Destruir de forma segura toda la información de la base de datos de la Registraduría que fue copiada de manera ilegal por agentes de la Dijín el pasado 9 de agosto, ordenó ayer a la Policía Nacional la Juez Tercera Penal Municipal de Cali con funciones de Garantía.

En la decisión, la Juez señaló que la Registraduría Nacional del Estado Civil será veedora y certificará el proceso para garantizar que las bases de datos que contienen el censo electoral, donde reposan los datos biográficos y minucias dactiloscópicas de más de 31 millones de ciudadanos, sean borradas de manera segura.

El director Nacional de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil Jin Anthony Cotrino Sossa indicó que espera que la Policía garantice de una forma técnica idónea que no copió la información en otro lugar, pues copiar estos datos es cuestión de segundos y la información ha estado en poder de la Policía por más de un mes.

El Director de Censo Electoral indicó en las comunicaciones a las autoridades que el procedimiento realizado fue un exceso en lo legal y lo material, ya que esta conducta no fue solicitada en la orden judicial del Fiscal 48, que por el contrario solicita únicamente recabar imágenes forenses de la información contenida en el computador del 1 al 30 de junio y no de una base de datos de muchos años atrás.

La reserva del censo electoral es definida en el Decreto 2241 de 1986, artículo 213: “…con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de policía y seguridad tendrán acceso a los archivos de la Registraduría. Cualquier persona podrá inspeccionar en todo tiempo los censos electorales, pero en ningún caso se podrá expedir copias de los mismos”.