El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, compartió una serie de documentos relacionados con el presupuesto ejecutado por parte de varias entidades del Estado en las instalaciones de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación.

“Encontramos una Presidencia, administrativamente hablando, muy robusta y con altos costos. Encontramos 12 altas consejerías y una alta cantidad de cargos", dijo Lizcano.

"Nosotros no vamos a gobernar con espejo retrovisor. Creemos que no se necesitan tantas altas consejerías. Solo las reducciones que hemos tomado le van a ahorrar este año al Estado $ 33 mil millones", agregó el director del Dapre.

Lizcano resaltó el trato que el presidente Gustavo Petro da a su equipo de trabajo: "es de los presidentes de Colombia que más escucha".

Prestación de servicios

Mauricio Lizcano, dijo que el presupuesto ejecutado por parte de varias entidades concepto de prestación de servicios en su concepto serían nóminas paralelas por la contratación de personal para los años 2021 y 2022 que ascendería a 4.5 billones.

Asimismo advierte algunas irregularidades encontradas, entre ellas se observa una política laxa en la supervisión de contratos de prestación de servicios, existe similitud en el objeto contractual a realizar a través de la prestación y las tareas propias de los funcionarios de planta, y finalmente se constató que algunas personas son beneficiadas de varios contratos en distintas entidades estatales.

Lizcano en su declaración recalcó: “la información brindada hace parte de los datos no verificados de personas que manifestaron presuntas irregularidades sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que en todo caso entrarán a realizar las verificaciones de rigor en el futuro”.

Le puede interesar: MinInterior pide "apoyo popular" a Reforma Tributaria

El funcionario manifestó la necesidad de realizar una auditoría sobre estos contratos. Sin embargo, la Fiscalía estableció que la revisión de los documentos mediante una labor de escrutinio fiscal no es competencia del ente acusador por cuanto se desbordan las funciones y competencias de la entidad.

Lizcano también precisó que “no todos los contratos de prestación de servicios,  son corrupción, estamos hablando de los contratos de personas que no van a trabajar, es decir ‘corbatas’ dentro del Estado”, dijo para finalmente insistir en que  muchos contratistas “no van a trabajar” y sí recibieron los pagos.

Igualmente se detectó que no había control en la supervisión de los contratos: “hay personas que tienen muchos contratos y es difícil que una persona que tiene 4 o 5 o muchos contratos a la vez, pueda cumplir”.

“La corrupción tiene muchas facetas,  una de ellas son las nóminas paralelas, el señor Presidente lo anunció y ustedes saben la orden de acabar con las nóminas paralelas del Estado”, afirmó.

Explicó que entre los contratos encontraron que los objetivos de los mismos son similares a los que ya cumplen los funcionarios públicos, es decir que se hacía doble contratación.

La Fiscalía General

A través de un comunicado que se conoció en la tarde de ayer, la Fiscalía informó que los documentos suministrados por Mauricio Lizcano, director del Dapre para iniciar investigaciones, no le competen a esa entidad y remitirá la situación a la Contraloría.

Según Fiscalía, Lizcano en su declaración recalcó que “la información brindada hace parte de los datos no verificados de personas que manifestaron presuntas irregularidades, sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que en todo caso entrarán a realizar las verificaciones de rigor en el futuro".

La solicitud del director del Dapre hace referencia a una auditoría sobre estos contratos y esto sería una función de la Contraloría: “La revisión de los documentos realizados por la Fiscalía establece que una labor de escrutinio fiscal no es competencia del ente acusador por cuanto se desbordan las funciones y competencias de la entidad”, explicó la Fiscalía.

Ante esto, el ente acusador manifestó que remitiría la información a la Contraloría General de la República, para que si lo consideran necesario, realicen una auditoría a los contratos que presenten irregularidades y si se diera algún hallazgo, esta entidad compulsara copias a la Fiscalía para establecer acciones penales.