La iniciativa se aplicaría solo en algunos municipios, explicó el representante Buenaventura León

“Queremos hacer una excepción para que ellos puedan celebrar contratos con el Estado –no con el mismo ente territorial, en otros– para que tengan la posibilidad de tener otros ingresos”, explicó el representante por Cundinamarca, Buenaventura León, del Partido Conservador.

El congresista se refirió así al proyecto de ley que está impulsando en el Congreso para que se les levante la inhabilidad para contratar con el Estado a los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categorías.

Además de una excepción al régimen de inhabilidades de estos concejales, el representante León expuso que la iniciativa también busca promover la profesionalización de esos cabildantes.

León precisó que los concejales de esos municipios reciben un sueldo inferior al salario mínimo, sin derecho a prestaciones ni a primas, lo que desestimula que se puedan generar nuevos liderazgos en las regiones.

Así mismo, aseguró que quienes se presentan no pueden completar sus estudios profesionales y por eso busca generar un auxilio para quienes tienen esta dignidad que les permita acceder a las instituciones de educación superior.

Según dice, este proyecto no abrirá la puerta para un carrusel de intercambio de favores entre los concejales, pues los corporados no podrán contratar con la misma entidad para la que prestan el servicio público.

EL NUEVO SIGLO: ¿De qué se trata el proyecto?

BUENAVENTURA LEÓN: Colombia tiene en sus 1.102 municipios un total de 12.166 concejales que fueron elegidos para el periodo 2016-2019. 966 municipios son de sexta categoría y abarcan un promedio de más de 10.143 concejales, que equivale a un 83% aproximadamente del total del país. Estas personas reciben el salario mínimo, sin prestaciones sociales ni primas, y las condiciones de empleabilidad en los municipios de inferiores categorías cuarta, quinta y sexta son escasas. Lo que queremos es quitar la inhabilidad que tienen para contratar con el Estado y permitirles profesionalizarse para mejorar la calidad de vida y dignificación de su labor.

ENS: ¿Por qué remover la inhabilidad de contratación?

BL: Nos pusimos a revisar los honorarios de ellos y no llegan ni al salario mínimo. En promedio son $726.000 lo que gana un concejal mensualmente, por eso hemos presentado un proyecto que ya tuvo una audiencia pública con el respaldo del Gobierno nacional, la Federación de Concejales y toda la institucionalidad relacionada con los municipios.

Hoy los concejales no pueden contratar con el Estado. No pueden celebrar ningún evento con el Estado. Por eso queremos hacer una excepción para que ellos puedan celebrar contratos con el Estado –no con el mismo ente territorial, en otros– para que tenga la posibilidad de tener otros ingresos.

ENS: ¿Esto no abre la puerta para que quienes tienen cierto acceso al poder terminen monopolizando la contratación con el Estado?

BL: Nosotros blindamos el proyecto. Ellos no podrán celebrar contratos con el mismo municipio, tampoco en municipios vecinos para evitar el intercambio de favores entre los concejales. Pueden contratar, eso sí, con el departamento y la nación.

Todo esto va a permitir ir profesionalizando la actividad de los concejos municipales, lo que nos augura mejores debates, mejores iniciativas, con el propósito de que hagamos mejores políticas públicas que sirvan para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios.

ENS: ¿Cómo funciona la parte del proyecto sobre profesionalización?

BL: Nosotros queremos que los concejales tengan derecho al 50% del valor de la matrícula para acceder a las instituciones de educación superior públicas, a programas académicos en carreras profesionales, tecnológicas y técnicas.

Queremos que el Estado pueda destinar recursos a nivel local, territorial y departamental para la profesionalización de los concejales.

Además buscamos que los profesionales se interesen en la política. Hoy un profesional es muy difícil que acepte ser candidato por los ingresos.

ENS: ¿Qué pasa en caso de que la persona no termine los estudios?

BL: En caso de que el concejal sea sancionado disciplinariamente, penal o fiscalmente, o pierda su investidura o cuando sin causa justificada abandone el programa académico, deberá restituir el valor erogado.

ENS: Hay la percepción de que los concejales son empresarios de los municipios y personas con cierto poder adquisitivo, ¿por qué beneficiarlos?

BL: Ahora es muy difícil que una persona con conocimiento sea candidato al Concejo por los sueldos. Nosotros no queremos quitar la posibilidad a quienes no son profesionales. Queremos generar las posibilidades para que cualquier persona se presente y pueda generar ingresos por otros conceptos.