No hay tregua en los escándalos que a diario se producen en la justicia en el país. Ahora le tocó el turno nada menos que a la Corte Suprema, en cabeza de dos ex magistrados y ex presidentes de la corporación, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, a quienes la Fiscalía y la propia Sala Penal del alto tribunal ayer pidieron investigar para establecer si incurrieron en actuaciones anómalas para favorecer, presuntamente, con sus actuaciones a congresistas y ex congresistas como Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade y Musa Besaile.

La Sala de Casación Penal, luego de la compulsa de copias que le hizo en la mañana del martes la Fiscalía General de la Nación, pidió casi de inmediato a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar a los dos ex presidentes de la corporación por haber sido mencionados como eventuales usufructuarios de dineros indebidos, de acuerdo con audios grabados en junio en Estados Unidos y que fueron remitidos ayer al ente acusador colombiano por el Departamento de Justicia norteamericano.

El impacto del tema no se hizo esperar por cuanto en la tarde el presidente de la Sala Penal, magistrado Eugenio Fernández Carlier, dio una rueda de prensa en la cual admitió la gravedad de los hechos, aunque sin que todavía se conozca el contenido de dichas grabaciones, por cuanto hacen parte de la reserva del sumario.

Dijo la Sala en un comunicado que espera la pronta y definitiva acción de la Comisión de Acusaciones al respecto.

Más y más casos

En los últimos meses la crisis de la justicia y la corrupción en las más altas instancias ha llegado a niveles alarmantes.

Como se sabe, a finales del año pasado la Comisión de Acusaciones encontró mérito penal en el proceso contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, por evidencias encontradas sobre un presunto tráfico de influencias en un fallo de acción de revisión de una tutela sobre el caso Fidupetrol. Con base en ese criterio de la Comisión, el Congreso desaforó por primera vez a un magistrado y pasó su caso a la Sala Penal de la Corte Suprema.

Este año el país no sólo ha estado estremecido por hechos tan protuberantes como el de Odebrecht, donde se han calculado sobornos en las más altas instancias administrativas del país por 84 mil millones de pesos, sino por el caso del director de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien fue capturado semanas atrás por pedir un millonario soborno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, procesado por distintos delitos.

Esa solicitud se realizó durante una reunión de ambos en Estados Unidos, pero ya para entonces la justicia de EU estaba tras los pasos de Moreno, en acuerdo con la Fiscalía colombiana, e interceptó sus  comunicaciones y las de su socio, el abogado Leonardo Pinilla.

En las conversaciones de este último con Lyons -grabadas en junio en Miami por las autoridades norteamericanas- es precisamente donde aparecen los nombres de los magistrados Bustos y Ricaurte, así como los de los congresistas y ex congresistas ya mencionados.

Del Meta a Cartagena

Pero no fue el único de corrupción en los últimos días en materia de justicia. A finales de junio, la Fiscalía imputó cargos a tres 3 magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta, al tiempo que expidió 24 órdenes de captura contra seis jueces de garantías, asistentes de juzgados, funcionarios del Inpec, abogados y sindicados.

Las decisiones hacen parte de una investigación contra una red criminal de la que al parecer formaban parte servidores judiciales y abogados litigantes, que operaba desde 2013 en los distritos judiciales de Meta y de Cundinamarca, y que tenía por objeto, a cambio de millonarios sobornos, otorgar indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.

Igualmente está el caso de las ex fiscales María Bernarda Puentes López y Silvia Esmeralda Angulo, adscritas a la Seccional Bolívar, a quienes se les mandó a la cárcel por incurrir presuntamente en hechos de corrupción.

Se les sindica de pertenecer aparentemente a una red que negociaba beneficios como libertades, detenciones domiciliarias y preacuerdos con rebajas de penas a delincuentes, a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Dentro de este caso hay varias personas ya detenidas y judicializadas, e incluso pruebas en video de los sobornos.

Al mismo tiempo se han registrado al menos 60 capturas de fiscales y otros funcionarios de la entidad incursos en casos de presunta corrupción, y se adelantan centenares de pesquisas previas dentro de la campaña de transparencia que el fiscal Néstor Humberto Martínez viene adelantando.

De otro lado, el mes pasado fue capturado al secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Misael Alejandro Bautista, quien es investigado por presuntamente haber recibido un soborno para favorecer una decisión judicial en el caso del exalcalde de Cota, Juan David Balsero.

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