el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve a 12 años”.

El decreto advierte que las personas naturales o jurídicas que tengan armas traumáticas deberán realizar el marcaje de estas ante la autoridad competente en un plazo de ocho meses contados a partir de que entre en funcionamiento y operación el procedimiento que para ello establezca Indumil.

La semana pasada, desde el gremio de las Empresas Colombianas de Seguridad, solicitaron al Ministerio de Defensa y a su Departamento de Control y Comercio de Armas tener en cuenta las recomendaciones que se habían elevado por estas empresas del sector en cuanto a la necesidad de prohibir el uso y venta de las armas de baja letalidad o fogueo a la ciudadanía en general.

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El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo al respecto: “Hemos encontrado en los últimos meses que ha tenido un uso de estas armas para hurto. De las 1.500 armas que hemos incautado, el 30% fueron utilizadas en hurtos. Evidenciamos en las acciones violentas y vandalismo reciente que estas armas fueron modificadas y les dispararon a la Policía y a servidores públicos. También están siendo utilizadas para extorsión”.

El jefe de esta cartera explicó que se han tenido en cuenta comentarios y discusiones para la redacción del decreto. Dijo que han llegado más de 300, y con base en eso se expedirá la norma y “también el proyecto de ley de seguridad ciudadana que estamos pensando presentar al Congreso de la República, donde estará incluido una parte especial para armas menos letales con el fin de regular estas armas”.

Tres retos

Molano advirtió que se busca cumplir tres propósitos principales con el decreto: que se restringa su uso, que se deba tener un permiso especial y que se cree un registro especial para los usos de estas armas traumáticas, exceptuando las actividades deportivas.

El senador, Rodrigo Lara, quien había presentado un proyecto de ley pero sobre las armas de fuego, le dijo lo siguiente a EL NUEVO SIGLO sobre las de fogueo: “No creo que las armas de letalidad reducida se deban disminuir y menos aún cuando es el único método de defensa de muchas mujeres. Lo que pasa es que hay diferentes categorías de estas armas, hay unas que no se pueden vender al público porque son armas y hay otras que sí. Hay unas que se le pueden vender a las empresas de seguridad y hay armas de fogueo que, en teoría, no son letales, pero si usted dispara muy cerca a la persona puede ser letal. Todo esto debe reglamentarse por parte de expertos. En todo caso todas las armas de fogueo que circulen deberán tener un color especial, no pueden parecerse a las armas de verdad para que intimiden y las usen para cometer delitos”.