Una propuesta planteada la semana pasada por el Gobierno reavivó la controversia por los escaños que deben ocupar las víctimas en la Cámara: ¿16 circunscripciones en zonas rurales que ocuparon las Farc u ocho en áreas urbanas para facilitar la elección de uniformados en retiro?

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¿Están vivas, pero muertas; o muertas, pero vivas? No es un acertijo de la serie The Walking Dead. Es que tal cual fue la votación del plebiscito de octubre de 2016 se presenta el espectro de las opiniones sobre las 16 circunscripciones planteadas en los acuerdos del Teatro Colón para que igual número de voceros de las víctimas ostenten curules en la Cámara de Representantes durante dos cuatrienios (el mismo tiempo que el partido Farc ocupe sus actuales escaños en el Congreso) y expresen su punto de vista sobre la implementación de lo pactado.

Esas 16 circunscripciones pretendían darles vocería a los habitantes de las zonas donde la guerrilla de las Farc ejerció dominio territorial: es decir, no a los desmovilizados sino a sus víctimas.

Sin embargo, cuando se llevó el proyecto al Congreso, sus detractores señalaron que eran los guerrilleros quienes saldrían elegidos y plantearon como alternativa ocho circunscripciones en centro urbanos, con un objetivo expresado claramente por los legisladores que impulsaban esta otra idea: que las curules las tuvieran los uniformados en uso de retiro y organizaciones como Rosa Blanca.

En medio de ese pulso la reforma constitucional que creaba las 16 circunscripciones llegó al debate de la conciliación en la plenaria del Senado, donde logró la mayoría de los votos, pero –según la interpretación de la mesa directiva de entonces– no en la proporción que se exige para un acto legislativo.

Como era de esperarse, se adelantaron las acciones judiciales pertinentes con el argumento de que la interpretación de la mesa directiva fue equivocada. Una de ellas es una tutela que, tras ser negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue seleccionada por la Corte Constitucional y cuyo estudio ya quedó para el próximo año.

¿Desde la tumba?

La controversia se reavivó con el anuncio del Gobierno que se tramitará un proyecto de reforma constitucional para que las víctimas tengan curules en el Congreso.

En palabras de Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, “tenemos bajo las directrices que ha dado el presidente Iván Duque la misión de presentar el acto legislativo para que esas personas que han sufrido la violencia más severamente tengan la representación que se necesita”.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aclaró que esas curules no aumentarán el número de congresistas, sino que “dentro de la misma composición hacer una reforma orientada a garantizar unas curules para las víctimas. Eso significa que serán las personas que han sido reconocidas como víctimas, dentro del sistema nacional de víctimas, incluyendo a los miembros de la Fuerza Pública y en tercer lugar requiere el aval de los partidos políticos”.

“Habría que hacer una revisión a lo que es la composición del Congreso. Generar una jurisdicción adicional a las que se tienen, para poder allí incluir a estos representantes. Lo cierto del caso es que se requiere ese equilibrio, ya hay unas personas que entraron luego de un proceso al Congreso y las víctimas están pidiendo ese espacio. Como lo ha dicho el Presidente, ha recogido ese clamor de diferentes sectores y por eso la propuesta queda para ser construida con los partidos”, agregó Gutiérrez.

Hace casi ocho días Duque dijo en Mompox, Bolívar, que lo que piden los afectados por el conflicto armado “es que las víctimas, las verdaderas víctimas, tengan también la posibilidad de tener una representación política. Esas verdaderas víctimas son las que merecen ser escuchadas por todas las instituciones de Colombia. Y a esas verdaderas víctimas es a las que hay que garantizarles también una oportunidad de representación política”.

Duque recalcó que dicha participación, que se daría en el seno del Congreso, no significa que se deba incurrir en nuevos gastos para el erario, sino que debe quedar incluida entre las curules actuales. “Óigase bien, que eso también se pueda hacer sin generar más espacio, más costo presupuestal, y que haya generosidad y grandeza de todas las fuerzas políticas, para que esos espacios se brinden no generando más curules, sino que sea de la propia representación existente, pero garantizando esa participación amplia”, explicó, agregando que, de la misma forma en la que “los victimarios han tenido una representación, las víctimas también merecen tener una voz siempre escuchada”.

¿No estaba muerto?

Ante esta posición del Gobierno reaccionó el procurador Fernando Carrillo a través de una carta que le envió al presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, recordándole que “el Congreso tramitó bajo el procedimiento fast track” el proyecto que se reseñó al comienzo de este artículo y expresándole que es indispensable darle tránsito para proteger “el principio de las mayorías, el derecho a las víctimas a una efectiva representación y respetar la discusión que ya se dio”.

Carrillo, tras tener “en cuenta el reciente anuncio que hizo el Gobierno nacional en relación con la presentación en marzo de un nuevo proyecto de reforma constitucional para lograr la representación y la participación de las víctimas en el Congreso”, consideró que “no tiene razón de ser volver a tramitar una iniciativa en el mismo sentido, pues ello implicaría no solo el desconocimiento de la decisión del Congreso –vulneración del principio de las mayorías–, sino impedir que las víctimas vean reconocido su derecho a la representación política”.

La decisión de la mesa directiva del Senado en aquella época “es hoy debatida en dos procesos judiciales, el primero mediante una acción de nulidad que cursa en la Sección Primera del Consejo de Estado y el segundo, una acción de tutela, actualmente en la Corte Constitucional”, recapituló Carrillo, quien explicó que “el problema jurídico que se discute en estos procesos hace referencia a que el proyecto de acto legislativo fue aprobado y, pese a ello, no terminó su trámite. En efecto, el mencionado proyecto, en lo que hace al informe de conciliación, obtuvo 50 votos, los cuales, sin lugar a dudas, fueron suficientes para entender que la propuesta de reforma fue aprobada”.