EL NUEVO SIGLO: ¿Qué salió de la Audiencia de Seguimiento al Proyecto Eléctrico de Hidroituango que se realizó esta semana en Tarazá (Antioquia)?

MARÍA JOSÉ PIZARRO: Lo primero es que hubo una gran participación. Fueron más de 700 personas de distintos municipios del Bajo Cauca y salieron reclamos puntuales.

Por una lado, fue un gran logro el anuncio del Gobierno de que creará un Conpes para la región, pero también la exigencia continúa por parte de las comunidades, no solo de que en la construcción de ese Conpes puedan tener participación, que se pueda garantizar la voz de los municipios que aún no se encuentran incluidos en la zona de influencia del proyecto, que son los municipios del Bajo Cauca.

Entonces, esta esa solicitud por parte de la comunidad de que puedan asistir los líderes de las organizaciones, de los gremios, de la comunidad, de manera que esa voz pueda ser incluida en el diseño del Conpes.

Pero por otro lado, hay una exigencia y depende por una parte que los municipios del Bajo Cauca sean incluidos en la zona de influencia del proyecto y por el otro que haya una reparación en términos, no solamente de verdad y de acceso a la información, sino una reparación en la internización en los municipios del Bajo Cauca por lo sucedido, no solamente en esta emergencia, sino en la anterior.

ENS: ¿Qué puntos específicos les manifestó la comunidad?

MJP: Hay un malestar obviamente porque además a una hora hay un flujo inestable del caudal, unos días sube al 40% y al día siguiente baja al 20%. Hay afectaciones a los barequeros, a la comunidad de pescadores artesanales y también a los gremios de comerciantes.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que hay presencia de grupos armados en la zona, reclutamiento de niños, asesinato selectivo, desapariciones forzadas. Las cifras que presentan son bastante preocupantes y por el otro lado, hay un tema más grave y es el descenso del valor de las tierras en la zona. Han descendido más o menos un 70%, lo que puede dar lugar a posibles desfogos de tierra.

ENS: Tras esta audiencia, ¿qué compromisos se dieron con las entidades involucradas, se van a dar soluciones?

MJP: Tenemos que hacer un acta de la reunión, nos encontramos con ellos y le entregaremos el documento a los ministerios para que se realice un debate de control político sobre el tema.

ENS: Uno de los objetivos que ustedes tenían con esta audiencia era hacer seguimiento, ¿cómo lo harán?

MJP: Recaudando la información, solicitando los documentos, realizando los debates a los que haya lugar y obviamente, las denuncias que hay. Ahí nos están pidiendo responsabilidades jurídicas, indemnizaciones a la comunidad. Entonces, en ese sentido, nosotros estaremos acompañando a la comunidad y solicitamos que haya presencia de la Procuraduría, de la Defensoría, de la Personería para hacerle seguimiento a este caso.