Los próximos 10 meses estarán marcados por las movidas políticas que desembocarán en las elecciones del 27 de octubre

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Tras un agitado año electoral, mañana arranca otro que promete no ser menos movido.

Para el 27 de octubre la ciudadanía (es decir, colombianos mayores de edad que hagan parte del censo electoral y vivan en el país, así como extranjeros residentes en Colombia) está convocada para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles para el período 2020 – 2023.

10 meses parece mucho tiempo, pero en su transcurso se tomarán decisiones clave con respecto a precandidatos que ya están hace rato en campaña y los que vayan surgiendo en el camino. De hecho, todos los partidos estarán adelantando convenciones, congresos o asambleas para definir las personas que liderarán el apoyo a los candidatos, así como los lineamientos para otorgar avales y conformar coaliciones.

Este último punto será sustancial, porque los comicios regionales y locales serán escenario continuado del pulso que este 17 de junio ganó la centroderecha.

Si bien la votación por el presidente Iván Duque arrasó en casi todo el territorio nacional, consolidando el apoyo popular a la alianza liderada por el Centro Democrático, en algunas zonas, incluyendo varias capitales, los sufragantes se pronunciaron en sentido contrario, depositando una copiosa votación por el senador Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, respaldo que, sin embargo, en no pocos casos se había inclinado 20 días antes por el exgobernador Sergio Fajado, aspirante de la Coalición Colombia, integrada por el Polo Democrático, la Alianza Verde y Compromiso Ciudadano.

Esto es importante tenerlo en cuenta, porque de allí se desprenden muchos movimientos que ya se están dando. Un ejemplo claro es Bogotá, pues fue uno de los lugares donde no ganó Duque. La alerta ha sonado para que sectores de la centroderecha dejen de lado sus naturales desencuentros para concentrarse en un objetivo común: evitar que la izquierda vuelva a la Alcaldía.

Por supuesto, la izquierda ve en Bogotá, como en otras capitales, la oportunidad de disputar de tú a tú los cargos del Ejecutivo local. Un síntoma de los puentes que se han tendido entre facciones tan disímiles como las que representan los verdes, el Polo, el petrismo, el partido Farc y los seguidores de Fajardo se puede observar en el funcionamiento de la bancada de oposición en el Congreso.

Independientemente de lo anterior, los partidos tradicionales (Liberal y Conservador), pero también el uribismo, buscarán sacar los mejores resultados en número de alcaldías y gobernaciones, pero también de curules en asambleas, concejos y juntas administradoras locales.

Mención aparte merecen el Partido Social de Unidad Nacional (La U) y Cambio Radical, colectividades de las que los analistas estarán expectantes para certificar si se mantienen las tendencias decadente de la primera y ascendente de la segunda.

Sin embargo, una sombra se cierne sobre las aspiraciones de unos y otros: si lo que se dispone en la reforma política, que está a mitad de camino en el Congreso, alcanza a aplicarse en estos comicios.

En primer lugar está la lista cerrada, objetivo principal del proyecto del Gobierno, vía escogida para fortalecer y democratizar los partidos, pero que la oposición ve con mucho recelo.

Con todo, la principal prevención sobre la aplicación en octubre de ese mecanismo ha sido expresada no por antagonistas sino por amigos de la Casa de Nariño, a quienes no les parece que se cambien las reglas de juego cuando, como ya se dijo, algunos precandidatos están haciendo campaña hace rato; en cambio prefieren que se implemente la desaparición del voto preferente en 2023.

Todo esto deberá estar resuelto para el 27 de julio, cuando termina la inscripción de las listas de candidatos a las corporaciones locales y regionales.

Y no es la única cosa que podría hacer diferente esta elección a las anteriores. Por un lado avanza en el Congreso la reforma a la Ley de Garantías, aunque no parece tener tiempo de aprobarse y ponerse en práctica antes de octubre, y por otro camina con paso firme la segunda vuelta para escoger al Alcalde de Bogotá.

Las de octubre serán las primeras elecciones regionales del posconflicto, pero aunque las Farc ya no serán un factor de violencia política, la incertidumbre generada por el actuar del Eln, el Clan del Golfo y las disidencias guerrilleras continúa incólume.

Como si el compendio presentado hasta aquí fuera poco, en un reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) y del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria se urgió a que el Consejo Nacional Electoral “establezca los parámetros para que los partidos y movimientos políticos del nivel territorial puedan ejercer el derecho a la oposición a los gobiernos locales y departamentales” dando claridad a temas “como los tiempos que tendrán los partidos para hacer la declaración política y la forma en que se dará la participación en las mesas directivas de los concejos y asambleas”.

Una cosa más, pero no menos importante. En noviembre un informe de la MOE dio cuenta de tres modalidades de favorecimiento a financiadores de las campañas locales y regionales de 2015 (y que podrían repetirse ahora): 1. financiadores privados que recibieron contratos directamente de quienes quedaron elegidos; 2. financiadores de gobernadores electos que recibieron contratos en municipios pertenecientes al departamento y; 3. financiadores de campañas a la Alcaldía que recibieron contratos en distintos municipios del mismo departamento.