El balance de los logros del Gobierno nacional durante 2019, en materia de inspección vigilancia y control en el sector salud, fue presentado por el superintendente del ramo, Fabio Aristizábal.

El funcionario destacó que, a la fecha, cerca de 1´600.000 usuarios del sistema están estrenando EPS, luego de la intervención de la Superintendencia sobre seis EPS que no les estaban garantizando a los usuarios su derecho a la salud y estaban poniendo en riesgo los recursos del sistema.

El análisis deja a tres EPS: Comfacor, Emdisalud y Cruz Blanca en proceso de liquidación forzosa y a más de 1´300.000 usuarios asignados a otras EPS sobre las que no hay medida de vigilancia especial alguna.

Así mismo, a través de revocatorias parciales Medimás quedó por fuera de los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar; Coomeva no siguió operando en Cundinamarca, Meta y Cauca; y Comparta en Bolívar, Cundinamarca y Huila, EPS de donde salieron más 246.000 afiliados en estos territorios, quienes fueron asignados a otras Aseguradoras.

Aristizábal indicó también que, permanece suspendido el traslado de 1’100.000 usuarios que hoy están en Saludvida, cuya liquidación se frenó por una decisión de un juzgado en Valledupar.

Además de las anteriores acciones, la Supersalud continúa haciéndole seguimiento a 18 EPS que se encuentran en medida especial de vigilancia y con restructuración para recibir nuevos afiliados: Comfasucre, Comfamiliar Huila, Dusakawi, Comfacundi, Convida, Capital Salud, Capresoca, Emssanar, Savia Salud, SOS, Medimás, Ambuq, Comparta, Comfamiliar Cartagena y Bolívar (en su programa de salud), Coomeva, Ecoopsos y Asmet Salud; y vigila el programa de salud de Comfachocó, que está en recuperación.

Así mismo, a través de la figura de “intervención forzosa para administrar” la Superintendencia Nacional tiene bajo la lupa a 10 hospitales públicos, por el deterioro que los estaba llevando al cierre definitivo.

El balance de la intervención a estos centros asistenciales deja hoy a dos de esos hospitales 100% recuperados y operando con todos sus servicios: el Federico Lleras Acosta de Ibagué, que ya fue entregado a la Gobernación del Tolima, y el Departamental de Villavicencio, que será entregado a principios de 2020 a la nueva administración.

Bajo esta medida también están: el Hospital San José, de Maicao; el Universitario de Sincelejo; el Universitario del Caribe, en Cartagena; el Regional San Andrés, de Chiriguaná, Cesar; el San Andrés, de Tumaco; el Río Grande de la Magdalena, de Magangué, Bolívar; el San Jerónimo, de Montería; y el Alejandro Próspero Reverend, de Santa Marta.

La intervención en estos 10 centros asistenciales, hasta el momento, le permite al país contar con 98 nuevas camas para pediatría, observación y hospitalización, 14 nueva camillas para pacientes de mayor riesgo y 24 de observación de hombres; 82 nuevos consultorios y siete salas de cirugía adicionales.

Para la recuperación de estos hospitales, la Superintendencia ha gestionado recursos del Fonsanet, por más de $97.000 millones, de estos, $54.984 fueron gestionados en 2018 y se han venido ejecutando en el mejoramiento de las instalaciones y el pago de nómina de cinco hospitales, y, los $42.425 millones restantes, hacen parte de la gestión de 2019 y están en proceso para beneficiar a otros cinco hospitales.

De la misma manera, Aristizábal destacó los resultados alcanzados en las mesas de flujos de recursos y en las jornadas de conciliación, propiciadas por la Entidad en las que además de clarificar las deudas que tienen las EPS y las secretarías de salud con las clínicas y hospitales del país, también se logran acuerdos de pago que ayudan a oxigenar la carteta de estas prestadoras del servicio de salud.

Desde el inicio del Gobierno a la fecha, se han conciliado $1.2 billones de pesos así: $669.000 millones en 51 mesas de flujos de recursos y más de $570.000 en las jornadas de conciliación extrajudiciales en derecho, producto de 1.307 acuerdos suscritos en el territorio nacional entre las EPS y las clínicas y hospitales del país.

Sanciones

Durante el 2019 se impusieron, en primera instancia, 269 sanciones a EPS, IPS, entidades departamentales, entidades municipales, bingos y loterías y a personas naturales, que en conjunto suman más de $60.000 millones de pesos.

El 32% de las sanciones se interpusieron por fallas en la prestación de salud ($29.000 millones), el 57% por incumplimiento de obligaciones de información ($21.000 millones) y el 11%  por el inadecuado flujo de recursos del sistema de salud ($9.000 millones).

Para 8 de estas sanciones aplicaron las nuevas medidas y tarifas contenidas en la Ley 1949 de 2019. Estas, equivalen a multas por $11.000 millones, las más relevantes son dos para Medimás, que suman $5.800 millones una de ellas por $4.968 millones, por el no suministro de medicamentos a pacientes trasplantados y por no haber atendido a las órdenes de la Superintendencia para que lo hiciera de inmediato; y otra por $828 millones porque no respondió de manera oportuna a la Superintendencia, quien la requirió por las demoras en la entrega de insumos y servicios a pacientes de alto costo y oncológicos, situación que puso en riesgo la vida y salud de sus afiliados en Cundinamarca.

Durante este año, se han abierto 70 investigaciones, de las cuales 14 corresponden a hechos cometidos después de divulgada la Ley 1949 de 2019.

Con los ‘dientes’ que le dio esta Ley, la Supersalud recibió este año 330 demandas contra EPS e IPS principalmente, que tienen que ver con la cobertura de los servicios de salud, la libre escogencia de EPS, la multiafiliación y la prestación de servicios no incluidos en el Plan Básico de Salud (antes POS). En total se resolvieron 356, teniendo en cuenta otras que venían de antes de la vigencia de la Ley. En cada caso la decisión se toma antes de 20 días.