La Ley Estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se ha convertido para el presidente Iván Duque en su más dura prueba de fuego.

De ella depende no solamente la estabilidad jurídica de más de 9 mil ex miembros de las Farc que le apostaron a la reconciliación, unos 2 mil miembros de la fuerza pública y varias decenas de particulares, sino que la JEP es la columna vertebral de todo el proceso de paz que se firmó en 2016.

De ahí que el Primer Mandatario no la tenga fácil y haya optado por analizar con mucha cautela las implicaciones políticas de tomar cualquier decisión, a pesar de las presiones que ha recibido desde todos los flancos para que se incline a uno u otro lado.

Varios sectores, en especial los Partidos Liberal y Farc, sectores de la izquierda democrática, así como Naciones Unidas y la propia JEP le piden a Duque que sancione la norma sin reparo alguno, pero otros como el Centro Democrático y la Fiscalía General de la Nación cuestionan varios aspectos del texto y le dicen que la objete.

En el Congreso, ya la JEP ha sufrido varios tropiezos, como que ya había sido devuelta de la Corte con ciertas modificaciones a lo aprobado por ambas cámaras legislativas, y que estuvo engavetada más de un mes antes de ser enviada a sanción presidencial.

Por qué sancionarla

La Presidencia de la JEP le pidió desde el 18 de febrero el Jefe de Estado que sancione la Ley Estatutaria “teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de Derecho”, y le pidió hacerlo “con carácter prioritario”.

La magistrada Patricia Linares, presidenta de esa jurisdicción especial, sostiene que en caso de ser objetada la norma, “en su ausencia (…) tenemos que acudir a la interpretación de normas superiores diferentes”.

Además, contrario a lo que ha dicho el fiscal general Néstor Humberto Martínez, la magistrada advierte que este modelo de justicia transicional fue creado “para garantizar que no habrá impunidad para quienes hayan cometido delitos de guerra y de lesa humanidad en el marco del conflicto”.

El Partido Liberal, entre tanto, a pesar de que se declaró independiente del Gobierno nacional, se mostró contrario a las críticas del Fiscal a la Ley Estatutaria. En ese sentido, ayer se conoció una declaración del jefe único de esa colectividad, César Gaviria.

“Confío en que el presidente Iván Duque sancione la ley, que de hecho ya se retuvo indebidamente en el Congreso. Si él, su partido (Centro Democrático) o el Fiscal General creen que hay que repetir discusiones jurídicas y políticas que ya se dieron con todo detalle, en los últimos dos años, que presenten proyectos al Congreso y allá discutiremos la juridicidad y conveniencia de las modificaciones, con la seguridad de nuestra parte que no avalaremos nada que ponga en riesgo algo de lo que hemos avanzado en materia de paz, reconciliación, justicia, verdad y reparación”.

Gaviria, además, dice que los reparos del Fiscal General “son una vieja discusión” que ya quedó superada con la ratificación de los acuerdos en el Congreso y la aprobación de la Corte Constitucional.

Otros sectores también han reclamado la inmediata sanción de la Ley Estatutaria. La representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, defiende la norma, pues asegura que no solo es la espina doral del proceso de paz sino que “hay que darle tiempo para que muestre su efectividad”.

Por qué objetarla

En el otro bando están los sectores que le han pedido al gobierno de presidente Duque que objete la norma. El Fiscal General, en primer lugar, formuló cuatro reparos jurídicos a la norma –no podría juzgar a reincidentes de delito de narcotráfico; tampoco delitos como secuestro, narcotráfico y homicidio; tampoco delitos relacionados con el conflicto e impunidad para crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Por eso consideró “inconveniente” que el Presidente de la República sancione la norma.

Por su parte, el senador y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, en varios trinos no solo le pidió a Duque objetar sino “eliminar la ley” y crear otra.

Uribe planteó para ello siete razones: (1). Se mantiene competencia sobre delitos de ejecución permanente después de la firma. (2). No se eliminan todos los beneficios a los reincidentes. (3). No hay acción penal sobre autores materiales de delitos atroces, y sobre los cabecillas impunidad total. (4). Se prohíbe a la Fiscalía la práctica de pruebas. (5). Prácticamente cierra las posibilidades de extradición. (6). Los delitos sobre menores quedan también en impunidad. (7). Bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla

Lo que más preocupa al uribismo es que delitos sexuales contra menores sean juzgados como conductas conexas al conflicto armado, y que los miembros de la Fuerza Pública sean llevados a tribunal en las mismas circunstancias que “los terroristas”.

Al respecto, el representante Edward Rodríguez (Centro Democrático) considera que el problema de la JEP “son los jueces, que no son los más confiables, pues los que imparten justicia no deben tener sesgos políticos”.

Este último tema, el de los jueces, fue derrotado en la discusión legislativa, pues el uribismo pedía ampliar en 16 el número de magistrados de la JEP. Y el segundo, el de la conexidad de los delitos sexuales contra menores fue eliminado por la Corte en su revisión, lo que le da poco margen de maniobra al Presidente de la República para objetarlos por razones políticas.

Duque tiene la palabra

El presidente Duque ya anunció que no piensa “entrar en controversias” con lo Corte Constitucional frente al tema de abusos sexuales contra menores, pero dejó entrever que está “considerando la posibilidad de presentar una nueva legislación que garantice que este tipo de delitos contra menores de edad no quede impune ni sea objeto de beneficios por la Justicia Transicional”.

“Es preferible tener Ley Estatutaria de la JEP que no tenerla porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa”, señaló el Primer Mandatario, lo que haría pensar que la Ley Estatutaria de la JEP será sancionada sin reparos.