A pocos días de empezar a sesionar de nuevo, los legisladores de los distintos partidos deben definir posiciones sobre varios temas

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Quince días quedan para que se instale la tercera legislatura del cuatrienio que arrancó en 2018, por lo que esta semana las bancadas empezarán a reunirse para definir posiciones en varios aspectos.

Una de las cosas que hay que determinar es el sentido del voto por el reemplazo de Fernando Carrillo en la Procuraduría General de la Nación, que como lo estableció el artículo 276 de la Constitución debe ser elegido por el Senado para un periodo de cuatro años de una terna integrada por postulados del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Se dice en el círculo cercano del presidente Iván Duque que para este cargo no quiere apelar a las cuotas políticas, sino encomendarle la misión a alguien de su entera confianza, como ocurrió con el fiscal Francisco Barbosa.

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, el martes pasado se cerraron las convocatorias públicas abiertas por el Consejo y la Corte. Al dar a conocer el listado de los 62 aspirantes inscritos para ser postulados por estos Altos Tribunales, se vio que entre los postulados hay varios exministros y exmagistrados.

Entre los inscritos en el Consejo se destacan el exviceprocurador Juan Carlos Cortés, el exministro Luis Felipe Henao, el exrepresentante Jaime Buenahora, los exmagistrados Gustavo Gómez, Emiliano Rivera, Humberto Sierra y Marco Antonio Velilla, así como el director de Compra Eficiente, José Andrés O’Meara, y el secretario del Senado, Gregorio Eljach; y entre los que se presentaron a la Corte el exministro Enrique Gil, la expersonera Carmen Teresa Castañeda, los exmagistrados Alberto Yepes y Wilson Ruiz, y el exdefensor del Pueblo, Jorge Armado Otálora.

El 4 de agosto, la Sala Plena del Consejo oirá a los preseleccionados por la Sala de Gobierno y procederá a hacer la elección correspondiente de su candidato para la terna. El 6 de agosto, la Sala Plena de la Corte escuchará la intervención de los aspirantes que cumplieron con los requisitos de orden legal y luego, procederá a realizar la respectiva escogencia de quien ternará.

Mesas directivas

Otro asunto que tocarán las bancadas será el de las mesas directivas de Cámara y Senado.

Aquí, como se lo han dicho todas las fuentes a este Diario, se da por sentado que se cumplirán los acuerdos de julio de 2018, cuando se precisó que en esta legislatura la Presidencia del Senado será para Cambio Radical y la de la Cámara, para el Partido Conservador.

Pero mientras en el último caso no hay duda que la dignidad será el representante antioqueño Germán Blanco, en Senado, hay quien cuestiona que se elija al legislador barranquillero Arturo Char, luego que la Corte Suprema lo llamara a versión libre en una investigación por presunta corrupción electoral y la fuga de Aída Merlano. Sin embargo, Cambio Radical le ha reiterado su respaldo.

Germán Córdoba, secretario general de esta colectividad, dijo que ya “en dos ocasiones la bancada de Senado del partido Cambio Radical ha discutido el tema de quién sería nuestro designado para asumir la  Presidencia del Senado en la próxima legislatura y en ambas ocasiones la bancada le ha dado un respaldo unánime” a Char.

Cumpliendo los acuerdos, la primera vicepresidencia del Senado le corresponderá al Partido Liberal mientras que la primera de Cámara será para el Partido Social de Unidad Nacional (La U). Para esta última dignidad suena el nombre de la representante por el Chocó, Astrid Sánchez.

Para segundas vicepresidencias, que le corresponden a los partidos de oposición, la de Cámara sería ocupada por un integrante del Polo Democrático y la de Senado por uno de la Lista de la Decencia y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Virtualidad

Hay otro asunto que algunas bancadas abordarán. Ya hace ocho días un grupo de congresistas de varios partidos (Polo, Farc, Alianza Verde, Lista de la Decencia, Cambio Radical, La U) le enviaron a la Corte Constitucional una carta pidiéndole que exhorte a las directivas del Senado y la Cámara “a la realización de sesiones presenciales en la sede constitucional del órgano legislativo definido en el artículo 140 de la Constitución”.

Entre los argumentos esgrimidos está que las sesiones virtuales no permiten que el Congreso funcione en debida forma “en el ejercicio de trascendentales labores como la función constituyente y la función legislativa”, pero además, “en lo que tiene que ver con la función electoral, no es posible un voto secreto virtual y en menos de un mes debe el Congreso elegir su nueva mesa directiva y además, en el primer periodo constitucional de la legislatura 2020-2021 se deben elegir el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo”.

Gobernabilidad

Todos estos temas -y otros más relacionados con ellos- se mueven en el contexto de la posibilidad que la Casa de Nariño concrete la ampliación de la coalición oficialista para recuperar margen de gobernabilidad en el Congreso y la agenda política.

Ese propósito se está afrontando, por un lado, neutralizando los brotes de rebeldía e inconformismo en su coalición parlamentaria -compuesta por el Centro Democrático, La U, los conservadores, MIRA y Colombia Justa Libres-, fisuras que llegaron a trabar la agenda legislativa e incluso, pusieron al exministro Guillermo Botero ad portas de una moción de censura; pero además, más directamente en la dirección de ampliar la composición del bloque legislativo oficialista, buscando un acuerdo político y programático con Cambio Radical.