No menos de 470 dirigentes políticos regionales han sido vinculados a procesos por nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, en los últimos cinco años.

Así lo revela un informe de la Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación, creada para investigar los nexos de la dirigencia política local y regional con las autodefensas.

En este periodo han sido vinculados 38 alcaldes, 44 concejales, 1 diputado, 58 ex alcaldes, 135 ex concejales, 2 ex diputados, 55 funcionarios públicos, 29 contratistas, 69 desmovilizados y 47 particulares, quienes fueron procesados, en su mayoría, por concierto para delinquir y dentro del sistema penal mixto.

De acuerdo con el balance, a septiembre de 2012 los fiscales de ese grupo –coordinado por la Jefatura de la Unidad Nacional contra el Terrorismo- acusaron a 19 alcaldes, otros 7 mandatarios locales se acogieron a sentencia anticipada, 8 más fueron y 2 absueltos. Con respecto a los concejales, 19 fueron acusados y uno más aceptó su responsabilidad ante el fiscal instructor.

Así mismo, 23 funcionarios públicos –de diversos niveles- se acogieron a sentencia anticipada, otros 18 purgan condena y 2 fueron absueltos.

Igualmente, fueron cobijados con resolución de acusación 27 ex alcaldes, 9 más aceptaron cargos, 13 están condenados y uno fue absuelto. En cuanto a los exconcejales; 19 fueron acusados, 81 reconocieron su responsabilidad con miras a sentencia anticipada, y 10 fueron afectados con fallos condenatorios.

La subunidad también acusó a 7 excandidatos a alcaldías y  otros 2 ex aspirantes aceptaron cargos. De la misma manera, están acusados 3 excandidatos a diputados mientras que uno se acogió a sentencia anticipada.

Los funcionarios judiciales también recaudaron pruebas para acusar a 14 contratistas, otros 12 solicitaron sentencia anticipada y 4 más cumplen condena.

Igualmente, durante este lustro de trabajo  la Estructura de Apoyo estableció la participación de particulares en la urdimbre lanzada sobre la actividad política local y regional por grupos de autodefensa. Es así como 26 personas fueron acusadas, una se acogió a sentencia anticipada, otras 6 cumplen condena, y 3 fueron absueltas.

Por último, en el aspecto de cifras, la Fiscalía acusó a 33 desmovilizados, dos más aceptaron cargos y uno cumple condena.

Hasta la fecha el total de acusados, en el orden local es aproximadamente de 140 personas, otras 137 cumplieron diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada.

El otro jefe del Bloque Élmer Cárdenas, Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, “por ejemplo, llevó a cabo un plan para dominar políticamente la subregión de Urabá”.

De acuerdo con el proyecto de alias El Alemán, durante el año 2000 representantes de ese bloque paramilitar llegaron a corregimientos y veredas de los municipios de Urabá, para conformar y legalizar las juntas de acción comunal.

Posteriormente, el trabajo estuvo orientado a conseguir candidatos a los concejos y a las alcaldías. El grupo ilegal influyó en municipios como: San Juan de Urabá, Arboletes, Chigorodó, San Pedro de Urabá, Necoclí, Turbo, Carepa, Mutatá y Apartadó, entre otros.

Para el caso de las alcaldías, en la mayoría de los casos Rendón Herrera disponía de dos aspirantes, uno reconocido por la población y otro algo desconocido, pero ambos patrocinados económica y políticamente por la estructura armada ilegal.

La tercera fase del proyecto fue llegar a la Cámara, lo que lograron cuatro personas apoyadas por alias El Alemán. Esta parte de la investigación fue enviada a la Corte Suprema de Justicia por competencia.

Rendón Herrera también fue responsable del denominado Pacto de Marizco, Margen Izquierda de Córdoba, por medio del cual impuso su dominio en poblaciones como: Los Córdobas, Canaletes y Moñitos, entre otras.

Otro tanto hizo,  pero en el oriente del país, Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos, quien en 2003 comprometió a candidatos a seis alcaldía de Casanare a que le entregaran la mitad del presupuesto de cada municipio y el 10 por ciento de los contratos que llegaran a suscribir las administraciones.

La Fiscalía descubrió en la ejecución de varios contratos anomalías como: ausencia de antecedentes en las convocatorias, incumplimiento en los términos estipulados para cumplir con los mismos, descuido de los interventores frente al desarrollo de los contratos y análisis de conveniencia y oportunidad incompletos o sin las motivaciones de rigor.

En el documento de 14 puntos, los entonces aspirantes para el periodo 2004-2008 se comprometieron a: nombrar personas recomendadas por las autodefensas y asistir a las reuniones convocadas por esos grupos ilegales.

También, la tarea adelantada por la Estructura de Apoyo comprende investigaciones para quienes hicieron parte de los denominados Pacto de Chivolo y Pacto de Pivijay, que facilitaron a las autodefensas ejercer control en poblaciones del Cesar y Magdalena.