El procurador Alejandro Ordoñez pidió al Consejo de Estado que defina la validez de un convenio que firmaron el Ministerio de Defensa y la Fiscalía hace seis años en el que se define que la justicia ordinaria podría intervenir en investigaciones por hechos que hayan tenido lugar en combates militares.

"El esclarecimiento de las competencias de los funcionarios de estos entes en las situaciones y en los escenarios referidos resultan determinante no solo para efectos de optimizar la investigación judicial sobre la legalidad de tales acciones, sino, muy especialmente, con miras a esclarecer la aplicación y vigencia del fuero militar en cada caso", afirmó el Procurador.

El acuerdo, fue firmado durante la administración presidencial de Álvaro Uribe y obliga a las Fuerzas Militares a permitir que el CTI haga presencia en operativos militares para supervisar los procedimientos y realizar inspecciones en los lugares donde existan caídos en combate.

La petición realizada por Ordóñez se realiza por una demanda al acuerdo entre Ministerio de Defensa y Fiscalía porque éste es inconstitucional. El caso fue aceptado por la Sección Primera  del tribunal en diciembre de 2009 y luego fue suspendido.

Sin embargo, la procuraduría apeló la decisión al considerar que no es una norma establecida sino una serie de “directrices e instrucciones sin valor jurídico” que fueron implementadas de manera conjunta por el Ministerio y la Fiscalía.

"Están dados los supuestos para afirmar que nos encontramos frente a una controversia de especial trascendencia social y de evidente importancia jurídica" señaló el Procurador.