A Duque, el Covid le cambió el norte | El Nuevo Siglo
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Domingo, 5 de Julio de 2020
Unidad de análisis
El gran timonazo al país nunca se dio, pero venía en buen rumbo hasta que la crisis sanitaria apareció y trastocó toda la hoja de ruta. El Jefe de Estado pasó de gerenciar su Plan de Desarrollo a gerenciar la emergencia y la pospandemia 

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El próximo 7 de agosto el presidente Iván Duque cumplirá la primera mitad de su mandato. Años atrás solía decirse en los corrillos políticos que a partir de esta fecha el mandatario de turno empezaba a tener el sol a sus espaldas y que la pendiente de su periodo cambiaba de forma drástica, tomando una bajada que lo llevaba rápidamente al final de su gestión. Hoy esa visión ya está revaluada y prima la tesis de que la segunda mitad del mandato es, precisamente, la etapa más importante porque es allí en donde el Jefe de Estado cosecha lo sembrado y tiene la oportunidad de dejar huella y aplicar en toda la dimensión su programa de gobierno.

¿Ahora que llega al meridiano de su periodo cómo le ha ido a Duque y cuáles son las perspectivas para lo que le resta de mandato? No se trata de un interrogante fácil de responder, ya que hay muchas aristas que deben analizarse para poder proyectar un corte de cuentas objetivo y realista.

La popularidad, por ejemplo, no es un indicador muy fiable, puesto así como en estos 23 meses hay lapsos en donde el Ejecutivo ha logrado tener altos niveles de aceptación y apoyo, en otros la caída de ambos indicadores ha sido crítica. Para la muestra un botón: al comienzo de 2020 Duque estaba en rubros muy bajos, luego se disparó en medio del manejo de la pandemia del Covid-19, y ahora parece que empieza a bajar lenta pero sostenidamente, producto de un país desgastado por la larga cuarentena y la curva ascendente de la epidemia.

Descartado el anterior ítem, el balance, entonces, podría partir de lo que fueron las principales promesas de campaña y qué tantas se han cumplido a cuatro semanas de llegar a la mitad del gobierno.

Bajo esta arista es claro que uno de los motivos que llevaron a 10,3 millones de colombianos a votar por Duque en la segunda vuelta de junio de 2018 fue su planteamiento de que el país necesitaba un “timonazo” que le cambiara el rumbo fijado por el mandato de Juan Manuel Santos tras ocho años en la Casa de Nariño.

¿Se dio ese ‘timonazo’? Para no pocos analistas es claro que si bien se han presentado ajustes en políticas y énfasis gubernativos, en muchas de ellas no hay un rompimiento drástico frente a la marcha que ya traía el país con Santos. Es más, en no pocos frentes hubo continuidad de las estrategias dado su enfoque de largo plazo.  

Si bien es cierto que Duque tiene una agenda muy amplia de reformas por proyectar, hasta el momento la mayoría sigue sin concretarse. Ya sea porque su coalición partidista no domina el Congreso o porque otras coyunturas políticas, sociales y económicas se han atravesado, los cambios de fondo que había prometido en el campo laboral, pensional, judicial, político, ambiental y de otra índole siguen pendientes. Lo que se ha avanzado desde el punto de vista administrativo o legal ha sido muy poco frente a las propias expectativas de “timonazo” al rumbo del país que el Presidente fijó tanto en su posesión como en el corte de cuentas del primer año.

De otro lado, es evidente que si bien su elección se dio en medio de uno de los más marcados escenarios de polarización política de la última década, Duque no ha hecho un gobierno marcadamente ideologizado hacia la centro-derecha y menos aún a la derecha radical que enarbola una parte del uribismo. De hecho, en los comicios regionales de 2015 lo que se evidenció fue un avance de los candidatos de centro e independientes en las alcaldías de las principales capitales, pero esa variación en el mapa político no ha generado ningún pulso político de gran espectro.

En estilo de gobierno sí hay cambios. A diferencia de sus dos antecesores que todos los días tenían los guantes calzados para ‘fajarse’ en controversias políticas defendiendo sus respectivos énfasis gubernativos (“Seguridad democrática” en el caso de Uribe y la paz con las Farc, en Santos), Duque se ha distinguido por un estilo de gobierno menos beligerante e impactante, de corte más gerencial, enfocado en un sistema de procesos y resultados. Todo ello lo reflejó en un Plan Nacional de Desarrollo que tiene un corte desarrollista, moderno, con políticas de largo plazo y en el que la economía naranja se convierte en el eje transversal de la gestión.

