Duras críticas que van desde la violación de la Constitución por la privatización de las cárceles, hasta el riesgo de que estas se conviertan en prisiones administradas por organizaciones criminales, hicieron los sindicatos del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (Inpec) al proyecto del Código Penitenciario.

En audiencia para la socialización de la iniciativa, ayer en la Comisión Primera de la Cámara,  Marco Antonio Carrillo, de la Unión de Trabajadores penitenciarios, advirtió las fallas de la iniciativa.

Carrillo expuso los artículos 31 y 163 del proyecto, en los que, según él, se autoriza la contratación de vigilancia privada en los centros penitenciarios.

“El Artículo 31 dice que la vigilancia interna de los centros de reclusión estarán a cargo del cuerpo de custodia y vigilancia nacional. Lo anterior, sin  perjuicio que por deficiencia de personal, si así se requiere, se pueda acudir a la contratación de vigilancia privada”, dice el articulado según el representante de los guardianes.

Con base en esto el sindicalista afirmó que el actual déficit de personal obligaría contratar una considerable cantidad de personal externo para la vigilancia.

“Si ya fuera una realidad (la ley), tendríamos que contratar no menos de 5.500 vigilantes y 3.000 personas para la parte administrativa”, aseguró.

Del mismo modo hizo referencia al Artículo 163 que autoriza la contratación público -privada para la construcción, mantenimiento y administración de los centros penitenciarios. “Se está comercializando la libertad de los individuos”, señaló.

Sobre este panorama, el líder gremial sostuvo que el proyecto es inconstitucional, ya que según la Ley, el Estado es el encargado de administrar la actividad carcelaria en el país.

Carrillo declaró que la iniciativa legislativa abre la posibilidad para que empresas, financiadas por organizaciones criminales, participen en las licitaciones carcelarias.

“No volvamos a la historia de la Catedral. A eso estaríamos expuestos con ese proyecto”, precisó Carrillo.

“El Sistema Penitenciario y Carcelario está en riesgo. Riesgo de entregarlo a particulares, porque la función es del Estado”, señaló.

Agregó que la convocatoria de 3.000 personas que en la actualidad hace Ministerio de Justicia, quedaría sin efecto.

Adicionalmente, el Inpec advirtió que el Gobierno no ha contratado la alimentación de los internos, lo que ocasionaría motines de graves consecuencias en las cárceles.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo realizó varias observaciones sobre el proyecto. Luis Alfredo Castillo, representante del organismo, dijo que la ley no es clara frente a la sede donde deben operar los jueces de ejecución de penas.

“La norma es ambigua. En ella se dice que debe operar dentro del establecimiento de reclusión y otras veces dice que se debe trasladar”, manifestó Castillo.

Del mismo modo señaló la ausencia en el texto de la provisión de elementos de aseo para los reclusos. También cuestionó falta de claridad frente a la libertad de las personas a las que no se les define la situación jurídica, así como los que están por pena cumplida. Finalmente dijo que es inconveniente que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría intervengan en las solicitudes de traslado de los internos.

Desmienten privatización

La ministra de Justicia, Ruth Estella Correa desmintió las afirmaciones del sindicato, al decir que no se contempla el cambio la privatización de la seguridad carcelaria.

“No tiene fundamento alguno. En Colombia nunca ha existido esa posibilidad. Lo que se está proponiendo es un mecanismo, que incluso opera hoy, que es la asociación público privada para la administración de las cárceles. Allí no se ha contemplado la posibilidad de que la vigilancia sea por el privado”, aseguró la Ministra.

La alta funcionaria aclaró que en la actualidad muchos de los servicios en los centros carcelarios los prestan empresas privadas. “Eso hoy ya existe pero en manos de un mundo de contratistas. En las cárceles la alimentación es por particulares, la salud, los servicios de resocialización y trabajo se contratan con muchas personas”, puntualizó.

Sobre las observaciones de la Defensoría, dijo que son pertinentes y que las van a estudiar.

Correa afirmó que espera que el proyecto que comenzará a ser debatido la próxima semana, sea tramitado con prontitud por el Congreso y sea aprobado a más tardar el 20 de junio.