Dentro de la propuesta de reforma laboral que entregó la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia) a la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, está que el Gobierno presente 10 proyectos de ley para ratificar acuerdos de la OIT. Así lo explicó Francisco Maltés, presidente de la CUT.

EL NUEVO SIGLO: El Gobierno invitó a trabajadores y empresarios a discutir la reforma laboral, ¿qué opina la CUT? 

FRANCISCO MALTÉS TELLO: Esta es una invitación al diálogo y a la concertación que hizo el compañero Presidente con respecto a que se hace necesario concertar un estatuto del trabajo, lo cual ha sido una petición histórica del movimiento sindical.

ENS: ¿Cómo se puede aterrizar esa iniciativa del jefe de Estado? 

FMT: El 8 de septiembre realizamos una conferencia nacional del trabajo, donde participaron más de 500 personas, varias embajadas, delegados de Naciones Unidas, de la OIT, y le entregamos a la ministra de Trabajo la propuesta de lo que consideramos debe ser la agenda nacional laboral, desde la perspectiva del movimiento sindical y en particular de la CUT.

ENS: Algunos puntos que quiera destacar de esa propuesta…

FMT: La reforma laboral que proponemos es un proceso que tiene tiempos y expedición de actos administrativos. Es una propuesta que hacemos para desarrollar a corto, mediano y largo plazo. Creemos que a corto plazo el Gobierno puede expedir siete decretos presidenciales que viabilicen algunas de las recomendaciones que ha hecho el Comité de Asuntos Laborales y Sociales de la OCDE, el Comité de Expertos y de Libertad Sindical de la OIT, como por ejemplo la negociación por rama de actividad económica, para que pueda haber negociación en el sector privado igual que la hay en el sector público.

Otro es para que las convenciones colectivas se puedan extender a todos los trabajadores y se vayan acabando los pactos colectivos; y para fortalecer el movimiento sindical para iniciar un proceso de reparación colectiva. Son decretos presidenciales que se pueden expedir ya.

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Un segundo bloque es lo que podemos llamar legislativo desde el punto de vista del Ejecutivo. El Gobierno creemos debe entregarle al Congreso 10 proyectos de ley para ratificar convenios de la OIT: el 135, el 149, el 157, el 185, entre otros, y eso es únicamente iniciativa del Ejecutivo por tener ese carácter de algunos trámites en la Cancillería; y también para que se derogue la Ley 789. 

Un tercer nivel es lo referente al Plan Nacional de Desarrollo, creemos que se debe fijar la política de trabajo decente; la política de los pisos mínimos de protección, como solicitó la Corte Constitucional; redefinir algunas políticas sobre el trabajo en casa; el trabajo doméstico.

Y el siguiente aspecto sí sería para el año entrante, como lo ha planteado el Presidente, y es que en este tiempo haya un proceso de concertación para desarrollar los principios del artículo 53.

Hay un quinto aspecto que lo llamamos de voluntad política, y es que el Gobierno puede acelerar por una directriz la conformación de los tribunales de arbitramento, que hoy se demoran tres años, acelerar las querellas, pues un querella se demora tres años.

E iniciar un proceso para ampliar las plantas de personal en el sector público con quienes cumplan funciones permanentes. 

ENS: ¿Cuándo consideran ustedes que se puede radicar la reforma laboral? 

FMT: El Presidente ha dicho que eso debería estar concertado para el primer semestre del año entrante, es decir, para el periodo de la legislatura que comienza en marzo. 

ENS: ¿Observan disposición de empresarios para concertar la reforma laboral, pues en la tributaria han mostrado reservas a pesar de que el Gobierno ha dicho que no lo vean como un impuesto sino como un aporte para reducir la desigualdad?

FMT: La reforma tributaria debe ser progresiva como lo ha planteado el Gobierno, quien más tiene más paga, y no se le puede seguir devolviendo impuestos a los empresarios como sucedió con la reforma tributaria del 2019, que el gobierno de Duque le regaló $12 billones, que es parte de la crisis fiscal que tiene el país.

Tenemos la mayor disposición de empezar lo más pronto las negociaciones para la expedición del estatuto del trabajo.