La Procuraduría General de la Nación secundó una tutela presentada por organizaciones del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, para que sean corregidas las estadísticas de los resultados del censo de 2018.

En la acción presentada ante el juez Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá, las organizaciones sociales y el Ministerio Público pidieron el amparo de los derechos a la igualdad y no discriminación, derechos económicos sociales y culturales y el respeto a la diversidad étnica y cultural vulnerados por una omisión estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  

El censo 2018 dio como resultado una población de 2.982.224 afrocolombianos, mientras que el reporte de 2005 fue de 4.311.757, lo que significa una disminución del 30,8%, que tendría origen en deficiencias en la operación censal y limitaciones en el diseño y aplicación de la pregunta de auto reconocimiento étnico – racial.  

La Procuraduría y los demás tutelantes enfatizaron en que esta situación impide un adecuado diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y programas con enfoque étnico racial, con miras a atacar la discriminación que han enfrentado por siglos los afrocolombianos.  

Piden que se le ordene al DANE que en la próxima Encuesta Nacional de Calidad de Vida se realice la corrección estadística, de manera que se proceda a la superación de las dificultades logísticas, con la debida capacitación y sensibilización del personal involucrado en su aplicación, y que se amplíe la muestra para que sea representativa a nivel territorial.

En su coadyuvancia la Procuraduría enfatizó en la procedencia de la acción de tutela y el deber del Estado colombiano de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos a través de  instrumentos como la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial y la Declaración de Durban, que exigen la superación del patrón de invisibilización histórica a través de cifras fiables que sustenten la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de medidas positivas que permitan medir el avance o retroceso en la garantía de los derechos.