Uno de los mayores fenómenos que históricamente ha afectado las necesidades del país, sin dudas, es la corrupción. De acuerdo con un informe de la Contraloría General, más de 50 billones de pesos le ha costado este flagelo a la nación, pese a que la Presidencia o el Congreso han impulsado varias normativas que contrarresten esta problemática.
El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, señaló que se deben fortalecer algunas medidas contempladas en la Ley de Transparencia firmada en 2014, para que la ciudadanía sienta tranquilidad al momento de reportar o denunciar cualquier irregularidad que se presente en sus regiones.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál ha sido la labor de Transparencia por Colombia para enfrentar la lucha contra la corrupción?
ANDRÉS HERNÁNDEZ: Desde hace más de 20 años, Transparencia por Colombia ha trabajado en analizar y comprender esta problemática que afecta al país. Hemos propuesto rutas de acción que nos ayuden a enfrentar este problema, que es de carácter sistémico y estructural. E insistimos en la necesidad de seguir cerrando oportunidades a los actos de corrupción en materia de contratación pública, toma de decisiones y temas que nos afectan a la sociedad.
ENS: ¿Cómo observa este nuevo periodo de campañas electorales en el país?
AH: Nos preocupa que llegamos a este nuevo contexto electoral sin que en el país hayamos logrado avanzar en una reforma política que pudiera fortalecer los mecanismos de transparencia, justamente, en el financiamiento de partidos y campañas. Consideramos que aquí hay unos vacíos que todavía tenemos que cerrar, como dar mayor capacidad para el control y la sanción cuando se generan prácticas de financiamiento irregular; mejorar las capacidades para que los delitos electorales puedan investigarse y sancionarse de manera efectiva, y fortalecer la responsabilidad y la transparencia de los partidos políticos en esta materia.
ENS: ¿Cuánto le cuesta al país este flagelo?
AH: Si bien la Contraloría ha manejado una cifra equivalente a $50 billones en el país, hemos analizado el tema desde otras metodologías. Identificamos que para el periodo 2016-2018 se obtuvo $17,9 billones y estamos en proceso de actualizar estas cifras.
No obstante, preocupa que no hemos logrado que el país dimensione los daños que hace la corrupción, no solamente en afectación a recursos monetarios, sino en qué debieron ser implementados. Si logramos calcular eso, seguramente el costo podría ser mayor a lo que hemos visto en tiempos recientes.
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ENS: Después de sancionarse en el 2014 ¿Qué avances ha tenido la Ley de Transparencia?
AH: Hoy vemos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) ha permitido avances importantes en acceso a datos e información para los ciudadanos, periodistas e interesados en hacer seguimiento a la función pública. Pero todavía sigue existiendo déficit en su proceso de implementación y preocupa que la calidad y acceso a esa información ha venido siendo obstaculizada en tiempos recientes.
ENS: ¿Qué otros proyectos ha promovido en el Congreso frente a la corrupción?
AH: Hemos propuesto medidas de protección a quienes reportan o denuncian actos de corrupción. Más del 70% de las personas en nuestro país temen que por denunciar la corrupción haya represalias físicas, familiares o laborales. Y eso es un obstáculo para la lucha contra la corrupción porque esa información es la que nos permite desarticular estas redes criminales.