La Comisión Primera de la Cámara de Representantes realizó audiencia pública sobre el proyecto de Ley 006 de 2021, que impulsa la reactivación económica y generación de empleo en las regiones, modificando el domicilio de los ministerios de Colombia en favor de la descentralización.

El Proyecto establecería al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena como sede alterna de la Presidencia de la República para todos los efectos, también del Congreso de la República y se establece la sede alterna de algunos ministerios.

Dentro de los académicos y empresarios que participaron en esa audiencia estuvo Diana Valencia Tello de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien se manifestó en contra de la medida. “A nuestro juicio, el proyecto de Ley no aliviaría la hacienda de las entidades territoriales por el cambio de domicilio de la Presidencia y los ministerios a las regiones, y en cambio puede afectar el principio de autonomía territorial, así como el normal funcionamiento de los ministerios y sectores administrativos de gobierno. Esto porque el cambio de modelo de Estado Unitario Descentralizado, establecido en nuestra Constitución, en ningún momento previó que la descentralización territorial implicara el traslado de sedes de las entidades del orden nacional que históricamente funcionan en Bogotá”.

“Lo anterior se debe a que la necesidad de coordinación y de cooperación entre los diferentes despachos y entidades del Gobierno nacional requiere muchas veces de la presencia de los diferentes actores, así como la consulta permanente de archivos documentales y físicos que se encuentran en las diversas dependencias”, dijo.

“También la existencia de procesos transversales entre sectores del Gobierno y al interior de cada sector con las entidades adscritas y vinculadas causa que los procesos se faciliten cuando las entidades se encuentran en una misma ciudad”, agregó Valencia Tello.

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En contraparte, se encuentra Sergio Chica, director del Laboratorio de Innovación de Administración de la Escuela Superior de Administración Pública, quien considera que “esto pasa de pensar la visión tradicional de llevar el Estado al territorio a construir Estado desde territorio, y esto implica unas reconfiguraciones que van mucho más que el desplazamiento de las sedes, también implica un desplazamiento de capacidades tecnológicas, en capacidades informacionales, en materia de recursos financieros y en materia de personal”.

“Principalmente es clave enmarcar que, la descentralización es un mandato constitucional que rompe con las viejas prácticas heredadas de la Constitución de 1886 y a pesar de que llevamos 30 años viviendo en el marco de la Constitución de 1991, todavía seguimos reproduciendo prácticas del centralismo de la vieja Constitución del 86. En ese sentido, se siguen mirando las regiones como centros supeditados al poder central de Bogotá y que no tienen capacidad ni siquiera de dirigir sus propios destinos y mucho menos contribuir en un rol protagónico del destino de la Nación”.