La sociedad parece estar dividida acerca del tratamiento que se les debe dar a los adolescentes infractores. Mientras una parte piensa que hay que castigarlos de forma similar a la de un adulto, otra cree que requieren tratamiento psicológico y emocional.

Por ejemplo, la senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, dijo que su posición no está en los castigos drásticos y dijo que, “no hemos querido afrontar esa dolorosa realidad y con la delincuencia juvenil el país no ha hecho lo correcto”.

La congresista agregó aunque niños y adolescentes son poblaciones diferentes muchas veces se han vinculado a la comisión de delitos como la extorsión, la violencia sexual y hasta el microtráfico porque hay adultos que los inducen a cometer estos hechos.

Para ella una de las soluciones a la problemática podría ser repensar todo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y que los menores fueran reubicados en centros carcelarios especiales, que no fueran los mismos de los adultos, y que los sitios fueran un lugar donde realmente se les hiciera un proceso de reeducación y resocialización.

Sin embargo, hay distintas concepciones sobre el tema. Un ejemplo es la posición del concejal caleño Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quien durante los últimos días ha insistido en que la legislación debe cambiar para que se pueda bajar la edad de imputación y así mismo se puedan judicializar a los jóvenes infractores.

“La legislación en nuestro país establece que los menores de edad sólo pueden ser condenados con penas hasta de 8 años cuando sean autores de secuestro y homicidio,  y dichas  penas se deben pagar en centros de reclusión que en la actualidad se han convertido en centros vacacionales de donde los infractores entran y salen como Pedro por su casa. Un muchacho de 17 años con 10 muertos encima no es un niño. Es un delincuente, un bandido. Y hay que asegurarse que esté bajo las máximas condiciones de seguridad posibles”, aseguró el Concejal.