Obviamente para una opinión pública que venía acostumbrada a 16 años de dos presidentes de amplia exposición mediática y beligerancia política permanente, el estilo Duque no fue fácil de asimilar. De hecho, ese corte gerencial en su forma de manejar al país le costó inicialmente en materia de imagen y favorabilidad, al punto que no pocos sectores asimilaron su manejo tranquilo de lo público con una presunta inexperiencia propia de su juventud y de su poca trayectoria en altos cargos antes de llegar a la Casa de Nariño.

Los énfasis

¿Y, entonces, el ‘timonazo’? La verdadera respuesta a ese interrogante pasa casi que exclusivamente por vislumbrar qué ha pasado con la prometida reforma al proceso de paz firmado por Santos con las Farc, que se convirtió en el principal ‘caballito de batalla’ de la campaña uribista, y que incluso polarizó al país cuando la contienda por la Casa de Nariño quedó reducida a un candidato que, como Duque, representaba a amplios sectores que consideraban que se requería corregir de forma sustancial lo negociado, frente a Gustavo Petro, el principal alfil de la izquierda que siempre insistió en que lo negociado debía respetarse e implementarse tal cual fue suscrito.

¿Se reformó sustancialmente el pacto con las Farc? La respuesta es sencilla: no. Si bien el Ejecutivo ha tratado de hacerlo, incluso presentando unas objeciones al acto legislativo que instituyó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), al final no logró conformar el suficiente apoyo político y legislativo para forzar una corrección a lo negociado, sobre todo en cuanto a la no participación de los desmovilizados en política y la necesidad de que primero fueran juzgados y condenados, aportando, además, verdad, justicia, reparación y garantía de no reparación efectivas.

En este campo de la principal bandera de campaña hay, en realidad, cuatro hechos concretos: primero, el congelamiento inicial y luego la ruptura de la negociación de paz con el Eln ‘heredada’ del gobierno Santos (tras el atentado terrorista a la Escuela General Santander); el cambio que significó pasar de un mandato que había hecho de la agenda de paz su principal y casi único énfasis gubernativo, a un Presidente que puso al país a pensar en otras prioridades como la economía naranja, dejando la implementación del acuerdo con las Farc como una política más dentro de muchas otras; en tercer lugar, una reforma constitucional que estableció que el secuestro y el narcotráfico no serán conductas penales conexas al delito político, lo que impacta de aquí en adelante cualquier proceso de negociación política con un grupo armado ilegal; y, por último, una política internacional sólida en que no se tolera la mínima connivencia o complicidad con estos grupos ilegales, y de allí el distanciamiento y denuncia permanente a Venezuela y Cuba.

 

Altibajos en seguridad

¿Y en materia de seguridad y orden público? Para nadie es un secreto que desde el gobierno Santos el principal error del Estado fue no haber consolidado la presencia institucional en las zonas dejadas libres por las facciones de las Farc que sí se desmovilizaron.

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Reversar ese ‘pecado original’ le ha costado mucho al gobierno Duque. De hecho, hoy las disidencias de las Farc tienen más de 4.600 efectivos y actúan en 22 departamentos. El Eln, a su turno, también ha crecido en pie de fuerza y capacidad de desestabilización. Unas y otras tienen a Venezuela y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro como su retaguardia estratégica. A ello se suma que bandas criminales tipo ‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’ o ‘Los Pelusos’, han aumentado su accionar regional… A esos factores de violencia se les han asestado duros golpes en estos dos años pero ninguno lo suficientemente sustancial para frenar su expansión y peligrosidad.

En cuanto al narcotráfico, una vez más a Duque le tocó la difícil tarea de enfrentar una ‘herencia maldita’, tras una expansión de narcocultivos por cinco años seguidos, dejando la extensión de estos sembradíos por encima de las 200.000 hectáreas. Todo un fracaso antidroga. Dos años después, luego de reformar toda la estrategia, el principal y muy importante logro del actual Gobierno ha sido lograr frenar esa escalada alcista de los sembradíos, aunque el potencial de producción no ha bajado sustancialmente. También se han alcanzado récord en incautación de cocaína, al tiempo que se logró reabrir la posibilidad de volver a las fumigaciones aéreas con glifosato y se restringió la licencia que había para consumir alucinógenos en sitios públicos.

En cuanto a delitos de alto impacto, hay avances significativos en la primera mitad del mandato Duque. La tasa de homicidios es hoy de 23,3 por cada 100.000 habitantes, la más baja en 46 años. Así las encuestas de percepción señalen que hay un pico de inseguridad ciudadana, lo cierto es que los índices de robos a personas, comercios y residencias también bajaron, al igual que secuestros y extorsiones. Pero hay lunares y muy notorios, como los robos de teléfonos celulares o la racha de homicidios de líderes sociales y desmovilizados de las Farc.

