La Procuraduría General pidió al Consejo de Estado que emita un fallo condenatorio contra la nación por el daño causado a las víctimas de la toma de la base Miraflores, Guaviare, la cual tuvo lugar entre el 3 y 5 de agosto de 1998.

Asimismo, la entidad solicitó el pago de más de 1.200 millones de pesos y un resarcimiento integral a las víctimas, que incluya opciones de empleo y oportunidades en materia educativa, entre otras oportunidades para las familias de 23 de las víctimas.

Durante la toma de la base militar, guerrilleros asesinaron a 16 miembros de la Fuerza Pública y a tres civiles, de igual manera atacaron y destruyeron la base del Ejército y la sede la Policía Antinarcóticos ysecuestraron 75 militares y 54 policías.