La discusión sobre una posible prórroga a la Ley de Justicia y Paz se aplazó en la comisión primera del Senado, pero eso no evitó pronunciamientos sobre el tema.
 

De hecho, el vicefiscal General, Jorge Perdomo, expresó su preocupación por una eventual impunidad en la que quedarían los delitos de cerca de 1.500 desmovilizados, quienes serían liberados.
 

“Muchos de los desmovilizados que se encuentran privados de la libertad cumplirían dentro de muy poco 8 años que es el tiempo equivalente a la pena alternativa a la que se harían merecedores si fuesen condenados en el proceso de justicia y paz”, dijo Perdomo.

En tal sentido, el Vicefiscal mencionó que la cuestión que emerge en este contexto es la de si los desmovilizados, culpables de delitos de lesa humanidad, deben gozar de beneficios ya que así se les impusiera una pena, “ellos tendrían derecho a la libertad en esa fecha”.
 

Por su parte, el senador Roy Barreras aceptó que en la actualidad hay impunidad en el país a causa del colapso de la Ley de Justicia y Paz, creada en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, ya que no ha permitido que se emitan condenas a los desmovilizados de las AUC.
 

“Llevamos apenas dos sentencias en firme de 340 mil delitos y esta cifra es realmente irrisoria”, aseveró Barreras.