El próximo martes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, deberá afrontar un debate de control político en el Congreso para explicar todo lo concerniente a los denominados ‘Bonos Agua’.

Sin duda esta será la primera prueba de fuego tanto para el Ministro como para el Gobierno, y desde ya los partidos de la oposición como el Polo Democrático y Alianza Verde, cuestionarán el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones.

En 2007, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, bajo la Administración del presidente Álvaro Uribe, impulsó una reforma constitucional que les permitía a los municipios pignorar sus ingresos futuros destinados a agua y saneamiento básico, mediante la inversión en los denominados ‘Bonos Agua’.

En efecto se reformó el Sistema General de Participaciones de departamentos, distritos y municipios. El 11 de julio de 2007 el Congreso aprobó esa reforma, con el Acto Legislativo 004 y ordenó que la prioridad del gasto de esos recursos fuera para proyectos de educación y de saneamiento y agua potable, siempre que favorecieran a la población más pobre.

Posteriormente, cuando ya había dejado la cartera, Carrasquilla creó junto a Andrés Flórez, quien se desempeñó como director General de Regulación Financiera en el Ministerio, la empresa Konfigura, que sirvió como asesora de los municipios para que compraran los bonos.

La sociedad fue creada en Colombia, con una mayoría accionaria por el 98% de la firma internacional Navemby Investment Group.

A su vez, esta fue creada en Panamá (ahora se sabe que está conformada por los mismos socios) con asesoría de la firma de abogados Mossack Fonseca, la misma enredada en el escándalo mundial llamado ‘Panamá Papers’.

Municipios

Cuando se reglamentó el Acto Legislativo, se incluyó la posibilidad de que los municipios, por una sola vez, pignoraran sus recursos de años futuros, para financiar la construcción de proyectos de agua potable y saneamiento básico.

La reglamentación estableció que esa financiación anticipada se haría con la figura de bonos, para cuyo pago generaría el cobro de intereses.

Las operaciones de los ‘Bonos Carrasquilla’ como fueron llamados, llegaron a los $400 mil millones, en 117 municipios.

La transacción consistía en que la empresa Konfigura compraba los bonos, le prestaba el dinero al municipio y garantizaba el cobro de la deuda con los recursos futuros girados por el Gobierno nacional.

Según denuncia el senador Jorge Robledo, la compra de bonos fue con una tasa de UVR + 8%, mientras que a los municipios les cobraron UVR + 11%.

La diferencia, dice, habría significado para la empresa $4 mil millones anuales.

Pero Carrasquilla ha explicado que Konfigura “solo actuó como asesora de la emisión, prestando sus servicios de consultoría y asesoría financiera”, por lo que “las condiciones de los bonos (las tasas de interés) ni beneficiaban ni afectaban a Konfigura Capital”.

El gasto

Otros críticos de esa figura dicen que los municipios hicieron la operación, pero los alcaldes se gastaron la plata en otros propósitos, por lo que al final las entidades quedaron con la deuda y sin los proyectos.

Por supuesto, Carrasquilla y su empresa no tuvieron responsabilidad alguna en la forma como los alcaldes manejaron los dineros.

Las irregularidades fueron detectadas por el Gobierno nacional en 2015, en materia de las inversiones de los “Bonos Agua”.

De los 117 municipios, 64 incluyeron las inversiones en los planes de desarrollo 2008-2011.

Según un informe oficial, de los 117 municipios que adquirieron recursos con el esquema de ‘Bonos Agua’, 58 ejecutaron las obras a través de contratación directa, 37 municipios utilizaron la figura licitación pública y 19 emplearon ambas modalidades.

Se detectó la ejecución de obras sin interventoría externa y se evidenciaron contratos sin liquidar.

Se pudo comprobar que solo 29 municipios que recibieron recursos de los llamados bonos terminaron las obras, en 34 municipios las obras no están funcionando, en 45 municipios las obras están sin terminar y en nueve no se pudo revisar la verificación de las obras por la situación de orden público.

Ejemplos

En Boyacá, seis municipios adquirieron los ‘Bonos Agua’. Aparecen las localidades de San Luis de Gaceno, Otanche, Susacón, Santa María, Caldas y Sora. La deuda, explican los alcaldes actuales, se adquirió a partir de la creación de la Ley 1176 de 2007, que dio origen al Sistema General de Participaciones y aprobó que los municipios pudieran empeñar recursos futuros, que estaban destinados para el tratamiento de aguas y saneamiento básico sacando un crédito y pagando una tasa de interés a intermediarios. Posteriormente estos bonos fueron redimidos por el Gobierno nacional y Findeter.

El nivel de endeudamiento del departamento de Boyacá con los créditos por los ‘Bonos Carrasquilla’ asciende a los $8.792.741.356.

De otro lado, La Unión, al norte de Valle, es un claro ejemplo de lo que pasó en muchas poblaciones del Valle y de Colombia con los llamados ‘Bonos Agua’.

En 2011 se contrató un crédito en UVR por $1.542 millones para ejecutar obras de infraestructura, agua y saneamiento básico, como la PTAR del corregimiento de San Luis y trabajos en acueductos rurales de la población de 30 mil habitantes. 

Las obras se iniciaron, pero nunca se terminaron. Los trabajos jamás fueron vistos por la comunidad y menos le prestaron servicios. 

Según el alcalde de la Unión, Julián Hernández, hoy en día las obras no son operativas y nunca estuvieron en servicio. Como consecuencia del millonario empréstito, La Unión tiene pignorado el 25% de los dineros que recibe por el sistema general de participaciones, de agua y saneamiento básico.

“Cada mes una fiducia encargada de la deuda recauda el dinero para pagar”, aseguró el alcalde Hernández.

En el momento de comprar los bonos en 2011 la UVR estaba en $185, y como se compraron alrededor de 7.200 la deuda fue creciendo. Cuando por fin se pudo trasladar la deuda en pesos, se concretó que el monto de las obligaciones llegaba a los $2.000 millones. 

Por eso, ahora el alcalde Hernández asegura que están tratando de renegociar el millonario empréstito y la deuda con el Bancolombia para que nos compre la cartera. 

Actualmente la deuda por la que La Unión paga anualmente 280 millones de pesos está en un DTF más 7 puntos, lo que la hace sumamente onerosa.

“Vamos a negociarla en la banca privada por un DTF más 2 o 3 puntos que sería más manejable para las finanzas municipales, reiteró el alcalde Hernández.

Hoy en día, ocho años después del empréstito por 1.542 millones de pesos, La Unión ha pagado 1.900 millones y debe otros 2.000, eso equivale a decir que si se paga hoy en día la totalidad de la obligación se habrá cancelado 5.400 millones, dijo el Alcalde Julián Hernández.