Doce meses atrás Colombia vivía uno de los momentos más críticos del gobierno Duque. El paro nacional que había sido decretado por las centrales obreras para el 21 de noviembre de 2019 no solo fue masivo en cuanto a gente marchando en las calles y protestando contra las políticas del Ejecutivo, sino que desembocó en una ola de asonadas en días subsiguientes que, incluso, obligaron hasta a sendos toques de queda en Bogotá y Cali.
El clima social y político era muy complicado. El desempleo venía subiendo pese a que la economía mostraba signos evidentes de mejoría. Sin embargo, en plena antesala de la negociación salarial el ambiente estaba muy caldeado debido a que los sindicatos advertían que el Gobierno se preparaba para presentar sendos proyectos de reforma pensional y laboral, en tanto que no había cumplido con las promesas de mayor inversión en las universidades públicas, hechas un año atrás. Si bien Duque y todo su equipo ministerial insistieron una y otra vez que no se estaba preparando ningún tipo de modificación a estos dos regímenes y que las inversiones en la educación se habían cumplido, al punto de ser el rubro más alto dentro del Presupuesto General, poco eco tenían esas explicaciones.
A lo anterior se sumaba que la Casa de Nariño venía afrontando una grave crisis de gobernabilidad, no solo por las andanadas de la oposición, sino porque se había visto forzada a perder al ministro de Defensa, Guillermo Botero, ante el riesgo de convertirse en el primer integrante del gabinete en ser blanco de una moción de censura desde que dicha figura fue creada en la Carta del 91.
De igual manera, el manejo de la coalición oficialista se estaba tornando muy complicado debido a las fisuras partidistas así como a los errores de varios ministros en la interacción con las bancadas gubernamentales. De hecho, Botero no se habría visto forzado a renunciar si la coalición duquista lo hubiera respaldado, pero no fue así.
Es más, uno de los proyectos que en ese momento hacía agua era, precisamente, el de la Ley de Crecimiento que el Ministerio de Hacienda había tenido que presentar de urgencia luego de que la Corte Constitucional tumbara, en octubre, la Ley de Financiamiento aprobada en diciembre de 2019, a modo de reforma tributaria para suplir parcialmente el hueco fiscal heredado del gobierno Santos.
De igual manera, la imagen del Presidente en las encuestas se encontraba muy golpeada, al punto que la desfavorabilidad estaba alrededor del 60 por ciento y la percepción generalizada era que al Gobierno le estaba faltando brújula.
Obviamente la combinación de los paros, el agitado clima social y la crisis en la gobernabilidad conllevaron a que a finales de noviembre el Ejecutivo se viera forzado a dar un timonazo. De un lado, decidió activar un proceso para superar la crisis en la coalición, teniendo como principal objetivo una readecuación ministerial, cuya primera movida fue designar al canciller Carlos Holmes Trujillo en la cartera de Defensa y en su reemplazo a Claudia Blum. Sin embargo, la mira estaba más alto: la posibilidad de buscar un acercamiento con Cambio Radical con el fin de buscar su apoyo en el Congreso y mejorar su gobernabilidad.
A ello se sumó que ante la necesidad de calmar en alguna proporción el agitado clima social, el Gobierno decidió incluir en la Ley de Financiamiento varias iniciativas de alivio social, como tres jornadas de Día Sin IVA al año, entre otras.
Y, por último, pero no menos importante, se dio apertura a la llamada “Conversación Nacional”, un proceso en el que el Gobierno citó, no solo a los integrantes del Comité de Paro, sino a muchos otros sectores con el ánimo de analizar posibles reformas políticas, económicas, sociales e institucionales, que incluso serían llevadas al Congreso.
Cambio de tercio
¿Qué ha pasado un año después? De hecho, el pasado jueves se llevó a cabo una protesta nacional, citado por el mismo Comité de Paro, pero no tuvo el eco ni el poder de desestabilización que el ocurrido un año atrás. De hecho, entre el fuerte invierno y la tragedia generada por el huracán Iota en el archipiélago de San Andrés, la movilización no tuvo mayor efecto, pese a que su pliego de peticiones era muy parecido al de noviembre de 2019.
Es evidente que el clima social y político de hoy no es que haya mejorado de manera ostensible frente al que imperaba hace un año (incluso estamos en la antesala de la negociación salarial y la sombra de las reformas pensional y laboral sigue vigente) ¿Entonces? Sencillo, la crisis generada por la pandemia del Covid-19 y su duro coletazo sanitario, económico y social han llevado a que las prioridades de las mayorías hoy sean otras: no contagiarse, conservar su empleo, recibir ayudas y subsidios, empezar a recuperarse económicamente e, incluso, volver a la normalidad lo más pronto posible.
Precisamente esa misma pandemia es la que le quitó todo el escenario a la “Conversación Nacional”, al punto de que las mesas que se venían desarrollando en el primer trimestre pasaron a un segundo plano cuando empezó la crisis por el Covid-19 y se decretaron las primeras cuarentenas. Es más, hoy la prioridad no es retomar ese proceso sino apostar todo al plan de reactivación económica y social pospandemia.
En cuanto a la recomposición gubernamental, Cambio Radical ya tiene dos cuotas directas en el gabinete y si bien continúa como colectividad independiente, la Casa de Nariño tiene un escenario menos hostil en el Congreso, pudiendo sacar avante algunos proyectos clave este año, pese a las trabas por las sesiones virtuales.
Es claro, igualmente, que los cambios ministeriales en el último año han logrado aplacar en alguna proporción los inconformismos al interior de la coalición oficialista. Por ejemplo, la intención de algunos senadores de La U de dividir la colectividad no progresó y, al final, solo hubo dos bajas.
Aunque la oposición ha endurecido su discurso contra Duque y hay una tempranera campaña presidencial, que tiene a Petro y Fajardo apuntándole todos los días al Ejecutivo, lo cierto es que el Jefe de Estado se ha concentrado en el billonario plan de contingencia anti-Covid-19, lo que le ha permitido recuperar terreno en las encuestas, llegando a estar meses atrás alrededor del 60 por ciento en favorabilidad, aunque en las semanas recientes ha empezado a bajar.
¿Entonces?
Así las cosas, no deja de ser paradójico el hecho de que la crisis de un año atrás era menos grave que la actual, y aun así el Ejecutivo tiene hoy un escenario político más favorable, mejor desempeño en las encuestas y un clima social menos caldeado.
Es claro que la pandemia impactó todos los sectores y cambió todas las prioridades. Es innegable que la aplicación del propio Plan Nacional de Desarrollo está en veremos y no son pocos los analistas que consideran que Duque, en los 20 meses que le quedan de mandato, no tendrá mayor margen de acción distinto a gerenciar el tramo que falta de la crisis sanitaria y el aún más complicado proceso de reactivación económica y social pospandemia.
Obviamente, un año atrás pocos habrían siquiera apostado que el gobierno Duque podría recuperarse de la crisis que por entonces tenía en varios frentes. Hoy, como se dijo, el escenario le es más favorable pese a que enfrenta el más grande desafío de las últimas décadas para el país.