El Gobierno de Colombia y la Corte Penal Internacional (CPI) han establecido una colaboración para apoyarse mutuamente en la aplicación de la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra.

La Cancillería manifestó que CPi adopta una relación activa con las autoridades nacionales para apoyar a los estados en el fortalecimiento de la institucionalidad y la aplicación de la justicia en beneficio de las víctimas.

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Esto implica que ambas partes trabajarán juntas para investigar y procesar a aquellos responsables de cometer dichos crímenes, asegurando así una mayor efectividad en la protección de los derechos fundamentales y la rendición de cuentas por actos delictivos de esta índole.

"Vamos a firmar un acuerdo marco de acompañamiento para que se pueda nutrir nuestro sistema judicial, pero al mismo tiempo este pueda ofrecer todas estas experiencias al mundo", canciller (e). Luis Guillermo Murillo.

El fiscal Khan aseguró que el modelo penal de Colombia es un ejemplo para el sistema penal internacional. “Ustedes tienen una historia maravillosa que contar. Como país, a través de diferentes gobiernos han confrontado el conflicto, el sufrimiento y la tortura; y encontrar la determinación para silenciar las armas y subir el volumen de la justicia en Colombia", afirmó.

Este acuerdo se lleva a cabo como parte de la estrategia del Gobierno para avanzar en un modelo de justicia transicional. Esto se hace con el objetivo de superar la crisis derivada del conflicto armado y las violaciones de derechos humanos que ha experimentado la población colombiana. La justicia transicional es un enfoque que busca abordar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado mediante mecanismos que combinen la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición, "con el fin de construir una paz duradera y reconciliada".