LOS CONGRESISTAS Humberto de La Calle, Ariel Ávila, Jennifer Pedraza, Juan Carlos Lozada, Cristian Avendaño, Ana Espitia, Duvalier Sánchez, Catherine Juvinao, Daniel Carvalho y Julia Miranda radicaron en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la ponencia del proyecto de ley para cambiar la manera como se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), con lo cual se busca “despolitizar” este órgano de control.

A través de una reforma a los artículos 264 y 265 de la Constitución Política, buscan que la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral se realice por medio de un concurso de méritos del que se encargaría la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Al respecto, EL NUEVO SIGLO preguntó a algunos parlamentarios su concepto frente a si creen que el Congreso aceptará renunciar a la facultad constitucional que les permite elegir magistrados del CNE y la razón por la que podrían o no estar de acuerdo.

El representante Pedro Suárez señaló que está de acuerdo con la modificación propuesta. “Se trata de un ente que tiene funciones, de alguna manera jurisdicentes, respecto de situaciones de carácter político y por tanto su origen no puede seguir siendo las decisiones de los miembros del órgano de mayor condición política, que es precisamente el Congreso de la República. Esto garantizará independencia y autonomía de un órgano que va a tener en sus manos decisiones respecto de candidaturas y de personas elegidas popularmente desde el ámbito político”, explicó.

Asimismo, el representante Juan Daniel Peñuela afirmó que es muy difícil que el Congreso renuncie a esa facultad que viene desde la Constitución Política de 1991. “La historia ha mostrado que los partidos y el Congreso no disminuyen sus competencias y menos representación política, más aún cuando se trata de una decisión que involucra el pleno del legislativo y no una de sus cámaras”, afirmó.

A su turno, el representante Julio César Triana señaló que de tiempo atrás ha sostenido que el problema del Consejo Nacional Electoral no es quién elige los magistrados, labor que viene haciendo el Congreso.

“El problema va mucho más allá y tiene que ver con darle todas las herramientas, por ejemplo, la autonomía administrativa y financiera que muchas veces hemos reclamado y que ya está estipulado en la ley, pero no se ha entrado a aplicar y la fortaleza en el nivel de las investigaciones que realiza el Consejo Nacional Electoral”, puntualizó.

A su parecer, un CNE fuerte y vigoroso en sus investigaciones y en sus decisiones tiene que ver mucho con la capacidad técnica que tenga para cumplir la función. “Eso es lo que nos parece verdaderamente relevante y determinante”, indicó.

Diferencia de opiniones

El representante Oscar Rodrigo Campo presentó un análisis de los aspectos positivos y negativos del proyecto.

“Dentro de los positivos es importante que se mejoren las calidades de los aspirantes a ser magistrados del CNE y, entre otras cosas, poder disponer dentro de sus funciones junto al sistema electoral la depuración del censo y también las investigaciones administrativas y penales frente a financiación de campañas”, explicó.

Sostuvo, además, que 15 años de experiencia en derecho electoral es exagerado o siete años de antelación sin haber participado en la elección popular como candidato también es exagerado. “Tiene cosas positivas, pero también hay temas que se alejan frente a la realidad generando un vacío enorme en términos de que pueda cumplirse lo que en sí quiere este proyecto”, aseveró.

Por su parte, el representante Hernán Darío Cadavid señaló que el proyecto tiene varios problemas de diseño institucional, entre ellos, el aspecto más problemático corresponde a la creación de una nueva Corte sin las competencias establecidas y hasta la fecha sin el consenso con la Corte Suprema de Justicia en el Consejo de Estado.

“No es necesario crear una nueva Corte en el país y no se pueden crear cortes siempre que haya un inconveniente en Colombia. Además, le sigue otorgando las funciones electorales, de decisión o de composición de esa nueva Corte al Congreso, lo que sigue presentando el mismo vicio: si hay una corte o un estamento que deba prevalecer para las decisiones electorales, debe tener un carácter neutral, que provenga ojalá del mérito, pero no de los poderes dentro del Congreso”, manifestó.

Finalmente, la senadora Paloma Valencia concluyó que no está de acuerdo con que el Consejo Nacional Electoral pase a ser una instancia judicial elegida por las Cortes. “Esto es un tema político y me parece que no resulta congruente eliminar funciones al Consejo de Estado y comprometer en temas políticos a todas las demás Cortes”.