Reforma a regalías, Ley TIC, control fiscal, reforma tributaria y no conexidad del secuestro y narcotráfico como delito político son las principales iniciativas que se tramitaron en el Legislativo

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En lo corrido de este año el Congreso de la República ha discutido decenas de iniciativas. Cinco de estas han recibido gran atención debido a los cambios significativos que introducen. EL NUEVO SIGLO presenta estos proyectos.

1.- Reforma a las Regalías

Esta semana fue aprobada la conciliación de la reforma constitucional al Sistema General de Regalías. Entre los elementos más importantes de la iniciativa se contempla un importante aumento de los recursos para las entidades territoriales productoras y los municipios con mayores niveles de pobreza.

En la modificación que se realizará al artículo 361 de la Constitución Política, las regiones productoras pasarán de recibir un 11% actual a un 25%. De este porcentaje, el 20% se destinará a departamentos y municipios donde se adelanten actividades de extracción de recursos no renovables, así como los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten.

Un 5% adicional se destinará exclusivamente a los municipios productores. El Ministerio de Minas, a manera de ejemplo, señaló que si esta nueva distribución se aplicara con el presupuesto bianual 2019-2020, las regalías directas para estas regiones pasarían de $2 billones a $4,6 billones.

Por su parte, los municipios más pobres del país pasarán de recibir un 10,7% a un 15% a partir de criterios de necesidades básicas insatisfechas y población. Se estima que 800 serán cobijados con este incremento, principalmente, en departamentos como La Guajira, Sucre, Bolívar, Magdalena, Nariño, Córdoba y Cesar.

2.- Reforma al control fiscal

En septiembre pasado el Congreso aprobó la reforma al control fiscal. La iniciativa aumenta a más del doble los recursos de la Contraloría. Durante los próximos tres años el presupuesto del ente de control será aumentado a cerca de $1,2 billones. En el primer año se adicionarán $250.000 millones, en el segundo otros $250.000 millones y en el tercero $136.000 millones. El contralor general Carlos Felipe Córdoba afirmó que estos recursos permitirán “tener la nivelación salarial de nuestro equipo de funcionarios que son de carrera administrativa y que tengamos nuestra planta técnica de personal”.

De acuerdo con Córdoba “los recursos presupuestales adicionales que busca la Contraloría corresponden estrictamente a sus necesidades técnicas y operativas. No buscan, en ningún caso, robustecer aparato burocrático alguno. Bien pueden ustedes verificar que más del 96% de la nómina de la Contraloría está compuesta por servidores de carrera. Los nuevos profesionales que se integrarán a ella no llegarán con una recomendación política debajo del brazo, sino que adquirirán el derecho gracias a sus probados méritos y conocimientos”.

Establece, además,  un control preventivo. Este tendrá carácter excepcional y “no tendrá efectos invasivos sobre la administración pública. Será sí un mecanismo que nos servirá para evitar varios de los descalabros administrativos que hoy están convertidos en pan de cada día”, dijo el contralor.

3.- La Ley TIC

En junio pasado fue aprobada la denominada Ley TIC. Uno de los temas principales del proyecto es el relacionado con el otorgamiento de permisos para la utilización del espectro hasta por 20 años, proposición que recibió el respaldo de las mayorías en la Cámara y el Senado, y que permitirá llevar conectividad de calidad a cerca de 20 millones de colombianos de las zonas más alejadas.

Un segundo aspecto trascendental del proyecto es el relacionado con la creación de un ente regulador moderno e independiente, constituido por dos salas de decisión que resolverán temas de manera separada, suprimiéndose así la actual Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).

La primera sala es la Comisión de Contenidos Audiovisuales que atenderá lo relacionado con el pluralismo informativo y la defensa del televidente, y la segunda es la Comisión de Comunicaciones que tendrá a su cargo la regulación técnica y de mercado.

La Comisión de Contenidos Audiovisuales estará integrada por tres miembros: dos elegidos por concurso público organizado por universidades, y uno designado por los canales regionales; mientras que la Comisión de Comunicaciones estará integrada por el ministro de las TIC, un comisionado designado por el Presidente de la República, y tres miembros que serán elegidos por concurso de mérito (realizado por Función Pública), para un total de cinco integrantes.

Un tercer tema es el relacionado con el fortalecimiento de la televisión pública colombiana, pues les otorga nuevos recursos no sólo para mejorar su gestión administrativa sino también para ampliar la generación de contenidos de calidad para los colombianos, especialmente los producidos desde las regiones.

4.- No conexidad del secuestro y narcotráfico con delito político

En julio pasado, el presidente Iván Duque sancionó la reforma constitucional que establece la prohibición para que el secuestro y el narcotráfico sean conexos al delito político.

Mediante este acto legislativo se adicionó al numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política el inciso que prohíbe considerar al secuestro y al narcotráfico como conductas orientadas a sustentar económicamente cualquier delito que atente contra el régimen constitucional.

Así, el citado inciso señala: “En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente con el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto”.

También, el acto legislativo adiciona un parágrafo en el que explica que las disposiciones del mencionado inciso, “en ningún caso afectarán las disposiciones de acuerdos de paz anteriores, ni sus respectivas disposiciones”. Igualmente, señala que las nuevas disposiciones “serán aplicadas a conductas cometidas con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto legislativo”.

5.- Reforma tributaria

Tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la Ley de Financiamiento, en octubre pasado, el Congreso se vio abocado a discutir una nueva reforma tributaria con la que se busca ratificar las disposiciones contenidas en la Ley 1943 de 2018, con varios ajustes entre ellos medidas de alcance social como la reducción de los aportes para los pensionados que reciben hasta un salario mínimo, del 12% al 4%.