A pesar del ya extenso ‘catálogo’ de procesos de paz en el país, unos pocos éxitos, hasta ahora no hay antecedentes de otorgar de forma directa curules en el Congreso a  un grupo guerrillero que firma la paz, como lo propusieron las Farc la semana anterior, en el marco de las negociaciones que adelanta con el Gobierno nacional en La Habana (Cuba) de noviembre pasado, con la intención de bajar el telón a un conflicto armado de más de medio siglo.

La iniciativa del grupo insurgente se dio durante eldecimosegundo ciclo de conversaciones entre las dos partes, el cual precisamente está centrado en la participación política, el segundo de los cinco temas de discusión previstos, pues ya fue superado el primero de ellos concerniente a tierra y desarrollo rural.

Las Farc argumentan que en el paso de la lucha armada a la política es necesario“garantizar de manera efectiva, real y material los derechos políticos de todos los integrantes de las organizaciones guerrilleras en rebelión contra el Estado, incluidos los presos políticos y los prisioneros de guerra”.

Por eso este grupo irregular propone que  “a las Farc - EP y a los partidos o movimientos políticos y sociales que surjan como resultado de la firma de un eventual acuerdo de paz se les asignaría en forma directa un número de curules en las instancias parlamentarias. El acuerdo final contendrá definiciones precisas sobre la asignación de estas curules y de las que se pacten para asambleas departamentales y concejos municipales”.

Pero además indica que en caso de que se firme un acuerdo de paz es necesario reformas transitorias “para garantizar la participación directa en el poder legislativo, en las asambleas departamentales y en los concejos municipales durante los periodos que se determinen. Los cambios institucionales incluyen la eliminación permanente de cualquier prohibición o impedimento que pueda afectar el pleno ejercicio de cualquiera de esas investiduras por parte de los integrantes de las organizaciones guerrilleras”.

Igualmente las Farc proponen la creación de una comisión especial permanente de seguimiento a la participación en política. “Esta debe ser de origen constitucional, contar con representantes de los poderes públicos incluido el poder popular, y con representantes del, o de los nuevos movimientos políticos”.

A punta de votos

En 1982 el gobierno de Belisario Betancur inició el primer proceso de paz con las guerrillas, sin embargo a pesar de las mesas de diálogo y las treguas que se acordaron, no se lograron acuerdos. Al final este proceso culminó de la manera más desafortunada con el Holocausto del Palacio de Justicia.

Luego el gobierno de Virgilio Barco retoma las conversaciones centradas en la dejación de armas y luego la reintegración a la sociedad civil con participación política, logrando firmar la paz con el M-19.

Esa participación se materializó efectivamente meses después en las elecciones legislativas y presidenciales de 1990, en las cuales el M-19 participó en las mismas condiciones de los demás partidos, logrando una curul en la Cámara con Vera Grabe, que obtuvo más de 30 mil votos. Igualmente se presentó a las elecciones presidenciales con Antonio Navarro como candidato.  Posteriormente también alcanzó un número importante de escaños en los comicios regionales en concejos y asambleas.

Previo a esta primera experiencia electoral del M-19 tras dejar las armas se había caído en el Congreso un proyecto de ley que validaba algunos acuerdos del Gobierno con el M-19, entre los cuales estaba un sistema de favorabilidad que permitiría a sus candidatos obtener un número de votos en cargos de elección popular.

Un año después en 1991,  el M-19 logró el mayor éxito electoral en su historia al conseguir 19 escaños, también en las mismas condiciones que los demás partidos.

Sin embargo para la Constituyente del 91 sí fueron entregadas cuatro curules de forma directa al EPL, al PRT y el Quintín Lame, esta última con voz pero sin voto, agrupaciones guerrilleras que también habían dejado las armas.

Además en las elecciones regionales después de la Constituyente del 91 se permitió una circunscripción especial para organizaciones desmovilizadas, la cual exigía una votación mucho menor que requerían los demás partidos políticos.

El debate electoral

Para el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, las urnas es la mejor forma que tienen las Farc para medir si es que tienen alguna receptividad las propuestas de país y sociales que dicen tener.

Dijo que la política se puede ejercer por la vía de la elección popular, como lo establece la Constitución, o por la vía de una reforma constitucional  abrir unos espacios para que los desmovilizados entren directamente a ejercer la política a las corporaciones públicas. “Pero creo que si existen unos planteamientos ideológicos y consideran los grupos guerrilleros que tienen respaldo popular, quizás una muestra idónea de que hay gente que sigue esa ideología de los grupos levantados en armas, debía llegarse por la elección popular, dejando un margen para las campañas políticas, la presentación de programas y necesariamente convencer a la gente de que eso es una solución para el país”.

Mientras que el exconstituyente del 91 y uno de los promotores de la Séptima Papeleta, Fabio Villa, dijo que en Colombia no se tiene el antecedente de curules directas para quienes dejan las armas, “pero en muchos países sí ha habido en donde se han hecho acuerdos de paz”.

No obstante, Villa consideró que “ese es un tema de la negociación, no está permitido en la Constitución, pero tampoco está negado. La representación política está reglamentada, pero sobre la cual puede haber excepciones, en un proceso de paz puede haber excepciones”.

En cualquier caso, Villa anotó que de establecerse una circunscripción especial de paz tendría que ser una medida transitoria, después de lo cual los desmovilizados tendrían que competir en las urnas con las mismas reglas de juego exigidas a los demás partidos.

Por su parte, Otty Patiño, quien hizo parte de la desmovilización del M-19 y luego fue elegido a la Asamblea Nacional Constituyente, conceptuó que “el problema de los cargos de elección popular es que es muy difícil otorgar curules, incluso en los regímenes especiales que podría ser parte que requieren unos mínimos de elección. La característica de la democracia representativa es que la persona para llegar a un cargo de representación popular tiene que tener votos, no pueden ser dados. De tal manera que aunque se haga un régimen especial, tendría que alcanzar algún número de votos porque entregar curules va contra el espíritu mismo de la democracia representativa”.