Una de las tendencias en las reformas que el gobierno Petro ha presentado durante su primer año y un mes de mandato es, sin duda alguna, el regreso a la estatización en la prestación de bienes, productos y servicios, lo que ha implicado que el flanco más crítico de todas sus iniciativas legales y constitucionales sea, precisamente, el ataque directo a la participación del sector privado en muchos ámbitos del día a día de los colombianos.

Al decir de no pocos tratadistas, esta tendencia política del primer gobierno de izquierda en el país evidencia claramente un intento de regreso a esquemas y corrientes ideológicas muy de moda en las décadas de los 60, 70 y 80, en donde las administraciones se inclinaban por aumentar lo más posible la presencia e injerencia del Estado en las actividades políticas, económicas, sociales e institucionales.

Esta tendencia, que es propia de los gobiernos de izquierda y populistas de vieja y nueva data, ha sido una marca reiterada en los últimos 20 años en Latinoamérica, sobre todo en los mandatos derivados de la corriente del llamado Socialismo del Siglo XXI. 

Las decisiones de estatización de muchos servicios y medios de producción en Bolivia (bajo la era de Evo Morales), Venezuela (en el régimen chavista), Argentina (en los mandatos kirchneristas), Ecuador (durante las administraciones de Correa) e incluso en México (durante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador), evidencian que bajo la mampara de atacar los desequilibrios socioeconómicos derivados del neoliberalismo y el neocapitalismo, los gobiernos de izquierda buscan disminuir lo más posible o, incluso, erradicar el rol de la empresa privada y de las instancias no oficiales en los sistemas pensionales, educativos, de salud, agrarios, de servicios públicos, energéticos, de producción de bienes estratégicos (desde el petróleo hasta la energía).

Un análisis de las cuatro reformas principales de la administración Petro  comprueba que quiere enrutar a Colombia en esa misma corriente gubernamental, como lo evidencia la forma en que en cada una de esas iniciativas se quiere marchitar la participación de la empresa privada y aumentar el rol ya de por sí superlativo del Estado.

Precisamente, ello explicaría por qué las reformas de salud y pensional están trabadas pendientes de segundo debate en las plenarias de la Cámara y el Senado, respectivamente, a pesar que han transcurrido 54 días de la segunda legislatura.

En tanto que la reforma laboral debió ser radicada nuevamente, la semana anterior por la ministra Gloria Inés Ramírez, debido a que en la primera legislatura se hundió por falta de trámite en la Comisión Séptima de Cámara en medio de la polémica de las bancadas, gremios económicos y de la producción por sus eventuales efectos negativos en la generación de empleo y la estabilidad de las empresas, especialmente las pymes, porque incrementaría sus costos.  

Reforma a la salud 

Como se sabe en este proyecto de ley la principal crítica de muchos sectores se debe a que quieren acabar con las EPS, disminuyendo con ello el papel principal que cumple el sector privado en el sistema en el aseguramiento del riesgo financiero y de salud.

También Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), ha manifestado su preocupación porque se quiere constituir un pagador de naturaleza pública universal, el Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), que se encargaría de pagar a clínicas e IPS por los servicios prestados, lo que en las últimas tres décadas han hecho las EPS.  

Acemi advierte que la reforma establece un monopolio estatal porque éste define la política, la regula, establece tarifas, se contrata, presta los servicios, se audita, se paga y se vigila. 

Por su parte Gestarsalud (Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud) dijo que el sistema esencialmente estatizado tendrá el centro de gestión en la Adres, “una entidad que se demorará mucho tiempo en tener las capacidades técnicas y de recurso humano suficientes para asumir las funciones que hoy cumplen las EPS: contratar servicios con clínicas y hospitales, auditar los servicios, revisar facturación y hacer eficiente el uso de los recursos”.

El proyecto gubernamental contempla que las EPS que quieran seguir en el sistema, pueden convertirse en gestoras de salud y vida. Conservarían sus actuales afiliados y podrán abrir sus propios CAPS (Centro de Atención Primaria en Salud). Además por la experiencia que tienen, apoyarían a la Adres en la auditoría de la facturación.

El argumento principal del Gobierno para la reforma es que el sistema no opera eficientemente en la parte financiera ni la prestación del servicio. Sin embargo llama la atención que el pasado lunes, la prestigiosa revista británica “The Economist” publicó un informe según el cual el sistema colombiano está entre los seis mejores del mundo.

