Tras el fallo del Consejo de Estado que estableció nuevas reglas para la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) criticó el alcance de la sentencia y expresó que no es una buena noticia, ya que lo que debe hacer el Gobierno colombiano es contratar de planta 800 mil trabajadores que tiene por esta vía.
En presidente de la CUT, Francisco Maltés, dijo que “esta sentencia que saca el Consejo de Estado ahora lo que pretende es negar los derechos de las personas, y decir que si hay más de un mes de interrupción ya no se considera que haya una vinculación que da para que puedan ser reivindicados los derechos. Lo que debió hacer es decir que todos los que cumplen funciones permanentes en las entidades deben ser de planta”.
No son pocos los analistas laborales que advierten que el problema con los contratos de prestación de servicios consiste en que muchos contratistas cumplen funciones permanentes, tienen horarios y jefes, pero las entidades no les pagan las prestaciones de ley, como vacaciones, cesantías, primas o salud y pensión. Por esta razón, muchas personas han demandado al Estado y ganado pleitos al respecto.
El problema, según varios dirigentes sindicales, es grave: “Cada año decenas de entidades terminarán contratos con miles de trabajadores y como ahora fallaron por el tema de los 30 días, entonces lo que veremos es a todas estas entidades demorando más de un mes la renovación de esta contratación para evitar futuras demandas”.
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Los sindicatos calculan que las entidades pertenecientes al ámbito nacional, alcaldías y gobernaciones tienen al menos 800 mil personas empleadas como contratistas. Según la CUT, entre las entidades que más usan la figura están el SENA y la Alcaldía de Bogotá, e incluso trabajadores que cumplen turnos estrictos, como las enfermeras.
Todos los años este tema aparece en los pliegos de negociación entre sindicatos y Gobierno. Incluso en 2019 el Ejecutivo firmó un decreto en el que se comprometía a reducir la cantidad de órdenes de prestación de servicios y ampliar las plantas de personal.
Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), expresó que “transcurridos dos años podríamos decir que ese decreto no ha cumplido su objetivo”.
De acuerdo al Consejo de Estado, el caso se dio por cuenta de una abogada en Medellín que demandó a una entidad pública que la contrató por cerca de cuatro años seguidos y ahora reclama sus prestaciones laborales.