Por más de tres décadas la alianza geopolítica entre Colombia y Estados Unidos ha marcado el ritmo de las relaciones internacionales de nuestro país, no solo frente a la potencia del norte, sino a nivel continental y global.

De hecho, a finales de mayo la Casa Blanca elevó a Colombia al estatus de “socio estratégico por fuera de la OTAN”, una prerrogativa que solo Brasil y Argentina comparten en esta parte del planeta. A ello se suma que en las sucesivas reuniones y contactos sostenidos por los presidentes Joe Biden e Iván Duque en meses recientes, ambos mandatarios recalcaron la fortaleza de la alianza e incluso la necesidad de dimensionar la agenda más allá del siempre imperante tema de la lucha antidroga.

Es más, en el último mes se produjeron dos hechos clave en el marco de esta sociedad de largo aliento. De un lado, el Gobierno y el Congreso norteamericanos dieron vía libre a la ayuda de 471 millones de dólares al Plan Colombia, confirmando a nuestra nación como la mayor receptora de aportes económicos de ese país en el hemisferio occidental.

Y el jueves pasado se dio a conocer el informe de la Oficina de la Casa Blanca sobre Política Nacional para el Control de Drogas, según el cual al cierre de 2021 en nuestro país había 234 mil hectáreas de narcocultivos, un 4,7% menos que las 245 mil hectáreas en 2020. Si bien en este cuatrienio no se pudo, al tenor de este reporte, disminuir de manera sustancial la extensión de sembradíos ilegales y Colombia continúa siendo el principal productor y exportador de cocaína en el planeta, es claro que la coordinación en el combate al narcotráfico entre ambas naciones se mantiene, tema clave en un continente en donde el regreso de gobiernos de izquierda a Perú y Bolivia pone peros a la estrategia de represión a todos los eslabones de este negocio ilícito.

A lo anterior se suma que en virtud de la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) -que acaba de cumplir 10 años de vigencia-, Estados Unidos se consolidó como el principal socio comercial de Colombia. También es innegable que tanto en los gobiernos Obama como en el de Trump, e incluso en el actual de Biden, el apoyo de Washington a la negociación y la implementación del acuerdo de paz ha sido clave.

A ello se suma que, por ejemplo, en la crisis por la pandemia de covid-19 el gobierno Biden es el que más vacunas y equipamiento médico ha donado a Colombia.

También debe tenerse en cuenta que desde los gobiernos Pastrana, Uribe, Santos y Duque, la Casa de Nariño se ha alineado históricamente con la Casa Blanca en muchas decisiones geopolíticas. En el último cuatrienio, por ejemplo, se respaldó la cruzada contra la dictadura venezolana, las críticas a los regímenes autoritarios de Cuba y Nicaragua así como, más recientemente, las posturas contra Rusia por su invasión a Ucrania a finales de febrero pasado.

De hecho, Colombia es “socio global” de la OTAN con el visto bueno de Washington, que también ha sido clave para que entidades de crédito multilateral como el Fondo Monetario Mundial o el Banco Mundial faciliten el acceso de nuestro país a estratégicos créditos de contingencia, claves sobre todo en medio de la crisis pandémica y el proceso de recuperación socioeconómica.

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¿Y ahora?

Visto todo lo anterior, es claro que una de las mayores preguntas que en estos momentos persiste tanto en Colombia como en Estados Unidos es qué pasará con esa alianza geopolítica ahora que un gobierno de izquierda, en cabeza de Gustavo Petro, que además tendrá mayorías en el Congreso, asume el poder por primera vez en la historia de nuestro país.

Si bien Petro siempre ha sido muy crítico de la alianza bilateral e históricamente ha tenido posturas contra Washington, es claro que ya como Presidente electo se muestra cauteloso, más aún después de que apenas unos días después de su elección, el pasado 19 de junio, recibió las llamadas, primero, del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y luego del propio Biden, con quienes habló de su interés en mantener una relación fluida, proactiva y respetuosa.

Es más, para algunos expertos el hecho de que la Casa Blanca, en medio de sus maniobras para disminuir la dependencia global de los hidrocarburos rusos, en el marco de las sanciones a Moscú por la invasión a Ucrania, esté en acercamientos con el régimen venezolano, evita que la intención de Petro de empezar a restablecer gradualmente las relaciones con el gobierno chavista de Nicolás Maduro, genere un corto circuito en la alianza geopolítica entre Colombia y Estados Unidos.

Por igual, resulta evidente que hay una intención de Washington de acelerar la interacción con Petro, y prueba de ello no solo fueron las conversaciones en tiempo récord que sostuvieron Blinken y Biden con el mandatario electo, sino el anuncio esta semana en torno a que una delegación de primer orden de la Casa Blanca vendrá a Bogotá en próximos días para iniciar un diálogo de alto nivel con el entrante gobierno colombiano.

De hecho, ya a mitad de la semana que termina hubo una primera reunión de empalme entre los voceros de Petro con la embajada estadounidense en Bogotá. Allí, según lo confirmó el saliente senador Luis Fernando Velasco, quien sería el próximo Secretario General de la Presidencia, se plantearon temas de alto calado, como la posibilidad de una renegociación parcial del TLC.

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Murillo al frente

Por el momento, como se dijo, Petro apuesta por un arranque cauteloso con el gobierno Biden. La designación esta semana del exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, como nuevo embajador en Washington envía varios mensajes.

De un lado, el dirigente chocoano se mueve muy bien en los círculos de poder en Estados Unidos, y tiene contactos tanto con el partido Demócrata como con el Republicano. Incluso para poder acceder al cargo diplomático tendrá que renunciar a la ciudadanía norteamericana.

El nuevo embajador es, además, un conocedor a fondo del tema ambiental, lo que será clave a la hora de abordar temas de la agenda bilateral como el cambio climático o la transición energética. Incluso su experticia en este campo será determinante cuando haya que sustentar ante la Casa Blanca o el Congreso de ese país las razones para no reimplantar el uso del glifosato en las aspersiones aéreas para erradicar narcocultivos, un tema que Washington venía insistiéndole al gobierno Duque pero que este no pudo viabilizar por decisiones de instancias judiciales y de licenciamiento ambiental internos.

Por ahora, es obvio que el gobierno Petro sabe que solo hay acercamientos preliminares con la Casa Blanca y que todavía no se han puesto sobre la mesa los asuntos de mayor complejidad, como los ajustes a la extradición de colombianos, un posible nuevo enfoque en la lucha antidroga, el grado de distensión con el régimen Maduro, la participación de fuerzas colombianas en operaciones militares conjuntas, la viabilidad de una renegociación del TLC o la misma postura de Colombia ante la invasión rusa a Ucrania o las condenas del gobierno Biden a los gobiernos autoritarios de Cuba o Nicaragua, entre otros.

Habrá que esperar los resultados de la reunión de alto nivel de los próximos días entre las delegaciones del gobierno entrante de Petro y el de Biden para vislumbrar si el aterrizaje de la nueva era de las relaciones bilaterales será tranquilo y con ajustes graduales, o si las diferencias políticas, ideológicas y de enfoque prioritario sobre los intereses particulares de cada país llevarán a un aterrizaje forzoso y accidentado.