Con el inició el debate del proyecto de Ley Estatutaria de Educación 224 del año 2023 en el Senado de la Republica, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) manifestó su preocupación por el futuro de la educación por los vacíos que existen en la iniciativa.
La entidad critica la efectividad del proceso de escucha durante los debates en la Cámara. “Aunque se proporcionaron algunos espacios para la participación, las propuestas y preocupaciones del sector no fueron tomadas en cuenta en el proyecto, lo que indica que el ejercicio de participación ciudadana no fue genuino”, afirmó.
Adicionalmente, puso en consideración 8 aspectos del proyecto para que sean evaluados por el Senado en los siguientes debates.
En primer lugar, critica la interpretación que se ha dado al artículo 2° en relación con la educación, argumentando que ha llevado a una reducción del papel del Estado en este ámbito y que contradice el artículo 67 de la Constitución.
También afirma que limitar el alcance del proyecto de ley solo a la educación formal es regresivo, porque excluye todas las demás vías de educación y formación.
De igual forma, considera que dejar toda la carga de la educación sólo a las instituciones estatales puede terminar desbordándolas, incumpliendo con la garantía del derecho. Además, señala que el artículo 4° no reconoce explícitamente que nuestro sistema educativo es mixto.
En ese sentido, recalca que el proyecto prioriza el acceso ante la calidad, lo que representaría un incumplimiento en la totalidad de su derecho.
El quinto punto dice que en los artículos 5 (literal s) y 12 (literal o) el PLEE plantea restringir los procesos de participación democrática y debilitar la autonomía universitaria, al prohibir la democracia representativa en las comunidades académicas, con el riesgo de permitir la interferencia de los poderes políticos en la gobernanza de las IES.
La entidad plantea reconocer un equilibrio entre meritocracia y acciones afirmativas al eliminar el mérito en el sistema educativo.
Por otra parte, ASCUN asegura que la iniciativa carece de estudios del impacto fiscal que implica la progresividad de su aplicación. “Afirmar que el proyecto de ley no requiere análisis de impacto fiscal, refleja la inquietud del sector educativo sobre la falta de novedad en el proyecto”.
Finalmente, critica que se establezca la gratuidad total en las instituciones estatales, sin saber cómo se va a garantizar la sostenibilidad y la calidad en estas. Además, considera que promueve la financiación de la oferta, en lugar de una financiación integral de oferta y demanda, lo que podría dejar fuera a más de un millón de estudiantes que optan por la educación no estatal.
“Correr el riesgo de desestabilizar al país por promesas incumplidas es demasiado alto, por lo que consideramos fundamental abordar estos aspectos y nos disponemos desde ASCUN para seguir apoyando este proceso”, culminó el comunicado.