La Unidad para las Víctimas reveló que tras una minuciosa revisión en el Fondo para la Reparación a las Víctimas se estableció que los bienes entregados por los postulados a la Ley de Justicia y Paz (exparamilitares) no alcanzan para reparar a los afectados.
Al respecto, el director de la Unidad, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, aseguró que en la actualidad “existen 58 sentencias de jueces de Justicia y Paz en las que nos dicen que tenemos que pagarles a las víctimas de diferentes postulados; sobre esta situación hicimos un balance para identificar las necesidades frente a los recursos existentes y concluimos que se necesitan 2.5 billones de pesos para poder cumplir con estas órdenes judiciales”.
Dijo el funcionario que si se concreta la extinción de dominio y se monetizan más de 1.600 bienes que administra el Fondo para la Reparación se lograría recaudar 434.000 millones de pesos.
“Es decir que con estos recursos no les vamos a poder cumplir a todas las víctimas de las sentencias de Justicia y Paz, sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo presupuestal para avanzar en los pagos de las indemnizaciones por vía judicial”, aseguró.
El director de la Unidad para las Víctimas advirtió que si se pagaran todas las sentencias proferidas por los jueces con los recursos de la monetización de los bienes cedidos por los exparamilitares “estaríamos entregándole a cada víctima entre $200.000 y $300.000”.
“El llamado es a que los postulados de Justicia y Paz, aparte de contar la verdad de lo sucedido en el marco del conflicto, también revisen cuáles son esos bienes que pueden entregar para poder cumplirles a las víctimas y pagar todas las sentencias que tenemos en estos momentos”, reiteró el directivo.
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Así mismo, Rodríguez Andrade le envió un mensaje a los jueces de Justicia y Paz: “estamos haciendo un acercamiento para hablar con los jueces frente al reconocimiento del pago de las indemnizaciones por vía judicial, lo montos son altos, si se compara con la reparación administrativa”, concluyó.
Rodríguez aseguró que se mantiene un diálogo permanente en todas las instancias para garantizar el cumplimiento al mayor número de víctimas con estos recursos.