La reforma de salud está pendiente de segundo debate en plenaria de Cámara, donde por proposición de algunos de los partidos que se oponen a los términos de la misma se creó una comisión accidental para que busque consensuar más de 400 proposiciones para ajustar el texto.

El Partido Conservador, La U, Centro Democrático, Cambio Radical y parte de los liberales, incluyendo en este último a su jefe único el expresidente César Gaviria, consideran que la reforma apunta a estatizar el sistema.

Pensiones 

Uno de los puntos más polémicos de la reforma es que obliga a que los primeros 3 salarios mínimos sean administrados por Colpensiones, el fondo público, y solo quienes estén por encima, que es la minoría de la población, podrán elegir si quieren un fondo privado.

De esta forma sería reducida la participación del sector privado en el sistema, que ha sido de primer orden por medio de los fondos de pensiones y cesantías por más de tres décadas.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que la “reforma propuesta acabará con el mercado de capitales, pues al transferir el 80 % de las cotizaciones al Estado, el régimen de ahorro individual queda privado de manera grave de recursos frescos para invertir, hasta el punto de que pueda llegar a no ser atractivo para los actuales administradores”. 

En la actualidad Colpensiones tiene 6,7 millones de cotizantes y 1,6 millones de pensionados. Con la reforma recibiría los 18,8 millones de ciudadanos que están en los fondos de pensiones privados.

El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, señaló también que el proyecto golpea la generación de ahorro previsional y, como consecuencia, el ahorro macroeconómico del país. Por efecto del artículo 24, “estimamos que solo una quinta parte de las contribuciones serán ahorradas y el resto se irá al fondo común a pagar las pensiones de quienes ya están pensionados en Colpensiones”.

La reforma pensional está pendiente de segundo debate en la plenaria del Senado. Esta semana en la Comisión Séptima de la Corporación hubo una audiencia pública en donde diferentes sectores manifestaron sus impresiones, varios de ellos sus preocupaciones.

Laboral 

Las principales críticas a la reforma son porque según los gremios y entidades como el Banco Emisor no genera empleo y sí eleva los costos a las empresas. También hay voces que previenen que el Estado quiere crecer en su influencia en el sistema. 

Por ejemplo, Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) propone “prohibición de la intervención del Estado en la formación o dirección de sindicatos”.

En cuanto a la huelga de los trabajadores de servicios públicos varios gremios han manifestado sus preocupaciones sobre lo que contempla la reforma. 

Acolgen, Naturgas  y Andesco advirtieron al Gobierno que el proyecto “supone que el ejercicio del derecho ‘puede’ comprometer servicios esenciales y, como ya se indicó, el ordenamiento jurídico colombiano y el desarrollo jurisprudencial ha indicado, según la Honorable Corte Constitucional que no procede la huelga en la prestación de los servicios públicos esenciales”.

La reforma laboral, como se dijo, acaba de ser radicada por el Gobierno y espera ponencia para primer debate en la Comisión Séptima de Cámara.

Educación

Cuatro de las principales universidades privadas del país (Los Andes, la Javeriana, La Sabana y EAFIT, pidieron al Gobierno hacer cambios en el proyecto de ley estatutaria de educación, para lograr un sistema pluralista, moderno, incluyente, equitativo, pertinente, sostenible y con calidad,  y que garantice el acceso progresivo de todas las personas.

Entre los cuatro puntos que proponen los rectores de esta instituciones está reconocer la importancia de un sistema mixto en la garantía progresiva del derecho a la educación. "Se debe resaltar la importancia de su carácter mixto. Aunque los proyectos de norma reconocen que la prestación del servicio público educativo corresponde a actores públicos, privados o mixtos, es indispensable ofrecer garantías adecuadas para el fortalecimiento de cada uno de estos actores”, señalan.

Agregan los rectores que todos los actores son necesarios para avanzar en la garantía progresiva del derecho a la educación, como ha ocurrido hasta el momento, así como para evitar la regresividad del derecho. “Por tanto, es importante adoptar mecanismos que fortalezcan a los actores públicos, privados y mixtos”, indican.

Vale señalar que las pruebas estandarizadas evidencian que los estudiantes de instituciones privadas y mixtas tienen mejor rendimiento en comparación con los de instituciones públicas.

<DESTACA> Al transferir 80 % de cotizaciones al Estado, régimen de ahorro individual queda privado de manera grave de recursos frescos: Vargas Lleras