Con la aprobación en primer debate del transfuguismo y del voto obligatorio por dos periodos consecutivos de elecciones, la Comisión Primera del Senado dio el visto bueno a la reforma política promovida por el Gobierno.
De acuerdo con el coordinador ponente del proyecto, Roy Barreras, el acto legislativo también presentó otros cambios fundamentales, entre ellos que se cierran las listas para evitar la compra y venta de votos e incluye la financiación prevalentemente estatal a los partidos. Asimismo, se hace de obligatorio cumplimiento que las listas se integren respetando la paridad de género e identidades diversas.
“La lista cerrada en las democracias modernas tiene varios efectos y uno de ellos es que la financiación es estatal para los partidos y no para las personas”, dijo el congresista.
Y agregó: “También permite que lleguen liderazgos que no tengan estructuras políticas, así como que los partidos se asumen como de gobierno, de manera que quienes ganan la elección, gobiernan”.
Sostuvo el parlamentario que “se ha aprobado una reforma política anticorrupción que arranca de raíz el clientelismo corrupto, cierra las listas a la financiación del narcotráfico y de la corrupción; garantiza la paridad de género de una manera transitoria y la mayoría de las normas aplicarán a partir del 2026 por consenso con los partidos. Hasta ahora la elección del 2023 se mantendrá con las reglas actuales”.
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Reelección
El texto de la ponencia de la reforma política también estipula el límite a la reelección dentro de corporaciones públicas de elección popular.
Así las cosas, nadie podrá ser elegido para más de cuatro períodos consecutivos en el Senado, Cámara, asamblea departamental, concejos o juntas administradoras locales.
Otro de los puntos que se incluyen en la reforma política son la implementación de mecanismos de democratización interna en las colectividades. Su incumplimiento acarreará sanciones al partido como la pérdida de la personería jurídica.
También se estableció que, si un miembro de una corporación pública se presenta a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos seis meses antes de la inscripción. Se garantiza que quienes quieran aspirar a un cargo de elección popular deberán tener como mínimo una militancia de seis meses dentro de la colectividad.
Asimismo, se autoriza por una sola vez la inscripción en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.
Congresistas del Centro Democrático y de Cambio Radical, entre ellos Jorge Benedetti, María Fernanda Cabal y David Luna, pidieron eliminar la posibilidad de que un político pueda cambiar de partido, por única vez, para aspirar a un cargo de elección popular renunciando seis meses antes de la inscripción, pero no fueron respaldados.
Confianza
El senador Benedetti advirtió que el hecho de que un militante se inscriba en otra colectividad puede defraudar la confianza del electorado y convierte a los partidos en “empresas de avales”.
También se avaló el voto obligatorio durante dos periodos constitucionales consecutivos y el deber del Estado de garantizar gratuidad en el servicio público de transporte para la jornada electoral.
Frente a este articulado, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, advirtió que esta disposición “no resuelve el problema de crisis de representatividad” y defendió la legitimidad de la abstención.
Por el contrario, el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila aseguró que “el voto obligatorio hace más difícil que operen las grandes maquinarias. Entonces obligamos a nuestros jóvenes a que empuñen armas y no los obligamos a que tengan derecho al voto, ¿cómo es eso?”, cuestionó.
En esa misma vía, el Estado deberá garantizar la gratuidad en el servicio público de transporte durante las jornadas electorales.
En el debate se mantuvieron las facultades de la Procuraduría General para sancionar a servidores públicos de elección popular.