LA COMISIÓN Quinta del Senado continúa adelante con los debates de control político por las irregularidades en el servicio de energía en la Costa Caribe, así como también por las altas tarifas en el servicio. Por esos motivos la célula congresional llamó a debate de Control Político al Ministerio de Minas y Energía para que explique presuntas irregularidades en Urrá.
Inicialmente, el senador del Partido Conservador, Marcos Daniel Pineda, presidente de la comisión, advirtió que el embalse de Urrá está vendiendo energía a un costo alto y no tiene presente en los últimos meses y años, en medio de la crisis tarifaria que hoy padece el Caribe colombiano, desde el año 2019 la empresa aumentó sus ingresos por encima del 32%, pero muestra unas utilidades del 13,2%. Los ingresos de Urrá crecieron durante los últimos dos años en más del 40%, pero la pregunta es: ¿en qué se están yendo los ingresos de Urrá, sí las utilidades siguen igual?”.
Hilos de corrupción
Por su parte, el senador José David Name, del Partido de La U, señaló que “Urrá es una empresa pública y el dueño del 99,98% es el Ministerio de Hacienda, y uno no entiende las políticas de Estado, acaba de ser intervenida Air-e porque los mismos dueños de la empresa le solicitan al Gobierno la intervención porque ya no pueden comprar energía a los costos tan altos en bolsa y porque no pueden seguir soportando la extorsión de las hidroeléctricas de éste país. Entonces, ¿cómo es que el Estado va a responder por la prestación del servicio?, una responsabilidad que asumimos todos por medio del Ministerio de Hacienda con el pago de nuestros impuestos. Según unos cálculos que hemos hecho, se van a necesitar mínimo unos 500.000 millones de pesos hasta diciembre en la intervención de Air-e”.
Otro de los congresistas en expresar sobre el tema fue el senador Didier Lobo del Partido Liberal quién dijo que “una investigación periodística advierte que en Urrá se han hecho contratos aparentemente irregulares por más de 1,4 billones de pesos con el círculo de 10 empresas, de las cuales han sido vinculadas 3 empresas con personas cercanas al presidente Gustavo Petro. Esta situación genera serias dudas sobre la transparencia del Gobierno nacional, y esos criterios utilizados para la adjudicación de contratos”.