Alejandra Barrios Cabrera, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), respalda integralmente los reparos de la Procuraduría al proyecto de reforma al Código Electoral que cursa en el Congreso de la República.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ha visto lo aprobado hasta el momento del Código Electoral?

ALEJANDRA BARRIOS CABRERA: Ya estamos en lo que es el tramo final del trámite legislativo, hasta el momento es el único proyecto que ha tenido trámite de urgencia. Eso significa que llegó con respaldo de diferentes sectores, Registraduría, Consejo Electoral, Consejo de Estado y el Gobierno.

Entre las organizaciones políticas, y en la MOE, existe consenso de tener un Código Electoral actualizado y que compile en una sola norma toda la legislación al respecto que tenemos dispersa. Es una deuda que tenemos desde antes de la Constitución de 1991

ENS: ¿Qué piensa de los reparos que hizo el procurador a este proyecto?

ABC: Estamos de acuerdo. El procurador le dice al Congreso que es necesario hacer esa compilación de normas y nosotros esperamos que este haya leído con mucha calma todas las recomendaciones, mismas que nosotros compartimos, y que sí se pueden incluir dentro de este Código Electoral y de paso incluir tres normas que son muy importantes: el Estatuto de la Oposición, los Mecanismos de Participación Ciudadana y los Estatutos internos de los partidos. Tampoco hay nada de la financiación de las campañas, lo que se ha hecho es retirar normas que establecían estándares de transparencia en el ejercicio electoral.

Hay otro grupo de normativas como la ampliación de la nómina de la Registraduría, que menciona el procurador, que también compartimos porque se está haciendo sin análisis de costos, de conveniencia. Pero claro, compartimos también la opinión de varios congresistas de que fortalecer la Registraduría es fortalecer su capacidad técnica y presupuestal

ENS: También se habla de la necesidad de revisar el tema de género. ¿Qué opina la MOE?

ABC: Es fundamental revisar ese tema, ahí vemos apenas un paso iniciado al pasar de 30% al 50% de la participación de la mujer en la conformación de las listas  con una excepción, y es que en aquellas competencias electorales en las que se asignen cinco curules o menos no se va  a llegar al 50% sino que se mantiene el 30%.

Esto significa que no estamos hablando de universalidad sino que seguimos manteniendo una distinción odiosa donde obviamente el objetivo debe ser el 50 en todas las listas conformadas por hombres y mujeres. Y en listas impares se debe definir si es un hombre o una mujer quien debe terminar de confirmar esa agrupación.

Pero sobre todo no se están generando los mecanismos a través de los cuales realmente se incentive a las organizaciones políticas a que las mujeres que están en las listas puedan competir en mejores condiciones  que las que tienen actualmente, y eso significa recursos para la financiación de las campañas políticas y mecanismos de selección objetiva de los candidatos. Tenemos que eliminar de nuestro léxico el tema de las ‘mujeres relleno’, es decir, no estar buscando a último momento el nombre de mujeres que les ayuden a completar las listas sino verdaderas lideresas que hay muchísimas en todo el país. Es necesario que las mujeres no solamente participen sino que realmente sean tomadoras de decisiones.

ENS: Una de las grandes preocupaciones es que se derogue la Ley de Garantías. ¿Qué opina la MOE sobre este tema?

ABC: Tenemos la misma preocupación de la Procuraduría y lo hemos expresado desde que comenzó la discusión de este proyecto. El único punto que puso en riesgo toda la propuesta de Código Electoral fue realmente ese. Lo que están eliminando son las provisiones de uso de bienes, de recursos del Estado para favorecer campañas políticas, y además se está eliminando la posibilidad de hacer contratos interadministrativos así como contratación directa cuatro meses antes de las campañas.

Eliminar esto es bajar los estándares de transparencia que se están exigiendo para que las campañas políticas no puedan ser la excusa a través de la cual se fortalece el sistema clientelar para ganar elecciones. Respaldamos la idea de la Procuraduría de permitir los contratos interadministrativos en la medida en que se demuestre que solamente determinada entidad del Estado pueda hacer esa actividad o determinado producto. Estamos totalmente  en contra de que se permitan ampliar las nóminas en el nivel local y regional, cuatro meses antes de las elecciones.