Con el fin de que den prioridad a investigaciones en contra de funcionarios públicos por su presunta responsabilidad en un multimillonario fraude, el Consejo Superior de la Judicatura se pronunció.

El alto tribunal pide agilizar la investigación que alcanza un fraude de 287 mil millones de pesos en el supuesto cobro irregular de acreencias laborales adeudadas a un grupo de trabajadores oficiales.

La judicatura ordenó darle primacía a la investigación con el fin de determinar si el juez Promiscuo del Circuito de Planeta Rica y el titular de un Juzgado Civil de Lorica incurrieron en alguna falta al reconocer el pago de las bonificaciones y decretar embargos.