Segundo debate le daría esta semana la plenaria de la Cámara a la iniciativa presentada por el representante vallecaucano Juan Fernando Reyes, del Partido Liberal, que busca atender la solicitud que hizo la Corte Constitucional al Congreso para que se regule la muerte digna en Colombia, más allá de la disposición del Ministerio de Salud sobre la materia.

El proyecto plantea que toda persona que sufra una enfermedad incurable o en fase terminal, o una condición médica que afecte su calidad de vida de manera grave, tendrá derecho al control sobre el proceso de su muerte y a elegir dentro de las opciones que incluye el derecho a morir dignamente bajo la modalidad de eutanasia.

“Legalizar el derecho a morir dignamente no es un llamado a la muerte, es reconocer la autonomía que tienen los ciudadanos para elegir y decidir sobre el futuro de su propia existencia. Esta es una discusión que estamos en mora de dar y que el país lleva más de 20 años esperando”, dijo el representante Reyes Kuri.

Así mismo, indicó que “seguiremos protegiendo los derechos fundamentales y defendiendo las libertades individuales de los ciudadanos. Este no es un llamado a la muerte”.

El proyecto es específico al indicar que el médico que realice el procedimiento de eutanasia, “de un paciente que así lo haya solicitado, quedará excluido de las sanciones penales contempladas en el artículo 106 del Código Penal, siempre que este cumpla con las condiciones y requisitos contemplados en la presente ley”.

Y agrega que los familiares en primer grado de consanguinidad también podrán entregar el consentimiento para la realización del procedimiento de eutanasia siempre y cuando el paciente “se encuentre bajo circunstancias que le impidan manifestar su voluntad, y cuando la decisión haya sido expresada previamente en tal sentido, mediante documento de voluntad anticipada o de manera persistente a través de cualquier otro medio”.

Colombia es pionero en América Latina en legislar sobre eutanasia y es el quinto país en el mundo en abordar este derecho, después de Bélgica, Canadá, Holanda y Luxemburgo.

Durante el primer debate de la iniciativa, la polémica se centró en que algunos congresistas pedían que se aplazara la discusión por un artículo que incluía a los menores de edad en esta modalidad.

El artículo establecía que los niños de 12 años en adelante podrían tomar la decisión de morir mediante la eutanasia, con consentimiento reiterado del menor y su familia si padece una enfermedad terminal o incapacidad total como el estado vegetativo.

La representante por Antioquia, Margarita Restrepo, del Centro Democrático, señaló que los niños de esas edades aun no tienen plena conciencia de acabar con su propia vida.

"Ellos no tienen la conciencia como se refiere el proyecto de acabar con su propia vida. Incluso, un niño a los doce años supuestamente no tiene la capacidad de votar, pero sí tiene la conciencia de tomar la decisión de acabar con su vida; yo pienso que en el tema de infancia debemos tener en cuenta a los profesionales que tienen injerencia en este tema", dijo la representante.

Adriana Matiz, representante tolimense del Partido Conservador, sostuvo aseguró que “antes de aprobar este proyecto se deben hacer unas mesas de trabajo integradas por la Asociación de Cuidados Paliativos, la Asociación de Bioética Colombiana y por la Asociación de Siquiatría Infantil, “sobre todo en el tema del cuidado de los niños en el que no se puede confundir eutanasia con eugenesia. Por eso solicito que previo a la aprobación se realice una audiencia pública para solicitar estos conceptos”.

Los partidos lograron un acuerdo político que llevó a que el articulado solamente contemplara esta medida a partir de los 18 años.

“En qué mundo vivimos. Muchos quiénes defienden la eutanasia sostienen que un niño a los 12 años no tiene la capacidad de votar, pero sí tiene la conciencia de acabar con su vida”, dijo la representante Restrepo en una de sus intervenciones.