El intenso debate de las últimas semanas alrededor de la regulación de las protestas ciudadanas para evitar actos vandálicos, en unos casos, y el abuso de la fuerza policial, en otros, parece no tener fin.
Justamente pensando en esa regulación es que las autoridades y la ciudadanía trabajan conjuntamente hace varias semanas en el diseño de unos protocolos que, sin estar aún completos, tendrán su primera prueba de fuego el próximo 21 de este mes durante el paro nacional que anunciaron las centrales obreras.
Un segundo reto que ofrece esta protesta en plena pandemia es en materia sanitaria porque, independientemente de que la gente atienda o no el llamado a cumplir los protocolos de bioseguridad, incluido el propio Comité Nacional de Paro, es claro que miles de personas estarán marchando en diferentes ciudades del país para manifestarse.
El argumento de la jornada es el de siempre: el Gobierno nacional no se ha sentado a discutir el pliego de peticiones que salió de las masivas marchas de noviembre y diciembre pasados, y las razones de Fecode, el sindicato del magisterio, que se opone al regreso a clases presenciales.
A ello se suman razones como el rechazo a la represión policial y la falta de interés estatal para salvar a miles de pequeñas y medianas empresas en la actual crisis.
En cualquier caso, la jornada adquiere una importancia mayúscula porque por las circunstancias será una especie de ‘piloto’ que serviría de modelo para las futuras jornadas de protesta, pues permitirá ver en la práctica cómo funcionan los protocolos para prevenir infiltraciones de actores violentos y se medirá qué tanto evitarán expresiones que inciten a la pugnacidad entre Fuerza Pública y marchantes, así como la articulación entre autoridades distritales o municipales y la Policía.
De igual forma, el paro del 21 de octubre será la primera gran jornada de protesta que se hará en el país después de la Sentencia STC7641 emitida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre, que ordena al Esmad abstenerse de usar fuerza desmedida sobre la legítima protesta.
El fallo se produjo después de los hechos vandálicos sucedidos a principios de septiembre en Bogotá en dos días de protestas por la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez, tras un procedimiento policial durante los cuales 12 personas más perdieron la vida, cientos de ciudadanos y policías resultaron heridos, a la vez que se afectaron bienes privados y públicos incluidos 50 CAI.
El fallo se produjo después de los hechos vandálicos sucedidos a principios de septiembre en Bogotá en dos días de protestas por la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez.
En la sentencia, la Corte ordena al Gobierno conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices “relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas”. Esto con el objetivo de prevenir la intervención arbitraria de la Fuerza Pública, la estigmatización de los marchantes, el uso desproporcionado de la represalias, armas letales y químicos, las detenciones ilegales, además de los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.
Protocolos
Dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema, el Gobierno nacional, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades conformaron una mesa para reestructurar las directrices que tienen que ver con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas.
Para ello habían solicitado un plazo de 60 días al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para presentarle el documento con los respectivos protocolos.
Sin embargo, el pasado miércoles el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acortó ese término a diez días con el fin de que las nuevas disposiciones se puedan aplicar en las manifestaciones del anunciado paro nacional previsto por las centrales obreras para el 21 de este mes.
Dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema, el Gobierno nacional, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades conformaron una mesa para reestructurar las directrices que tienen que ver con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas.
La Corporación ordenó al presidente, Iván Duque; al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y al director de la Policía, general Óscar Atehortúa, que “procedan a la elaboración de un protocolo que a corto plazo incluya medidas más urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente atendiendo a la programación y otorgamiento de los respectivos permisos que han de proferir los alcaldes locales para las manifestaciones públicas a realizarse en los próximos días y meses”.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reaccionó sobre el particular, señalando que “hemos recibido y leído el nuevo fallo de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en relación con las protestas sociales y con la necesidad de que tomemos medidas de corto, mediano y largo plazo para superar la situación de tensión social y también de infiltraciones violentas en las marchas y de abusos de la Fuerza Pública”.
Añadió que hay “total disposición” de su Administración para trabajar como ordena la decisión “de la mano del Gobierno nacional para que encontremos dos cosas que nos ordenan expresamente: por un lado un protocolo que garantice la protesta social pacífica y que evite o sancione eficazmente tanto la infiltración violenta en la protesta como los abusos que puedan darse por parte de la Fuerza Pública. Y de otro lado, nos da la instrucción también de que trabajemos en las medidas de corto, mediano y largo plazo”.
En el escenario de la citada mesa de trabajo, el Gobierno nacional presentó un protocolo integral con nuevos procedimientos acerca del uso de armas letales y no letales, deberes de participantes y autoridades, así como de vigilancia.
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El Distrito propuso, en materia de acciones preventivas, la creación de una subcomisión técnica, de carácter permanente, que le haga seguimiento a la aplicación del protocolo, como complemento a la Mesa de Seguimiento a la Garantía de la Protesta.
Entre las propuestas está la creación de un equipo de diálogo mixto conformado por gestores de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno y de convivencia, así como miembros de la Policía quienes trabajarán en la etapa de diálogo del protocolo, privilegiando la salida pacífica en las manifestaciones.
De otra parte, las autoridades están en alerta y avanzan en las investigaciones sobre organizaciones al servicio de grupos armados ilegales que según el fiscal, Francisco Barbosa, han adoptado una nueva doctrina para propiciar una guerra urbana basada en el terrorismo, aprovechando para ello escenarios como la legítima protesta social incitando a los jóvenes a la violencia.
A su vez, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que las recientes protestas de septiembre en Bogotá fueron infiltradas por el Eln y las disidencias de las Farc.
La pandemia
Tras un sostenido descenso en el número de nuevos contagios y fallecidos en Colombia por coronavirus ente agosto y septiembre, en las últimas dos semanas se ha visto un incremento en estos indicadores, que podrían corresponder al rebrote que se presentaría en algunas regiones del país a finales de año.
Las autoridades están en alerta y avanzan en las investigaciones sobre organizaciones al servicio de grupos armados ilegales que según el fiscal, Francisco Barbosa, han adoptado una nueva doctrina para propiciar una guerra urbana basada en el terrorismo.
Por ello, el paro de este 21 de octubre es motivo de preocupación pues el contagio se transmite al hablar, cantar o gritar, justamente lo que hacen las personas en medio de la efervescencia de una marcha, en donde nadie garantiza que todos portarán el tapabocas.
Después de las protestas en Bogotá de septiembre pasado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, previno que “estas aglomeraciones pueden generar un efecto negativo, una situación de estancamiento o rebrote que afecte a las ciudades del país de manera muy importante”.