Un importante número de investigaciones penales, disciplinarias y fiscales adelantan los órganos de control a gobernadores y alcaldes por irregularidades que se habrían presentado en la contratación con motivo a la pandemia del Covid-19.
Llama la atención que entre los encartados están el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, y el gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, entidades territoriales en donde sus antecesores terminaron en la cárcel por corrupción en la contratación.
La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente, por tres meses, al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, dentro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones durante la pandemia.
De igual forma, la Fiscalía anunció que le imputará cargos y solicitará medidas de aseguramiento al Alcalde de Armenia, por presuntas irregularidades en un contrato que la Administración municipal suscribió durante la pandemia con la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, por $350 millones.
La Fiscalía sostiene que algunos socios de esta empresa habrían donado dinero a la campaña política el año pasado del hoy Alcalde de Armenia.
En cuanto al Gobernador de San Andrés, la Fiscalía lo citó a audiencia de imputación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. De igual manera el ente acusador dijo que se solicitará medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad en el lugar de domicilio.
El contrato que tiene al Gobernador de San Andrés en la mira de la Fiscalía fue suscrito para el diseño, diagramación e impresión de material publicitario con mensajes de mitigación del Covid-19, por un valor de $500 millones.
Según las averiguaciones de la Fiscalía sobre el contrato de publicidad se estableció que el Gobernador, sin justificación, acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta para evadir el proceso de selección de oferentes y contratar directamente.
Tanto el alcalde Ríos Morales como el gobernador Everth Julio Hawkins, quienes se posesionaron en el cargo el pasado 1º de enero, han manifestado que los contratos hoy en cuestión se suscribieron en el marco de la ley y aquí lo demostrarán en los órganos de control.
Seguilla de líos
En el anterior periodo (2016-2019) el alcalde Carlos Álvarez no terminó su mandato pues renunció desde la cárcel, en donde está desde 2018 investigado por las irregularidades que se presentaron en las obras de valorización. La Fiscalía lo imputó por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, lavado de activos y peculado.
Según el ente acusador, el entonces Mandatario habría recibido dineros de los contratos de valorización para financiar su campaña política a la alcaldía de Armenia.
A Carlos Álvarez, en la Alcaldía de esta capital, le antecedió Luz Piedad Valencia Franco -periodo 2021-2015- quien alcanzó a culminar su mandato; sin embargo, tiempo después, la Fiscalía le inició una investigación por las irregularidades en las obras financiadas por valorización, al final de la cual la imputó por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica agravada en documento público, concierto para delinquir y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.
La exmandataria fue condenada a seis años y cinco meses de prisión por el escándalo de las irregularidades en las obras financiadas por valorización en la capital del Quindío.
En el caso del departamento archipiélago de San Andrés, el anterior gobernador (2016-2019) Ronald Housni Jaller no terminó el periodo, pues fue capturado en octubre de 2018 con varios de sus funcionarios por la asignación de contratos a particulares sin el lleno de los requisitos.
En septiembre del año pasado, la Corte Suprema sentenció a 15 años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, coautor de seis delitos de interés indebido en la celebración de contratos, coautor de un delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y coautor de siete cohechos propios en concurso homogéneo y peculado por apropiación.
En el anterior periodo (2011-2015) Aury Socorro Guerrero Bowie fue condenada a 13 años y 7 meses de prisión por concierto para delinquir, cohecho y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por su responsabilidad en el desfalco de los recursos del Archipiélago.