La Policía Nacional de todos los colombianos a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró afectar las finanzas criminales de alias “El Socio”, quien fue capturado en el año 2012 y condenado en el año 2013 por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, con la materialización de las medidas cautelares sobre 136 bienes muebles e inmuebles avaluados en 109.390 millones de pesos, pertenecientes a su núcleo familiar y a varios de sus testaferros.
Se trata de una investigación llevada a cabo por funcionarios de la DIJIN, que inició después de observar el incremento injustificado del patrimonio económico de “El Socio” y sus familiares desde el año 2010 hasta el año 2023; los peritos y analistas encontraron irregularidades en la trazabilidad de la adquisición de los bienes realizadas por las personas más allegadas a él; por lo que los investigadores se dieron a la tarea de establecer las actividades ilícitas, empresas involucradas, roles, contactos en Colombia y en el exterior (Ecuador y Panamá) así como recaudar elementos materiales probatorias y evidencia física que llevaron a la individualización, identificación de personas, modo delictivo y ubicación de los bienes de los cuales la propiedad material era de alias “El Socio”, pero jurídicamente se encontraban a nombre de terceros.
Una vez ubicados los bienes y teniendo en cuenta la contundencia de los elementos materiales probatorios, la Fiscalía autorizó a los investigadores para que aplicaran las medidas cautelares de secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio a 92 inmuebles, dentro de los que se encuentran 5 apartamentos, 2 casas, 4 edificios, 2 fincas, 8 lotes, 5 locales, 45 oficinas, 18 garajes, 1 deposito y dos parqueaderos; además a 9 vehículos, 1 establecimiento de comercio, 2 Sociedades comerciales y 32 títulos valores, que se encontraban ubicados en las ciudades de Bogotá D.C, Barranquilla – Atlántico e Ipiales – Nariño, y en los municipios de Cajicá- Cundinamarca, Melgar-Tolima, Palestina-Caldas y Barbosa-Santander.
Los bienes afectados fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).