En cumplimiento del Estatuto Anticorrupción, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción entregará a los candidatos presidenciales, a representantes del nuevo Congreso y a los órganos de control las evaluaciones y recomendaciones que ha realizado sobre las políticas, programas y medidas realizadas en los últimos cuatro años para prevenir y sancionar la corrupción.
En los dos informes publicados hasta el momento, la Comisión Nacional Ciudadana ha identificado como principales avances de los últimos cuatro años el fortalecimiento de las normas que contribuyen a la lucha contra la corrupción, tales como el Estatuto Anticorrupción del 2011, las reformas de supresión de trámites, y las regulaciones de iniciativa ciudadana como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información sancionada por el Presidente de la República el pasado 6 de marzo.
Igualmente, reconoce la disposición del Gobierno a adelantar las investigaciones en casos de corrupción de alto impacto para el país y el esfuerzo por modernizar las entidades encargadas en promover la lucha contra la corrupción, incluyendo la creación de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y las reformas realizadas a la Fiscalía General para fortalecer la investigación de estos casos.
A pesar de esto, la Comisión considera que es necesario que los actuales candidatos presidenciales, el Congreso elegido el 9 de marzo y los órganos estatales de control, se comprometan a asegurar la articulación entre instancias estatales responsables de investigar y sancionar la corrupción, enfrentar de manera más decisiva los nexos entre financiamiento político, contratación pública y crimen organizado, y mostrar resultados que incluyan sanciones jurídicas, económicas y políticas.
“Situaciones como las recientemente descubiertas en el Ejército Nacional demuestran la necesidad de complementar los esfuerzos normativos y controles internos, con mecanismos de escrutinio y rendición de cuentas efectivos, sanciones que reparen el daño social e institucional causado por la corrupción, e iniciativas más ambiciosas que permitan prevenir estas situaciones”, afirma Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia y miembro de la Comisión.