 

Economía, lo de mostrar

Si tuviera que señalarse el flanco más productivo del gobierno Duque es claro el económico sería el elegido. A mediados de 2018, el Producto Interno Bruto había crecido en 2,8%. Al cierre de ese año ese indicador llegó a 2,7%, lo que significó una notable aceleración frente al 1,4% de 2017. Ya para el primer semestre de 2019 la economía colombiana crecía a un optimista 3,05%, terminando ese año en 3,3%, el más alto desde el 2014. De hecho, Colombia fue el país de mejor comportamiento en América Latina.

Hasta allí todo marchaba viento en popa, al punto que se apostaba por acercarse al cierre de este año al 3,7%, como mínimo. Sin embargo, llegó la pandemia del coronavirus (que comenzó en China en diciembre pasado y empezó a extenderse por Asia y Europa), crisis que rápidamente se mezcló con los efectos de la guerra comercial entre Pekín y Estados Unidos, al igual que con los altibajos en los precios del petróleo ¿El resultado de ese ‘cóctel’ mortal? El PIB del primer trimestre de este año cayó a 1,1%, muy distante del 2,9% de 2019.

Al igual que todo el planeta, es claro que la economía colombiana atraviesa un momento recesivo. No en vano los analistas nacionales e internacionales hablan del “peor semestre” de la historia. De hecho los cálculos sobre lo que podría pasar al final de este año señalan que el PIB podría estar entre -4% y -7%.

Tras la inversión de más de $40 billones en el plan de contingencia para enfrentar la pandemia, el panorama fiscal es, a todas luces, crítico. De hecho, ya se habla de la necesidad de una reforma tributaria en menos de dos años que ayude a recaudar no menos de 20 billones, en tanto que el endeudamiento como porcentaje del PIB llegaría a no menos del 60% del PIB.

Obviamente el coletazo económico de la pandemia va a ‘borrar’ mucha de la gestión económica de este Gobierno. De hecho ya todos los indicadores entraron en rojo: exportaciones, importaciones, productividad empresarial, inversión extranjera, construcción, industria… El desempleo, sin duda el principal dolor de cabeza en el flanco económico para el Ejecutivo, se disparó en los últimos dos meses, como consecuencia obvia de la cuarentena nacional, subiendo en más de dos millones de personas sin trabajo.

 

¿De gobernar a gerenciar?

Los observadores señalan tres grandes picos de crisis en estos dos años. El primero, en enero de 2019 cuando el Eln perpetró un atentado terrorista en pleno centro de Bogotá, todo un desafío para un gobierno uribista que tiene a la seguridad y el orden público como su principal bandera. El segundo, se dio a finales del año pasado, cuando la debilidad política del Gobierno llevó a la salida de un ministro antes de que el Congreso le aplicara una moción de censura, coyuntura que fue aprovechada por sindicatos y sectores de izquierda para lanzar una ola de paros sin precedentes.

Y el tercero, como es apenas obvio, es la actual pandemia del Covid-19, sin duda la emergencia sanitaria, económica, social e institucional más grave de las últimas décadas. Una crisis de tal dimensión que, sin duda alguna, no solo partió en dos este mandato presidencial sino que determinó indefectiblemente el rumbo de lo que será el segundo tiempo de Duque.

Es claro que tanto el Presidente colombiano como gran parte de los mandatarios de todo el mundo tendrán ahora que sacrificar gran parte de su agenda y programa de gobierno para dedicar su gestión, presupuesto y aparato institucional a enfrentar no solo la emergencia epidemiológica como tal, sino el aún más complicado proceso de reactivación de sus naciones en todos los aspectos.

En el caso específico de Duque sería ingenuo desconocer que su Plan de Desarrollo, que no ha cumplido ni siquiera un año de entrada en vigencia, ya quedó en un segundo plano. De hecho hay analistas que consideran que el perfil gerencial del Presidente ahora se aplicará principalmente a manejar todo el proceso no solo de la fase crítica de la pandemia, sino la complicada etapa de reactivación nacional.

En ese orden de ideas, no resulta exagerado concluir que, a punto de cumplir la mitad de su mandato, la mayor posibilidad que tiene Duque de dejar huella en la historia del país, es su capacidad para sacar a Colombia lo más rápido posible de la peor crisis de las últimas décadas. O al menos lograr que en 2022 la nación ya esté recuperando los indicadores y niveles económicos y sociales con que empezó este 2020, cuando el Jefe de Estado estaba concentrado en aprovechar su nueva y mayoritaria coalición política (que implicó la mayor cirugía al gabinete ministerial) para avanzar de una vez por todas su agenda de gobierno y las grandes reformas prometidas. Un plan que la emergencia sanitaria trastocó y ahora lo obliga a gerenciar no tanto su plan de gobierno, sino el coletazo de la pandemia, el nuevo norte colombiano.