Por las presuntas anomalías y sobrecostos en los contratos interadministrativos firmados para la adecuación del coliseo Happy Lora en Montería en que habrían incurrido el alcalde de esa ciudad, Marcos Daniel Pineda y su antecesor, actual consejero del gobierno Santos para las regiones, Carlos Eduardo Correa, la Fiscalía solicitó al juez en la audiencia de imputación de cargos les sea dictada medida de aseguramiento intramural.

La diligencia judicial que se cumple en los juzgados de Paloquemao desde las 3 p.m. con presencia de Pineda y Correa, quienes fueron detenidos el pasado 16, horas después de que la Fiscalía los capturara al primero en la capital cordobesa y al segundo en Bogotá.

A ellos, junto a otras seis personas presuntamente implicadas en las irregularidades de esos contratos para el coliseo, se les imputaron los cargos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

Tanto el detenido alcalde Pineda como el consejero presidencial Correa no se allanaron a los cargos.

La investigación del ente acusador ha generado un sismo político en Córdoba, ya que el alcalde Pineda es hijo de la senadora conservadora Nohora García, mientras que Carlos Eduardo Correa es yerno del director del periódico El Meridiano, de Córdoba.

La Fiscalía informó que investiga posibles anomalías y sobrecostos tanto en la celebración como en la ejecución de los convenios interadministrativos del 30 de diciembre de 2011, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y el municipio de Montería, y del 25 de junio de 2012, suscrito entre el municipio de Montería y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, cuyo propósito era la rehabilitación del Coliseo Miguel Happy Lora en la capital cordobesa, por un valor de 12.500 millones de pesos.

Con estos convenios se buscaba habilitar el Coliseo para los Juegos Nacionales del año 2012, por lo que la obra debía culminar en noviembre de dicho año, lo que no ocurrió. Los trabajos fueron entregados hace unos pocos días con variaciones sustanciales en las obras concluidas frente a las inicialmente contratadas, informó  el ente acusador.

Dentro de este mismo proceso están vinculados Pascual Guerrero, director ejecutivo del Fondo Mixto para la promoción del Deporte y la Gestión Social y  Samuel Eduardo Mora, funcionario de la interventoría Ffograf.

De igual forma los gobernadores de la época, Alejandro José lyons y Martha del Socorro Saénz, procesos éstos en manos de la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

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